Sánchez carga 200.000 millones extra a la cuenta que tendrán que sufragar los presupuestos de los próximos años
El alza exponencial de las emisiones de deuda para pagar las medidas de política económica adoptadas contar el Covid y la inflación eleva a 1,5 billones los costes cargados a ejercicios venideros
La magnitud de esta cuenta condicionará la gestión presupuestaria de los próximos años
El Tribunal de Cuentas eleva a más de 100.000 millones la factura para el erario público de la gestión del Covid
Los funcionarios de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda ya saben que cualesquiera que sean las prioridades de política económica de los futuros gobiernos de España hay una serie de obligaciones pendientes de pago por cerca de 1,5 billones de ... euros que habrá que ir incorporando sí o sí en los proyectos presupuestarios de los próximos años para atender lo que constituyen compromisos de pago por parte del Estado.
Es lo que se denominan 'compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores', se explican en gran medida (94%) por las cargas derivadas de la amortización de títulos de deuda pública y los gastos por intereses asociados a los mismos y el Tribunal de Cuentas acostumbra a analizar su evolución como un indicador de la sostenibilidad a medio y largo plazo de las cuentas públicas.
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Los últimos años no han traído buenas noticias por ese flanco. Según revela el Tribunal de Cuentas en un informe sobre la Cuenta General del Estado de 2021, los compromisos de gasto cargados a presupuestos futuros aumentaron en ese ejercicio hasta los 1,459 billones de euros, el máximo de toda la serie histórica tras incrementarse nada menos que en 88.680 millones de euros durante el año (+6,5%).
Si se amplía el foco hasta abarcar toda la etapa de gobierno de Pedro Sánchez el saldo resultante indica que entre 2018 y 2021 la cuenta de gastos cargada a futuros ejercicios presupuestarios se ha ensanchado en más de 230.000 millones de euros, respecto a los 1,253 billones de euros y en más de 300.000 millones si el punto de corte se pusiera en 2017, último ejercicio presupuestario cerrado por el gobierno de Mariano Rajoy, ya que como se sabe Pedro Sánchez asumió el gobierno a mediados de 2018 como consecuencia de una moción de censura.
Gasto público trasladado a presupuestos futuros
En millones de euros
1.459.391
1.370.711
1.274.860
1.253.260
1.187.364
1.120.602
1.063.823
1.051.483
938.851
856.874
Mariano Rajoy
Pedro Sánchez
600.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Fuente: Tribunal de Cuentas (Informes Cuenta General del Estado) / ABC
Gasto público trasladado
a presupuestos futuros
En millones de euros
Mariano Rajoy
Pedro Sánchez
600.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Fuente:
Tribunal de Cuentas (Informes Cuenta General del Estado)
ABC
Esos cerca de 300.000 millones de euros cargados a presupuestos futuros en los cuatro ejercicios presupuestarios cerrados por gobierno de Pedro Sánchez duplican con holgura los 135.000 millones en que se incrementó esa carga en los últimos cuatro años de gobierno de Mariano Rajoy. Además, en un contexto de tipos de interés de la deuda sensiblemente menos confortable que el que se disfrutaría después.
La factura del Covid
El Tribunal de Cuentas relaciona buena parte del fuerte crecimiento experimentado por las obligaciones de pago trasladadas a futuro por el Gobierno de España durante la era Sánchez a la factura de las medidas dispuestas por el Gobierno durante los años más duros de la pandemia, 2020 y 2021, que sitúa por encima de los 100.000 millones y que, subraya, se financiaron de forma íntegra con la emisión de títulos de deuda por parte del Tesoro.
En esos dos años las cargas presupuestarias trasladadas al futuro se incrementaron en 185.000 millones de euros. Según el informe del Tribunal de Cuentas, en 2021, de los 88.680 millones de euros extra cargados a presupuestos de los años venideros, unos 69.000 millones se explican por el impacto de las nuevas emisiones de deuda y eso que el desplome de los rendimientos de la deuda pública, algunos de cuyos tramos estuvieron en negativo buena parte del año, restó 6.500 millones de euros a esa cuenta por pagar.
El resto de la cuenta se explica por las obligaciones de pago comprometidas a futuro por prestaciones a particulares, programas de inversión de carácter plurianual, compromisos con organismos internacionales, sentencias por cumplir o gastos o inversiones comprometidos en ejercicios pasados pero que no han llegado a ejecutarse por unas razones u otras.
El Tribunal de Cuentas no ofrece una relación detallada de los programas presupuestarios que alimentaron esa cuenta en 2021 y que cargaron nada menos que 20.000 millones de euros extra (sin contar las cargas de la deuda pública) respecto a lo que ya estaba comprometido antes de 2021. Hay que recordar que en 2021 se desplegaron numerosos programas de ayudas a particulares y empresas y se consolidaron programas de ayudas permanentes como el Ingreso Mínimo Vital.
Respecto al capítulo de inversiones, el Tribunal de Cuentas revela que en 2021 estaban pendientes de ejecutar mas de 472 millones de euros comprometidos en los ejercicios presupuestarios entre 2013 y 2020, de los que más de la mitad se refieren a inversiones comprometidas y aún no ejecutadas por el gestor de autopistas del Estado (Seitt) en la red viaria española de alta capacidad y la otra mitad en transferencias de capital pendientes a corporaciones locales, que según la autoridad contable deberían o ejecutarse o rescindirse.
Retrasos en los pagos
El informe del Tribunal de Cuentas revela que el Estado dejó en 2021 cerca de 5.000 millones de euros de compromisos de gasto pendientes de reconocer, lo que hace que estos tengan que reconocerse en ejercicios posteriores. La normativa presupuestaria establece que los créditos presupuestarios cuyo uso no se compromete en el ejercicio en curso desaparecen y ya no son utilizables de cara al siguiente, por eso en muchos casos se compromete el gasto aunque no se reconozca la obligación de pago al beneficiario para no perder esos créditos.
El control de los gastos cargados a ejercicios futuros facilitan la gestión de aspectos como la deuda pública. Al cierre del ejercicio de 2021, el Tesoro Público y el Ministerio de Hacienda ya conocían que tenían un gasto por carga de intereses superior a los 260.000 millones de euros como consecuencia de los títulos emitidos hasta esa fecha y ya asignados a un tipo de interés determinado.
La secuencia publicada en el informe del Tribunal de Cuentas revela que de cara a 2023 ya había unos compromisos de pago de interés previstos por 23.759 millones, con independencia de los títulos que se emitieran a lo largo de 2022 y que han elevado esa cuenta en los Presupuestos Generales del Estado hasta los 31.275 millones de euros, si bien esta cantidad se calcula siempre con un margen de holgura.
Al cierre de 2021 ya había comprometidos pagos por intereses para 2024 de cerca de 23.000 millones de euros y de más de 18.500 millones para 2025. Como hay títulos de deuda española en el mercado con vencimientos hasta el año 2071 el cálculo del pago de intereses que el Reino de España tendrá que asumir en el futuro llega hasta ese ejercicio: 260.488 millones en total.
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