El segundo mayor gestor de fondos europeos reconoce los problemas para repartir el dinero

El organismo admite que el «exponencial» incremento en la concesión de subvenciones por los programas de ayudas puestos en marcha a raíz del Plan de Recuperación y la dinámica de la tramitación de las solicitudes de ayuda -sometidas a los extraordinariamente garantistas requisitos impuestos desde Bruselas- «han puesto de manifiesto un volumen de incidencias», que le han obligado a acometer una reorganización interna de competencias con el objetivo declarado de configurar una estructura «más flexible», según se recoge en una reciente resolución aprobada por el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

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Bruno Pérez

Se da la circunstancia de que el IDAE es, según los datos que proporciona el Observatorio del Plan de Recuperación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el segundo mayor organismo adjudicador de fondos europeos hasta la fecha, solo por detrás del gestor de la red ferroviaria, Adif, y que tiene asignada la distribución de cerca de 10.500 millones de euros de fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación. Gestiona programas de ayudas tan estratégicos y emblemáticos del Plan de Recuperación español como las subvenciones para reformas que mejoren la eficiencia energética de los edificios, las ayudas a las instalación de energías renovables o las subvenciones a la movilidad sostenible y el vehículo eléctrico del Plan Moves.

El IDAE gestiona programas de ayudas tan estratégicos y emblemáticos del Plan de Recuperación como las subvenciones para reformas que mejoren la eficiencia energética de los edificios, las ayudas a las instalación de energías renovables o las subvenciones a la movilidad sostenible y el vehículo eléctrico del Plan Moves.

«Se trata de resolver algunos trámites de la forma más sencilla posible», señalan desde el organismo, que ha decidido delegar una serie de competencias que hasta la fecha se ejercían desde la Presidencia del IDAE hacia la Dirección General «para poder tramitar con mayor agilidad, especialmente algunas solicitudes de modificación de proyecto que requieren resolución del órgano concedente para su autorización (la Presidencia del IDAE) y para las que resulta de gran importancia responder con rapidez al beneficiario sobre la autorización o no de la modificación solicitada».

Fuentes del organismo recalcan que se trata de un cambio que afecta únicamente a la operativa interna del Instituto, que las incidencias que detallan forman parte de las «muchas circunstancias que inciden en la vida de un proyecto empresarial» y que, por ejemplo, lo que en la resolución se define como «numerosas renuncias» no implica que no se siga adelante con los proyectos, sino que se renuncia a una ayuda concreta.

Sin embargo, esas trabas puestas de manifiesto por la IDAE confirman algunas de las principales líneas de crítica que han señalado tanto consultoras como organizaciones empresariales a la hora de explicar los problemas de ejecución de los fondos europeos por lo farragoso del procedimiento administrativo y por el exceso de garantismo de los requisitos exigidos para desembolsar las ayudas.

Un informe publicado por la consultora LLyC el pasado mes de abril atribuía a la complejidad de las fórmulas de concurrencia competitiva elegidas para distribuir las ayudas el escaso éxito de las convocatorias asociadas a los proyectos estratégicos de inversión (Perte). Un informe difundido por las mismas fechas por KPMG apuntaba a la complejidad burocrática y a los requisitos administrativos exigidos la lentitud del proceso de ejecución de los fondos, y desde el inicio del plan se han sucedido quejas de las organizaciones empresariales por la falta de capacidad de las administraciones para atender la carga de trabajo derivada del Plan de Recuperación.