La sangría de Correos obliga a la Sepi a inyectar otros 200 millones en la empresa

El pasado mes de noviembre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) decidió dar por amortizadas acciones por un valor de 211 millones de euros y encajar esa reducción de capital para evitar que Correos entrara en causa legal de disolución según los parámetros que marca la Ley de Sociedades de Capital, que establece que una compañía cuyo patrimonio neto es menor de la mitad que su capital social debe disolverse. La maniobra permitió a la empresa postal salvar su primera pelota de partido.

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Pero las millonarias pérdidas reconocidas por el ejercicio de 2024, azuzadas también por la provisión de 427 millones de euros para el plan de salidas y prejubilaciones de la empresa postal, volvieron a situar su patrimonio neto en territorio negativo y a meter a la empresa en causa legal de disolución.

La situación ha obligado a la SEPI a inyectar otros 200 millones de euros extra en el capital de la empresa postal del Estado para permitirle atender sus obligaciones más urgentes de pago y proporcionarle también los recursos necesarios para afrontar el cambio de modelo que marca el nuevo plan estratégico diseñado por el equipo de Pedro Saura, tras los años de proyectos faraónicos y sangría millonaria de pérdidas de la era del que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano, al frente de la empresa.

Según fuentes de la empresa postal, la inyección de capital de 200 millones de euros sustanciada el pasado mes de marzo, según se detalla en las cuentas anuales consolidadas del Grupo Correos, «ya estaba prevista en el Plan Estratégico 2024-2028», servirá «para reequilibrar patrimonialmente la empresa y para cubrir parte de las necesidades de financiación derivadas de las medidas de eficiencia allí contempladas» y, algo no menos relevante, no podrá ser considerada ayuda de Estado por parte de Bruselas.

Un tema no menor, este último, ya que la Comisión Europea examina con lupa los recursos que el Gobierno inyecta en su operador postal, desde que en 2018 declarara como no justificada la financiación que recibía Correos de los Presupuestos del Estado y obligara al Estado a recuperar 167 millones de euros inoculados de forma irregular en la empresa entre 2004 y 2010. En esa misma sentencia, Bruselas topó también la financiación presupuestaria que podía recibir Correos por el servicio público que presta para el periodo 2011-2018 y obligó a disolver una cuenta de más de 500 millones de euros que el Estado tenía dotada para ayudar a la empresa cuando lo necesitara. Ahí reside parte del origen de los problemas actuales del operador.

Esos 200 millones de euros no serán probablemente la última inyección de recursos que reciba la compañía este año. El Gobierno ha decidido elevar al entorno de los 200 millones de euros la compensación que abona a Correos por la prestación del llamado Servicio Público Universal (SPU), que en las cuentas de 2022 fue de solo 110 millones de euros; y ha ampliado el perímetro de servicios que el operador postal prestará a partir de este año al Estado -en un proyecto que se ha denominado SIEG (Servicios de Interés Económico General)-, lo que le reportará unos 250 millones de euros anuales más a la compañía.

La recién aprobada (con la abstención del PP) ley que permitirá a Correos ejercer estos nuevos servicios prevé, además, la posibilidad de que el Estado pueda realizar un anticipo a cuenta a la compañía por los gastos asociados a la realización de estos nuevos servicios. La compañía, por su parte, espera que 2025 sea el primer ejercicio de los últimos años en que se cierre sin pérdidas.