La SEPI gasta más de 5.000 millones en entrar en firmas estratégicas en la era Sánchez

Pero no son los únicos ejemplos. El último de ellos es Talgo, en el que tras meses y meses de búsqueda de un caballero blanco que la salve de su crítica situación, la SEPI actuará de socio del consorcio vasco que va a comprar el 29,7% del fabricante de trenes, según confirmó el martes el propio lendakari, Imanol Pradales, tras reunirse con Pedro Sánchez.

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María Jesús Pérez

El equipo de Ángel Escribano, capitaneado por su CEO, quiere que los consejeros aprueben la operación mañana, jueves 10, y si no el día 23. De salir adelante, los independientes calculan su responsabilidad ante eventuales demandas judiciales

No obstante, se trata de una operación inédita. La entidad pública que preside Belén Gualda facilitará a dicho conglomerado público-privado un préstamo participativo de 75 millones de euros convertibles en acciones para que puedan refinanciar la deuda de Talgo. Una fórmula que el holding liderado en última instancia por la vicepresidenta María Jesús Montero, al depender de Hacienda, utiliza normalmente para ayudar a las empresas que son 100% de su propiedad como ha sido el caso de Navantia, la naval del Estado que ya debe a su único accionista más de 2.000 millones de euros, pero nunca a empresas privadas, salvo la excepcionalidad de la pandemia, cuando había un marco europeo que lo permitía. Este instrumento, además, podría permitir a la SEPI -y por ende al Gobierno- tener un asiento en el consejo de administración.

El consorcio que lideran Sidenor y el Gobierno vasco, acompañados por BBK y la Fundación Vital, pedía al Estado en un primer momento 150 millones de euros, pero el Gobierno lo rechazó, precisamente porque desde Bruselas podría ser visto como una ayuda de Estado. Por lo que finalmente será el propio Ejecutivo vasco -junto a otras aportaciones privadas- quien ponga los otros 75 millones de euros para obtener el 'ok' de las 23 entidades financieras acreedoras de la deuda de Talgo. Estas exigieron garantías económicas para ello después de que Renfe le impusiera una multa de 116 millones de euros por los retrasos en las entregas de los trenes Avril. Es decir, que paradójicamente el dinero prestado por la SEPI servirá para cubrir el roto que deja la sanción igualmente impuesta desde una empresa pública dependiente del Ejecutivo.

Ahora bien, los casos de Indra y Telefónica han sido diferentes. No han necesitado una ayuda urgente del Estado para su viabilidad futura pero al ser consideradas estratégicas, el Gobierno sí ha entrado en sus accionariados para tenerlas bajo su control. Así, tras destituir en 2021 a Fernando Abril-Martorell como presidente de Indra por Marc Murtra, un directivo más afín al PSOE y al PSC, el Gobierno decidió tener más presencia en la que se aventuraba como una de las empresas clave para su política de Tecnología, Defensa y Seguridad al calor del sector de moda en el mundo.

En febrero de 2022, la SEPI anunciaba que había recibido la autorización del Consejo de Ministros para elevar su participación en el capital de la firma tecnológica desde el 18,7% a un 28% -para lo que destinó 173,56 millones de euros-, lo que le permitía aumentar el número de representantes del Estado en el consejo, con tres dominicales, para contrarrestar la fortaleza de los independientes en el máximo órgano de gobierno de la compañía. Si bien, ahí empezaron los problemas precisamente, lo que derivó después en la salida de los consejeros que se oponían a los nuevos planes del Gobierno a través de Murtra y de la cúpula directiva de confianza de Abril-Martorell.

Se antojaba pues urgente tener a personas de la total confianza de Sánchez al frente de la compañía, activo clave para el Gobierno puesto que es la principal suministradora de sistemas electrónicos para el sector español de Defensa. Un hecho que se extendió a los accionistas, con la posterior entrada del grupo de defensa guipuzcoano SAPA Placencia, controlado por la familia Aperribay, y de Escribano, reforzando el flanco afín al Gobierno en el consejo de Indra.

El caso de Indra está de alguna manera relacionado con el de Telefónica, hoy con Murtra en el sillón presidencial, lo que permitió que Ángel Escribano -con un 14,3% de la participación de Indra a través de la empresa familiar EM&E- se convirtiera a su vez en el presidente de la Tecnológica.

El caso es que en marzo de 2024, el Estado lanzó su plan para desembarcar en Telefónica después de que la operadora saudí STC se convirtiese en el máximo accionista de la empresa de telecomunicaciones. La razón: defender la españolidad de la operadora a toda costa. Primero entró a través de la SEPI con un 3%, para paulatinamente ir creciendo hasta el 10% actual, invirtiendo unos 2.285 millones para lograr la ansiada paz accionarial. La nueva situación le sirvió al Gobierno para hacer cambios en la cúpula directiva de la compañía hasta incluso destituir al anterior presidente: José María Álvarez-Pallete.

Con todo, el mayor de los desembolsos de la SEPI ha sido con el fondo de rescate para empresas estrátegicas: 2.681 millones de euros. Aunque este es un dinero que debe ser reintegrado a la entidad pública. Hasta ahora ha logrado recuperar un 30% del total (811,4 millones) , pero se avecinan años críticos en los que 22 compañías deberán devolver los 1. 869 millones restantes.

De hecho, ya el holding público ha pactado con algunas firmas rescatadas una modificación del calendario de devoluciones como ha hecho con las aerolíneas Volotea y Air Nostrum. Pero el caso más flagrante es el de Duro Felguera con el que ya ha acordado dos veces un alargamiento de los plazos para la devolución del dinero. El último de ellos ha llegado tras entrar la industrial asturiana en preconcurso de acreedores. Una situación límite por la que incluso Duro Felguera pidió a la SEPI que capitalizase la ayuda de 120 millones de euros en acciones y tomara el control de la compañía. Un extremo que rechazó, pero que podría tener que terminar aplicando en otras firmas rescatadas si no consiguen enderezar el rumbo.