El sector público debe colocar deuda por 60.000 millones en dos meses

El Tesoro Público es, en volumen, quien necesita colocar más deuda, aunque lo tiene más fácil que el resto de las administraciones porque su calificación crediticia es mejor que la de las administraciones territoriales. En lo que va de año el Tesoro español ha colocado títulos de deuda soberana por unos 170.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta que en los Presupuestos de 2010 se incluía una previsión de emisiones de 211.500 millones, quedarían todavía pendientes algo más de 40.000 millones. De esta cantidad, unos 18.000 millones se destinarían a vencimientos de deuda y, el resto, a financiar déficit del ejercicio. Esto supone que el Tesoro deberá acelerar sus emisiones hasta final de año para cumplir sus objetivos. Si la media mensual hasta octubre ha sido de 17.000 millones, en estos dos últimos meses la media superará los 20.000 millones. Mañana mismo prevé captar entre 3.000 y 4.000 millones en bonos a cinco años.

Pero, además, este mismo mes saldrá al mercado el déficit de tarifa de las eléctricas que, aunque asciende a 10.000 millones, se dividirá en tres tramos, cada uno de ellos de entre 3.000 y 3.500 millones. Al menos el primer tramo se pretende colocar en este año, y fuentes del sector aseguran que es posible incluso que salga al mercado una segunda emisión. Según estimaciones de AFI,se formalizarán entre 3.000 y 5.000 millones en este ejercicio. También el ICO necesita captar recursos por unos 2.000 ó 3.000 millones en estos dos meses.

Por último, las comunidades autónomas han materializado a 31 de octubre el 75% de sus necesidades de financiación, pero todavía tienen pendientes la consecución de recursos por una cifra que oscila entre los 8.500 y los 10.000 millones de euros. Y las autonomías compiten en esta captación de recursos con el resto de administraciones o de entidades privadas que cuentan con el aval del Tesoro, como es el caso del citado déficit de tarifa o deuda de bancos y cajas, en una lucha en la que la deuda regional tiene todas las de perder.

Y es que estas necesidades de financiación pública, sin precedentes no solo en la historia de las autonomías, sino en la del conjunto del Estado español, se produce en un contexto de aversión al riesgo España, de menores proporciones que la que existe hacía otras economías como la griega, la portuguesa o la irlandesa, pero que se ha traducido en un encarecimiento del coste de financiación y en una reducción del volumen de las operaciones. De ahí que algunos expertos, como los de AFI, aboguen por que las regiones desarrollen nuevas estrategias de financiación hacia mercados alternativos de emisión, como América o Asia, o dirigirse a nichos todavía sin explotar como es el caso de las emisiones hacia el inversor minorista (como los valores emitidos por la Generalitat de Cataluña).

El experimento del Gobierno de José Montilla ha tenido éxito desde el punto de vista de la captación de recursos, pero a un coste muy elevado. Si sumamos el interés pagado a los inversores —4,77%— y las comisiones que deben satisfacer a las entidades financieras que han colocado la emisión —un 3%—, el coste total se acerca al 8%, situándose en niveles similares al bono griego. Además, para lograr financiación entre los mercados minoristas, las autonomías deben aumentar la información sobre el estado de sus cuentas y avanzar en transparencia, apuntan los analistas.