Siete de cada diez 'influencers' incumplen la ley europea de protección al consumidor

Así lo ha informado este miércoles la Dirección General de Consumo de nuestro país tras realizar una investigación que pretendía comprobar si los 'influencers' publican contenido publicitario en sus cuentas siguiendo la legislación europea. Algunos de los anuncios, sin embargo, no parecen serlo. Y la mayoría, no cumplen con la norma europea sobre las prácticas comerciales desleales.

En concreto, los resultados de la investigación realizada por 22 Estados miembros junto a Noruega e Islandia indican que el 70% de los creadores de contenido actúan acorde a las reglas de protección al consumidor.

Según ha informado Consumo -integrado en el Ministerio de Derechos Sociales- «se han revisado las publicaciones de 576 'influencers', de los cuales el 97% publicaba contenido con carácter comercial, pero se ha detectado que solamente uno de cada cinco lo indicaba de forma correcta». 

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En el caso concreto de España, la proporción es algo mayor. Tras analizar las publicaciones de 40 creadores de contenido «con un gran número de seguidores», la investigación concluye que tres de cada cuatro incumplen uno o varios preceptos de las normas. Es decir, sólo uno de cada cuatro cumple, un 25%.

El problema, según ha comunicado el Ministerio, es que la mayoría de los creadores de contenido no utilizan las etiquetas que proporcionan las plataformas para indicar al lector que está ante contenido publicitario, por ejemplo 'colaboración pagada'.

Por el contrario, utilizan términos muy genéricos como 'publi' o 'ad', o simplemente incluyen un agradecimiento genérico a la marca asociada, dificultando al consumidor medio la posibilidad de identificar que se trata de publicidad.

Los resultados de la investigación, sin embargo, no derivarán en sanciones económicas -al menos por ahora- porque las autoridades entienden que las infracciones se deben, en la mayoría de los casos, al desconocimiento de la norma.

No obstante, las autoridades de Consumo «se reservan la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales, lo que podría desembocar en sanciones económicas, para asegurar el cumplimiento de la normativa europea y la lucha contra la publicidad engañosa».

El Ministerio llevará ahora a cabo una función de informar a los afectados por la ley. En concreto, ofrecerá información y asesoramiento tanto a las empresas detrás de las comunicaciones comerciales como a los 'influencers' para que su contenido comercial se ajuste a la normativa.

Ahora, las autoridades se encuentran en una primera fase que «apuesta por una labor pedagógica y de información que permita a los 'influencers' corregir las conductas inadecuadas y respetar la legislación europea en esta materia».

«La realización de esta actuación por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 es particularmente relevante ya que, en la actualidad, en el entorno online y, muy especialmente, en las redes sociales, las personas consumidoras se enfrentan a menudo a mensajes publicitarios de 'influencers' que no son claramente identificables y que, por lo tanto, podrían inducirles a error. Además, en numerosas ocasiones, este tipo de mensajes van dirigidos a un grupo de consumidores especialmente vulnerables, como son los jóvenes» explica el Ministerio tras la investigación.

A la vez que las autoridades europeas investigan a los creadores de contenido, el Gobierno español se prepara para endurecer las reglas en nuestro país.

Tal y como han informado fuentes del Ministerio para la Transformación Digital a ABC, se está trabajando en un decreto que regule de forma más concreta la actividad de los 'influencers'. Este, ya ha sido presentado a consulta pública y sólo queda que se realicen los últimos cambios y sea aprobado por el Consejo de Ministros. No obstante, Transformación Digital asegura que «aún están trabajando en ello» y que «no saben cuando se aprobará».

Por otro lado, a lo largo de la consulta pública, surgió polémica sobre qué se determinaría como «usuario de especial relevancia» y, por tanto, estaría sujeto a la nueva ley una vez aprobada. En un principio, el Ejecutivo proponía establecer el límite en aquellos que facturasen más de 500.000 euros al año y tuviesen, al menos, dos millones de seguidores.

Tras publicarla, las asociaciones criticaron que este era un límite poco útil, ya que no incluiría a la mayoría de creadores de contenido de nuestro país. «Muy pocos se verían afectados por la nueva norma en caso de existir este límite, el resto tendrían total impunidad», advierte el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Alejandro Perales, en conversación con ABC, que considera que este es un umbral «muy alto».

«Es una publicidad más efectiva que otras, si fuera menos, la Administración no estaría trabajando tanto en establecer unas reglas», explica la CEO de la agencia de marketing Milkyway, Carol Murtra, que explica que lo que se plantea es trasladar la legislación que ya se aplica a otros medios a las redes. Asegura, no obstante, que desde la agencia no creen que vaya a ser un gran cambio, ya que afectará, sobre todo, a los que «tiran de la cuerda».

Según los datos de la agencia, la nueva ley sólo afectaría al 1,6% de los creadores de contenido de España, ya que el resto se encuentran por debajo del umbral establecido.

«Sí es verdad que funciona mejor un anuncio del que no somos conscientes que es tal cosa, sin embargo, a raíz de la pandemia, los usuarios se han dado cuenta de que los 'influencers' son su canal principal para descubrir productos y están abiertos a que estos hagan colaboraciones con marcas», relata Murtra.