Los empresarios denuncian el creciente número de empresas públicas

Según el último inventario de entes de la administraciones públicas efectuado por el Ministerio de Economía y Hacienda, fechado a 1 de junio de 2010, y sin descontar los posibles pasos dados en lo que va de año por las comunidades autónomas para reducir su gasto, estas registran 2.181 sociedad mercantiles, fundaciones y otros organismos a su nombre. Así, y a pesar de las exigencias de ajuste del cinturón , las administraciones autonómicas han creado 169 entes más en sólo un año. El Estado, por su parte, cuenta con 473 empresas públicas, dos menos que en el ejercicio anterior y cuatro menos que en 2007; el Ejecutivo anunció en mayo la supresión de 29 más .

El problema que representan, según los empresarios, es triple. «Muchas de ellas son ineficientes y además están haciendo una competencia desleal», explica Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE). «Es una barbaridad», lamenta.

En este sentido, la CEOE, según el documento que remitirá al Gobierno con sus propuestas de ahorro y al que ha tenido acceso ABC, denuncia que una partida «importante» de los presupuestos de todas las administraciones tiene como finalidad financiar entidades o corporaciones que prestan servicios públicos «que se cobran a un precio muy inferior» a su coste de producción. La patronal ve especialmente «llamativos» los casos del transporte urbano y el tren de alta velocidad.

La patronal critica también la existencia de «un gran número» de entidades públicas que duplican «con menor eficacia» la actividad de otras. En otras palabras, critica la existencia simultánea de varios entes públicos con las mismas competencias o prestando los mismos servicios. Y pone como ejemplo que las Oficinas de Promoción Comercial y Turística en el Exterior suplantan la labor de las Oficinas Comerciales.

Lo peor de ese complejo entramado de entidades y organismos públicos es, según los expertos, su elevado endeudamiento. Los entes dependientes de la Administración central deben 26.281 millones de euros; 15.790 millones los de las comunidades autónomas, y 1.871 millones adeudan las entidades ligadas a las corporaciones locales. En total, una deuda de más de casi 44.000 millones de euros, un 4,8% del PIB.

Por eso tanto desde IEE como desde la patronal abogan por una reducción de esa superestructura del sector público.

Del mismo modo, en las propuestas de contención del gasto los empresarios señalan como necesario reordenar la Administración Pública. Desde la CEOE creen que «en España existe un exceso de administraciones» y citan: ayuntamientos, diputaciones, consejos insulares y cabildos, comunidades autónomas, Administración central y Unión Europea. Cinco y hasta seis niveles administrativos entre los que, según la confederación empresarial, «las competencias están mal definidas, dando lugar a solapamientos y a competencias no ejercidas».

Incluso Jordi Sevilla, ex ministro socialista de Administraciones Públicas, reclama una «reordenación» de la administración, llegando a calificar de «disparate» que existan «comunidades autónomas que actúen como mini-estados». Fue durante la presentación, el pasado mes de junio, de la obra colectiva «La reforma de la Administración General del Estado», que el coordinó y que recoge, más o menos, las ideas de lo que él planteaba desde su gabinete. Poco después fue cesado y su proyecto, dice, «debió de caer en algún cajón del Ministerio».