La Seguridad Social aprueba la cesión del Ingreso Mínimo Vital a todas las autonomías que lo soliciten

La medida, más allá del sentido operativo existente, resulta relevante en un momento en que el Gobierno está avanzando en el cumplimiento de las cesiones negociadas con los partidos políticos que sustentaron la investidura del presidente en el pasado mes de noviembre. Aunque esta medida, más bien, servirá para calmar los ánimos de aquellas regiones que se han mostrado agraviadas en las últimas semanas en las que el Ejecutivo, por ejemplo, está avanzando en el calendario de transferencias al País Vasco con la presumible culminación del traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social y también con previsión de acometer entregas a Cataluña, como la del propio ingreso mínimo vital comprometida con la Generalitat hace escasos días.

En este punto, la medida muestra un importante impulso a la descentralización de la Seguridad Social que ha iniciado el actual Gobierno, y acrecentado con los últimos acuerdos políticos alcanzados con los partidos nacionalistas vascos y catalanes. De hecho, José Luis Escrivá, el antecesor de la actual ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, fue especialmente combativo a la hora de efectuar estas entregas que ya exigieron desde el año 2020 para País Vasco y Navarra, y que no se culminaron hasta dos años después.

Entonces, desde el gabinete dirigido por Escrivá deslizaban la preocupación y los riesgos existentes de entregar indiscriminadamente la gestión de la nueva ayuda lanzada en verano de 2020 a todas la comunidades autónomas, sin control. ¿El motivo? La Seguridad Social articuló el IMV como una prestación base que sustituiría a las históricas rentas vitales de inserción que han estado en vigor en el marco de las comunidades autónomas desde hace años. Sin embargo, la Seguridad Social detectó que los niveles de cobertura y las cuantías de acceso eran altamente heterogéneas en función de las regiones.

Para equiparar este esquema de ayudas, el Gobierno estableció unas cuantías en función de diferentes situaciones de carga familiar y como un complemento que completa la renta disponible y es móvil a medida que cambian las circunstancias patrimoniales del beneficiario. Las comunidades autónomas tendrían la posibilidad con el dinero que se ahorraban de las rentas autonómicas de mejorar las cuantías del ingreso mínimo.

Pero fue precisamente esas diferencias en la eficacia de la gestión de las ayudas autonómicas la que freno a la Seguridad Social a llevar a cabo una cesión total de la gestión del IMV. El entonces ministro Escrivá llegó a comentar públicamente que las regiones deberían demostrar la capacidad de gestión para poder efectuarse esta transferencia.

Con todo, la puerta abierta del Gobierno a la gestión económica del IMV sí que podría tener un sentido operativo ya que son los servicios sociales locales y regionales quienes tienen mayor conocimiento de campo sobre los focos de población vulnerable.

De hecho, uno de los problemas que ha detectado la Seguridad Social al no haber alcanzado aún a la población objetivo que se marcó hace casi cuatro años son los 'non take up', aquellos potenciales beneficiarios del ingreso mínimo que no lo solicitan ya sea por desconocimiento o por temor a la regularización, toda vez que la percepción del IMV obliga ya de entrada a realizar la declaración anual de la renta. Son precisamente, esos centros sociales locales y a nivel autonómico donde se puede hacer una mayor pedagogía sobre los colectivos vulnerables.

Es por ello también que algunas de las primeras mejoras que las Seguridad Social introdujo fue la posibilidad de que las ONG soliciten ser mediadoras para acreditar situaciones de vulnerabilidad para acceder al IMV y ampliar así el número de beneficiarios.