Sánchez promete transporte público gratis sin tener competencias y 850 millones más en rebaja del IVA de los alimentos

El candidato ha enumerado esta serie de anuncios sin dar muchas concreciones. Ha detallado que de la gratuidad del transporte público podrán beneficiarse menores de edad, jóvenes y personas desempleadas, aunque sobre este último grupo no ha señalado edad mínima y máxima. Tampoco ofrecen más información sobre el asunto desde el Ministerio de Transportes, tras ser consultado por este periódico.

En todo caso, esta es una medida cuyo éxito no depende del Ejecutivo central, ya que son las comunidades autónomas y ayuntamientos, como titulares de las competencias de transporte, las que tienen que habilitar la medida. Algo que ocurre también ahora mismo con la bonificación del 50% de los abonos de transporte público (30% aportado por el Estado y el 20% restante por las regiones, aunque en el caso de Madrid fue elevado por Ayuso hasta el 60%) aprobada como medida antiinflación en septiembre del año pasado.

Como parte del mismo bloque de anuncios, el postulante a presidente del Ejecutivo ha asegurado que se aumentará la financiación del bono joven para el alquiler, que actualmente tiene una dotación máxima de 250 euros mensuales por usuario, y también que se elevará el umbral de renta media hasta los 38.000 (desde los 30.000 actuales) para acogerse a la congelación de la cuota hipotecaria durante un año, además de la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años. Medidas que ya aparecían en el acuerdo de coalición alcanzado por el PSOE y Sumar el mes pasado.

Sánchez también ha sacado a relucir durante el debate de investidura otras propuestas que ya fueron anunciadas durante la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, como son los avales del 20% para hipotecas, de los que todavía no hay rastro, y la promesa inmobiliaria de 183.000 viviendas destinadas al alquiler social y asequible.

Pese a que el aterrizaje del IPC había puesto en la diana la ampliación de la rebaja del IVA de los alimentos, al situarse la inflación subyacente por debajo del límite que el Gobierno había marcado para continuar con la medida , Sánchez ha anunciado en su discurso que pretenden ampliar esta rebaja hasta junio de 2024, seis meses más del último límite marcado. No obstante, no ha detallado si su plan es que se siga aplicando a los mismos alimentos que hasta ahora (aceite, pastas, pan, harina, huevos, leche, queso, frutas y verduras) o, si como reclaman los sectores afectados, se ampliará también a carne y pescado.

La posición de Sánchez sobre prorrogar esta rebaja se choca con el hecho de que, si quiere cumplir con lo comprometido con Bruselas, España debe acometer un importante ajuste fiscal para reducir su déficit al 3% en 2024. De hecho, la propia Comisión Europea, el BCE, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) están presionando para que el Ejecutivo retire estas medidas discrecionales, particularmente las rebajas fiscales por no estar focalizadas. Según los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), con esta rebaja del IVA las familias se ahorran en el supermercado unos 40 euros en seis meses, lo que equivale a 6 euros y medio al mes.

El coste de ampliar la rebaja del IVA hasta junio sería superior a los 850 millones de euros, ya que, según el último informe de recaudación difundido por la Agencia Tributaria, en los primeros nueve meses del año la medida tuvo un coste recaudatorio de 1.294 millones de euros. Al cierre de este ejercicio, y si continúa esta proyección, las arcas públicas habrían perdido entre 1.700 y 1.800 millones de euros por la medida, que serán unos 2.500 millones al final de la primera mitad de 2024, en base a estos cálculos.

En su intervención, el candidato a la presidencia del Gobierno ha hecho un guiño a las propuestas que aparecen mencionadas en el acuerdo con la formación que lidera Yolanda Díaz, Sumar, insistiendo en que va a «dejarse la piel» para «revertir la situación» que impide llenar la cesta de la compra. En el citado acuerdo, se habla de «hacer un seguimiento» de los precios de los alimentos.