Saura cesa al núcleo duro de Serrano en Correos y busca con la SEPI un salvavidas para la empresa

El menú de opciones que baraja la cúpula de la SEPI es amplio y la decisión sobre qué fórmula utilizar aún no está tomada, según explican estas fuentes, pero lo que sí está claro es que el hólding ha concluido que hará falta una intervención externa para estabilizar su situación financiera, que cualquier plan estratégico de futuro debe pasar por ese respaldo extra y que tendrá que hacerse más pronto que tarde.

Bajo este prisma cobra un nuevo sentido el mensaje lanzado a los sindicatos por el nuevo presidente de Correos, Pedro Saura, hace un par de semanas, cuando habló de una «situación crítica», de unas cifras que no había visto en «ninguna empresa pública viva» y del compromiso del Gobierno con un servicio postal público.

«Todos damos por hecho que Correos necesitará apoyo del Estado para salir adelante», admite uno de los dirigentes sindicales que ha participado en las infructuosas negociaciones del plan estratégico de Correos durante la era Serrano, de las que se borraron los sindicatos mayoritarios en la empresa, CC.OO. y UGT, por su desacuerdo total con la deriva de la compañía.

Los cinco años de gestión del que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez durante su travesía para dirigir el PSOE han aproximado de forma vertiginosa a la empresa postal a las puertas del abismo.

Tras acumular en ese breve periodo de tiempo un volumen de pérdidas operativas de más de 1.000 millones de euros, a las que habrá que sumar otros 400 millones este año si se cumplen las proyecciones internas que maneja la compañía, el patrimonio neto del operador postal ha quedado reducido a la mínima expresión, elevando el riesgo de golpearse de bruces con el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, el que establece que una empresa entrará en causa de disolución si su patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social de la compañía. En Correos, el capital social asciende a 611 millones y el patrimonio neto estaba en 845 millones al cierre del año 2022, antes de los 250 millones de pérdidas después de impuestos que se esperan en 2023 y de los más de 300 que se esperan para 2024. Las cuentas no salen.

La solución más probable que esperan en la compañía es la de una ampliación de capital, que permita ganar tiempo para recomponer las finanzas de la compañía y reducir sus pérdidas. Pero hay otros caminos. Navantia, que lleva en riesgo de causa de disolución desde mediados de la década pasada, ha recibido préstamos de la SEPI a bajo tipo de interés, que pueden transformarse en capital de la compañía si la empresa naval no tuviera la posibilidad de devolverlos.

La SEPI lleva tiempo aumentando el control y la vigilancia sobre la compañía pública; no en vano, en este afán se enmarcaron los nombramientos realizados en la cúpula directiva en la última etapa, en la que precisamente un ex directivo de Navantia, Fernando Ramírez, fue nombrado director de Recursos Humanos. El hólding público estudia la forma de insuflar oxígeno a la empresa a la que, aunque sí que le dio el visto bueno a proyectos como Correos Frío, Correos Market o Correos Cargo, no le autorizó otros proyectos relacionados con tecnología y banca, confirman a este periódico fuentes conocedoras de los mismos.

En este afán por enderezar la compañía, el papel de Saura será clave. Apenas dos meses después de haber aterrizado en el cargo de presidente, ha cesado o relegado a la mayoría de los directivos que componían el núcleo duro de Serrano al frente de la compañía hasta diciembre. El primer nombre en salir fue el del secretario general y del consejo de Correos durante la etapa de Serrano, Julio González, de quien Saura prescindió apenas dos semanas después de llegar a su despacho, nombrando en su lugar a Francisco Ferrer, su mano derecha en el último lustro, y a quien le ha asignado también el cargo de Políticas Públicas.

En los últimos días, el nuevo presidente ha completado su equipo directivo con media docena de nombramientos más, enmarcándolos en «una nueva etapa de transformación y adaptación» e insistiendo en que aborda «un proceso de reorientación estratégica, que, con el presidente de la cabeza, dé respuesta a los retos de futuro, garantice un servicio público de calidad y favorezca el crecimiento de la compañía». Entre los nombres, Olga García (Dirección de Operaciones); Rafael Domínguez (Servicios Jurídicos), Isabel Alcantarilla (Tecnología); Yolanda Orcajada (Comercial); o José Miguel Moreno (Estrategia). Quien hasta ahora ocupaba este puesto, Enrique Cervera, pasará a dirigir Correos Telecom; y el director financiero de la última etapa de Serrano, Santiago Ferrer, ocupará ese puesto en Correos Express.

Clave será también el «plan de acción» para «buscar eficiencias» en la empresa encargado por Correos a KPMG por 363.000 euros, y con el que pretende dibujar las líneas del ahorro de costes que permitan a la empresa salir a flote.