El sector asegurador confía en que la Airef fuerce al Gobierno a elevar los incentivos fiscales para los planes de pensiones

Para quintuplicar el actual nivel de penetración de estos planes de ahorro entre la población ocupada, los expertos creen que será necesario remodelar los incentivos fiscales establecidos por el momento. Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad Social impulsó un refuerzo de la fiscalidad del segundo pilar, el de los planes colectivos de empleo, incrementando desde este año el límite de aportaciones deducible en el IRPF hasta los 8.500 euros. Una medida que, no obstante, ha estado acompañada de forma paralela de una reducción en las desgravaciones sobre las aportaciones a planes individuales, del tercer pilar, que pasó de los 8.000 a 2.000 euros en 2022 y a 1.500 euros en 2023, con el objetivo de diferir las ventajas fiscales hacia los otros productos de ahorro del segundo pilar, susceptibles de captar a ahorradores con menor capacidad de renta.

En este punto, teniendo en cuenta que en 2025 la Airef y la OCDE realizarán sendos informes de evaluación sobre el impacto de las medidas aprobadas por el Gobierno en 2021 y 2023 en materia de pensiones, desde el sector asegurador confían en que uno de los elementos que afloren para entonces es la escasa capacidad de captación de ahorradores, no sólo para integrarlos en los fondos de pensiones de promoción pública -cuya puesta marcha ultiman la Seguridad Social y el ministerio de Economía con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y que se espera culminar a comienzos de 2024- sino también para elevar la base de ahorradores en cualquier tipo de plan de empleo, también los que se vehiculen a través de los fondos de promoción privada.

«Esperemos poder dar un vuelta a los incentivos fiscales en 2026», señalaba abiertamente la Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa -patronal de las aseguradoras-, durante un foro celebrado por Prisa e Ibercaja. Desde la organización prevén que el nivel de adscripciones a los quince fondos de promoción pública abiertos sea escueto en los próximos año y, más allá, esté lastrado por la escasa incentivación para que las empresas ofrezcan estos planes a sus trabajadores. En este contexto, esperan que la parte examinadora realizada por Airef conmine al Ejecutivo a revisar el modelo de incentivos fiscales para impulsar la base de ahorradores en España.

De hecho, cabe recordar que en este desfase legislativo, por el cual ya se pueden comercializar los planes de pensiones de empleo simplificados, con una mayor flexibilidad y mejores condiciones para los ahorradores que la oferta de planes de pensiones individuales -pero similares en condiciones económicas a los planes de empleo que ya oferta el sector privado-, pero sin embargo estos aún no pueden ser alojados en los fondos de promoción pública hace que por ejemplo el sector de la construcción vaya a adscribir a un millón de empleados a un plan gestionado por VidaCaixa y se vehicule a través de uno de los fondos ya en funcionamiento. Mismos pasos que han seguido los autónomos de ATA que suscribieron su plan con la misma gestora o el Consejo General de Economistas que lo articulará a través del Banco Sabadell.

En este contexto, tanto la patronal Unespa como Inverco -representante de las entidades gestoras- criticaron que la loable intención de apuntalar un segundo pilar fuerte que tuviera herramientas para captar a ahorradores con un menor nivel de ahorro se haya hecho a costa de liquidar las opciones de los partícipes del sistema individual. Por ello, el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, asegura tener una «valoración muy negativa» de la reforma del sistema individual de planes de pensiones.

«Hay muchas cosas que se podían haber hecho y no se han hecho» en las reformas recientes de pensiones», advierte Aldama asegurando la inclusión de nuevos incentivos, como las limitaciones a planes de pensiones o ser »más generoso« con los incentivos a disposición de empresas.

Mirenchu del Valle, por su parte, asegura que es necesario atraer a un «porcentaje importante» de la población hacia el ahorro, en lo que señala como un obstáculo el límite de 1.500 euros por ser insuficiente, ya que el complemento que podría aportar a la pensión sería «de entre 200 y 300 euros al mes». «Cuando hablamos de pensiones, hablamos de un conjunto donde funcionan los tres pilares. Hay que dar oxígeno al tercero y hay que subir el límite de aportación», reclamaba la presidenta de Unespa.

De cara al futuro, uno de los retos para Del Valle es que crezca la concienciación de la necesidad de la previsión privada en el colectivo de los autónomos. También reclama al nuevo Ejecutivo que se garantice que aquellos trabajadores que no tienen un convenio colectivo con un plan de pensiones simplificado puedan aportar a un plan de pensiones individuales más de los 1.500 euros máximos.

En este sentido, el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, afirmó estar «pendiente» de la necesidad de «acometer reformas estructurales de calado que refuercen la estabilidad y el equilibrio financiero del imprescindible sistema público de pensiones». El ejecutivo del banco criticaba así la «ausencia de visión a largo plazo» y la «falta de acuerdo en el ámbito político» para consensuar las líneas maestras en el itinerario de reformas.