Sánchez se guarda 15.000 millones en ayudas prorrogadas para el año electoral

La pelota está en el tejado del Gobierno, que deberá decidir si arranca el año en el que habrá elecciones municipales, autonómicas y generales manteniendo ese esfuerzo público millonario o lo retira total o parcialmente. Hacienda ha decidido no incluir los más de 15.000 millones que cuesta en su proyecto presupuestario, pero la ministra ya ha avanzado que no habrá problemas para su prórroga.

En los últimos meses, y según sus propias estimaciones, el Gobierno ha reducido en un 80% las cargas fiscales del recibo eléctrico para aligerar el impacto del encarecimiento de la electricidad sobre familias y empresas. La maniobra inicial de reducir el tipo de IVA de la electricidad del 21 al 10% en junio de 2021 se reveló insuficiente y al Gobierno no le quedó más remedio que abordar tres meses después otro retoque fiscal, con la suspensión temporal de la aplicación del Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica y la reducción al mínimo del Impuesto Especial de la Electricidad, y en última instancia rebajar el tipo de IVA al 5% el pasado mes de junio. Un mes después anunciaba también la rebaja del tipo de IVA del gas al 5% a partir de octubre. A día de hoy sigue al 21%. El Gobierno calcula que el coste de todo este paquete fiscal superará a final de año los 10.000 millones de euros. Todo apunta a que dada la persistencia de los altos precios de la electricidad y que las medidas vencerán en lo más crudo del invierno, el paquete de alivio fiscal se prorrogará.

El relato del Gobierno en lo que se refiere a las ayudas para proteger a las familias se centra en los colectivos más vulnerables, pero al ponderar el esfuerzo presupuestario la medida que consume más recursos es con diferencia la bonificación de 20 céntimos sobre el precio del litro de gasolina del que se benefician todos los conductores sin excepción. En junio, el Gobierno examinó la medida por si procedía darle un enfoque más selectivo. La proximidad de la campaña de verano y la persistencia de los altos precios le aconsejaron mantenerla igual hasta diciembre. Las proyecciones a partir del coste que la medida -más de 2.000 millones entre abril y julio- apuntan a un coste anual de 4.000 millones. Menos coste tendrán el resto de medidas: el cheque de 200 euros a familias y autónomos en situación de vulnerabilidad (540 millones) o la subida extra del 15% a pensiones no contributivas y perceptores del Ingreso Mínimo Vital (se estima en otros 660 millones).

Pese al fenomenal esfuerzo fiscal realizado para abaratar los impuestos de la energía (alrededor de 7.500 millones de euros al año) y para aliviar su impacto en la población y el tejido productivo con ayudas directas (que se estiman en una cantidad similar), la gran apuesta estratégica y diplomática del Gobierno en esta crisis ha sido la denominada 'excepción ibérica', el mecanismo que ha permitido a España (y a Portugal) topar el precio al que el gas entra en el mercado mayorista de la electricidad y con la que el Ejecutivo ha conseguido abaratar según sus propias estimaciones en alrededor de un 22% el precio que habría tenido el recibo eléctrico en ausencia de este mecanismo. El ahorro para los consumidores en euros contantes y sonantes supera los 2.000 millones, según Transición Ecológica.

La medida está aprobada hasta mayo de 2023 y, por tanto, no necesita prórroga, pero tampoco tiene un impacto directo para el Estado. Los 6.300 millones de euros que la Comisión Europea calcula que se ahorrarán los consumidores en esta fase más dura de la crisis energética se financiarán con cargo a las compañías energéticas y, como avanzó ABC, con cargo también a las facturas eléctricas del 60% de los hogares españoles, los que tienen tarifa regulada.

La escalada del precio de los combustibles producida a principios de año estuvo a punto de hacer saltar por los aires la paz social que ha mantenido hasta el momento el Gobierno con el beneplácito de los sindicatos. Lo que se planteó en un primer momento como una protesta marginal organizada por un grupo de transportistas autónomos se convirtió en una huelga salvaje de más de dos semanas que tensionó al máximo la cadena de suministros.

