La SEPI necesita de una inyección de al menos 1.600 millones para tomar el 10% de Telefónica

En otras palabras, la sociedad de cartera del Estado necesita de una inyección extra de al menos 1.600 millones de euros para poder adquirir en el mercado las cerca de 600 millones de acciones que necesitaría adquirir para conseguir una participación del 10% en el accionariado de la compañía, ya que sus disponibilidades actuales apenas le permitirían hacerse con el 4% del capital de la teleco. La liquidez de la SEPI se ha visto afectada de forma dramática por una década de pérdidas en que la gestión de las empresas públicas del Estado y de las participaciones estatales en sociedades cotizadas han supuesto un agujero cercano a los 2.000 millones de euros al Estado (ver gráfico).

La falta de capacidad financiera del hólding estatal asoma ahora como uno de los principales obstáculos a sortear una vez que el Gobierno ha reafirmado su voluntad de que el Estado adquiera una participación de control en el primer operador de telecomunicaciones nacional, al que considera como la principal empresa estratégica del país tal y como se ha encargado de reiterar en las últimas semanas.

El Consejo General de Economistas, la organización que aglutina a los colegios de economistas de toda España, subrayó hace apenas unas semanas las dificultades financieras que afronta la SEPI para realizar una operación de este tipo. En una nota de su servicio de estudios subrayaba que, al margen de otras consideraciones, «es importante tener en cuenta el coste de la operación, y lo que ésta podría suponer para las cuentas del Estado».

Explicaba que, «según la información pública disponible», la adquisición de los títulos de Telefónica planeados «sobrepasaría la liquidez disponible de la SEPI para este año (454,69 millones) y, por tanto, su viabilidad puede pasar por la autorización de un endeudamiento mayor a la sociedad estatal -el actual está limitado en los Presupuestos del Estado a 320 millones-, o por una transferencia directa y extraordinaria del Estado».

Desde el Ministerio de Hacienda se quitaba hierro el miércoles al posible impacto de una transferencia extraordinaria del Estado a la SEPI sobre la estabilidad de las cuentas públicas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recalcó ayer que la operación se puede realizar sin afectar al déficit del Estado, lo que implicaría sustanciar la inyección como una transferencia de capital, que no impacta de forma directa en el déficit público, pero sí eleva los pasivos contingentes del Estado, una cuenta menos conocida, igualmente elevada y que la Comisión Europea vigila cada vez con mayor celo para evaluar la sostenibilidad de los presupuestos de los países.

Fuentes del Gobierno consultadas por ABC recordaban también que aunque el Gobierno ha puesto a la SEPI un techo de hasta el 10% en la participación que puede tomar en Telefónica «esta no tiene por qué adquirirse de una sola vez», abriendo la puerta a que el desembarco del Estado se haga de forma progresiva.

Como informó ABC, SEPI lleva meses manteniendo reuniones con entidades bancarias explorando nuevas vías de financiación diferentes a las préstamos directos para atender a las necesidades de liquidez que se le pudieran ir presentando a medio y largo plazo. Desde el holding público se admite su interés en estudiar con el pool de bancos con los que suele operar la SEPI de forma habitual «los distintos instrumentos financieros existentes en el mercado que mejor se ajusten a sus necesidades de financiación».

En los últimos tiempos la SEPI también ha valorado la opción de acudir a los mercados para solicitar financiación al margen del circuito bancario, mediante la emisión de títulos de deuda, en concreto pagarés, que no se llegaron a concretar pero que dadas las circunstancias vuelven a asomar como una opción para mejorar los circuitos de financiación del hólding.

La comunicación por parte de SEPI a la CNMV de la orden recibida por el Gobierno para adquirir una participación en Telefónica, con un techo máximo del 10%, lo que de concretarse convertiría al Estado en el primer accionista de la compañía, del mismo modo que sucede en Alemania, donde el Estado tiene el 13,8% de Deutsche Telekom; en Francia, que tiene el 13,4% de Orange; o Italia, que tiene el 9,81% de Telecom Italia.

Los analistas advierten, no obstante, de que en la mayoría de los casos los estados europeos ya tenían una participación en esas compañías y que en España es el Estado el que está intentando entrar. «Una cosa es tomar una participación importante en una empresa estratégica y otra distinta entrar en el proceso de toma de decisiones», advirtieron ayer en el Consejo General de Economistas.

El PP acusó ayer al Gobierno de injerencia y calificó la operación del Gobierno de «populismo económico», en tanto que desde Bildu y Sumar se animó a realizar operaciones similares en otras empresas estratégicas.