Sánchez rechaza subir los sueldos de los funcionarios con la actualización del IPC

Por ello, CSIF anunció una gran movilización el próximo septiembre en Madrid para trasladar al Ejecutivo el malestar de los empleados públicos, así como el de los trabajadores de la empresa privada. «CSIF reitera su rechazo al pacto de rentas y exige al Gobierno que dé ejemplo a la empresa privada y plantee ya una subida en las administraciones, como acaba de proponer el Ejecutivo en Francia», reza la nota enviada por la organización sindical.

Los funcionarios exigen una revisión de sus salarios para este año que permita llevar más allá la subida del 2% prevista en los Presupuestos. Las organizaciones sindicales también reclaman un acuerdo plurianual para 2023 y 2024 con el fin de garantizar que los empleados públicos no pierden poder adquisitivo con una tasa de inflación que supera ya el 10%. CSIF, CC.OO. y UGT dejaron claro que no aceptarán ninguna actualización salarial para este año que se quede por debajo del 3,5% dada la actual situación de espiral inflacionista y la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y familias.

Asimismo, CSIF recuerda que los socialistas rechazaron en bloque otra propuesta de resolución en la que se reclamaba un Pacto de Estado por los servicios públicos. Ante esa posición, el sindicato expresó su preocupación «por el deterioro de los servicios públicos en ámbitos fundamentales del Estado del Bienestar». Para mejorar los servicios públicos, como la sanidad o la educación, CSIF pide reforzar las plantillas y poner fin a la tasa de reposición, además de mejorar la inversión.

Tal y como informó ABC, el presidente de CSIF, Miguel Borra , remitió una misiva al Gobierno a principios de julio en la denunciaba que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene bloqueadas desde hace nueve meses las negociaciones con los empleados públicos. Pese a desconocer las razones del bloqueo, Borra insistió a Sánchez que en el acuerdo suscrito por el ministro de Política Territorial y Función Pública se incluyó, hace justo un año, el compromiso para acordar un calendario para sentar las bases de las condiciones laborales de los empleados públicos, en especial las relativas a promoción interna, provisión y movilidad.