Con el objetivo de revertir la situación, el Gobierno llegó a un acuerdo con los transportistas que incluía ayudas de hasta 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero (que incluye taxi, VTC y ambulancias). El sector acogió de buen grado el paquete y, aunque los convocantes de las movilizaciones lo rechazaron, las protestas se diluyeron. Para mantener la calma en el sector, el Ejecutivo cumplió con los plazos de la reforma prometida y amplió después el paquete de ayudas a 900 millones de euros.

Una situación similar se ha dado con el sector agrícola. El Ejecutivo lanzó un primer paquete de ayudas y subvenciones para el sector en marzo valorado en 430 millones de euros. De estos, 193,47 millones de euros se destinaron al sector agrario y ganadero; 169 millones de euros al productor de leche; y 68,18 millones de euros para la pesca extractiva y acuícola. En junio, el paquete se vio reforzado con otros 72 millones de euros: 60 millones en la línea de ayuda a la contratación de seguros agrarios y de 12 millones en las subvenciones a la obtención de financiación del sector agrario.

En materia de vivienda, el Gobierno ha optado por blindar a los inquilinos para evitar una oleada de desahucios, aunque para eso ha tenido que 'sacrificar' a los caseros. El Ejecutivo aprobó a finales de marzo un decreto para que los alquileres ligados al IPC pasaran a estar vinculados al Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Una tasa que no puede bajar del 0% ni superar el 2% y que es más estable que el IPC porque cuenta con factores correctivos. En la práctica, esto ha limitado al 2% la subida de todos los alquileres que se han revisado (normalmente las rentas se renuevan una vez al año) desde abril. La medida fue prorrogada en junio y se mantendrá, al menos, hasta el 31 de diciembre.

El Ejecutivo calcula que esta iniciativa, que afecta tanto a los grandes como a los pequeños propietarios con pisos en alquiler, beneficiará a 2.433.300 hogares en arrendamiento. Pero no a costa del Estado, sino a costa de sus caseros, que según los cálculos de Idealista dejarán de percibir más de 1.700 millones por no vincular sus alquileres a la inflación desde el 30 de marzo hasta el 31 de diciembre.

Los portales inmobiliarios aseguran que la iniciativa está reduciendo aún más la exigua oferta de vivienda de las zonas tensionadas localizadas en las grandes ciudades, mientras que organizaciones como el Sindicato de Inquilinos alertan por su parte de que los propietarios están buscando en los últimos meses triquiñuelas legales para no limitar las subidas en las renovaciones de los contratos al 2%. El Gobierno no ha aclarado si la iniciativa se mantendrá más allá del 31 de diciembre.

Fue el propio Pedro Sánchez el que anunció a mediados de julio que las tarjetas multiviajes de Renfe pasarían a ser gratuitas desde septiembre. Una prueba de la importancia que ha dado el Ejecutivo a una iniciativa que afecta a los servicios públicos de Cercanías, Rodalies (las Cercanías catalanas) y Media Distancia y que se complementa con un descuento del 50% en algunos servicios de AVE y en los Avant.

Los usuarios de todos estos servicios se han incrementado exponencialmente tras la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre de la medida, que tendrá un coste de unos 200 millones. Pero el Ejecutivo también ha tenido que hacer modificaciones en su propuesta inicial ante mal uso de los abonos. Así, en el caso de los viajes en Media Distancia, Renfe ha tenido que limitar las reservas que hacen los pasajeros a cuatro por día (dos idas y dos vueltas) tras detectar que en muchas ocasiones se realizaban reservas que luego no se llegaban a utilizar.

El Gobierno ha ensalzado esta iniciativa y la subvención del 30% del transporte público de las comunidades -Transportes asegura que los fondos empezarán a transferirse a las regiones durante el último trimestre-, dejando la puerta abierta incluso a mantener ambas en 2023. Todo lo contrario ocurre con la llegada de los peajes a las autovías, otra iniciativa concebida para estimular el transporte ferroviario y limitar las emisiones del vehículo privado y que ha quedado en saco roto justo antes de que eche a andar el año electoral, pese a que en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas se garantiza su puesta en marcha en 2024.