El Senado emite un informe demoledor del pacto para un 'concierto catalán': «Sería insostenible para el resto de las autonomías»
Concluye que plantea un modelo que está fuera de la Constitución, que crea «privilegios fiscales» y que amenaza la viabilidad económica de las comunidades con menos recursos
Asume que es necesaria una reforma de la financiación autonómica, pero pide que sea fruto de un diálogo multilateral
El acuerdo entre el PSC y ERC para alumbrar un nuevo sistema de financiación específico para Cataluña, que el Gobierno de España ha decidido hacer suyo, «no se encuentra dentro del marco constitucional actual», amenaza con crear «privilegios fiscales y financieros», «debilita la ... solidaridad entre territorios» y acarrearía un riesgo significativo de «vaciamiento de recursos de la Administración General del Estado» y de «viabilidad de las comunidades autónomas ante una merma de recursos del sistema de financiación».
El informe de la ponencia de la Comisión General de Comunidades Autónomas sobre «las implicaciones económicas, fiscales, sociales y jurídico-políticas en el Estado autonómico del acuerdo suscrito entre los partidos PSC-PSOE y ERC de impulsar para Cataluña un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal», elaborado tras escuchar a una docena de expertos con diferentes enfoques sobre la cuestión, subraya los riesgos potenciales ya no solo para el equilibrio sino para la viabilidad del modelo de financiación autonómica del desarrollo de este acuerdo, que a costa de mejorar de forma significativa la financiación de un solo territorio deshilacharía los ya frágiles equilibrios del actual sistema de financiación hasta amenazar la viabilidad misma de las comunidades autónomas con menos recursos.
El texto, que se votará a última hora de este lunes con la presencia de varios representantes de gobiernos autonómicos del PP, enfatiza el riesgo de que la aprobación para Cataluña de un esquema de financiación como el que se plantea con rasgos asimilables a los regímenes forales vasco y navarro dinamite la suficiencia financiera tanto del resto de comunidades autónomas como de la propia Administración de Estado, que según uno de los expertos que ha participado en la ronda de comparecientes «no dispondría de recursos ni para pagar los intereses de la deuda del Estado» si el esquema que se perfila para Cataluña se extendiera al resto de comunidades autónomas.
El informe del Senado también plasma las inquietudes expresadas por la mayoría de los expertos respecto al impacto potencial que el acuerdo tendría sobre los actuales mecanismos de solidaridad interterritorial, que quedarían debilitados, afectando de manera especialmente relevante a las autonomías con menor capacidad para generar recursos.
Sin encaje en la Constitución
La docena de expertos que han desfilado en las últimas semanas por la Comisión General de Comunidades Autónomas también han puesto de manifiesto los flancos de inconstitucionalidad que se observan en el acuerdo. Estos afectan tanto a los rasgos de foralidad que observan en un pacto político que plantea una concertación fiscal similar a la del cupo vasco y la aportación navarra, regímenes que en la Constitución solo se reconocen a estos dos territorios, como a la bilateralidad del acuerdo respecto a un asunto que debe asentarse, dice el informe, sobre un consenso multilateral, como finalmente al impacto potencial que podría tener sobre los principios de solidaridad entre territorios e igualdad fiscal recogidos en la Carta Magna.
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El informe del Senado concluye que el futuro sistema de financiación debe asentarse sobre un consenso multilateral que defina la estructura básica, lo que no quita que pueda llevarse a cabo una negociación bilateral pero exclusivamente para encajar determinadas singularidades que no afecten el cuerpo central y a los principios rectores del sistema de financiación, como el reequilibrio territorial y la equidad.
El Senado advierte, asimismo, de los riesgos que podría acarrear una fragmentación de la Agencia Tributaria, en el sentido que plantea el acuerdo que prevé la cesión de recursos humanos y materiales, además de las competencias de gestión, recaudación e inspección de los tributos a la Agencia Tributaria Catalana. Concluye que aunque sería aconsejable una mayor participación de las comunidades autónomas en la gestión tributaria, la descentralización total de competencias tendría efectos negativos sobre la lucha contra el fraude y la eficiencia de la gestión de los impuestos.
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