Sánchez ata el control de empresas estratégicas colocando a afines

El presidente del Gobierno no ha tenido reparo alguno en sembrar de afines la dirección de las principales empresas públicas y los consejos de administración de las cotizadas y grandes empresas en las que el Estado tiene algún tipo de participación.

Exministros socialistas, personalidades destacadas del PSC o exresponsables de gobiernos autonómicos desalojados del poder han encontrado acomodo en la red de empresas controladas o influidas por el Estado durante esta etapa, en un 'modus operandi' que ha despertado suspicacias en los últimos años y que supone un inquietante augurio de lo que puede suceder en Telefónica si la SEPI se convierte en su primer accionista, como plantea el Gobierno con su plan de tomar hasta el 10% de su accionariado.

«Una cosa es entrar con una participación importante en una empresa estratégica y otra muy diferente entrar en el proceso de toma de decisiones», advertían esta semana desde el Consejo General de Economistas de España, en relación a las posibles contraindicaciones de la presencia del Estado en grandes empresas cotizadas.

El asunto no ha supuesto una barrera para el Gobierno. Sánchez no ha logrado situar a afines en cotizadas del Ibex, con las que ha mantenido una relación más bien tensa, pero ha exprimido todas las posibilidades en las que el Estado tiene influencia o una participación mayoritaria.

La lista es larga y los nombres muy reconocibles. El caso más llamativo, por ruidoso, ha sido el de Indra, la nueva joya de la corona del tejido empresarial controlado por el Estado, a la que se quiere convertir en el gran campeón nacional de la industria de la Defensa en pleno auge de la inversión militar a nivel global. El Gobierno hizo lo posible por desalojar por la vía rápida a Fernando Abril-Martorell, el presidente nombrado por Mariano Rajoy, y poner al frente de la compañía a Marc Murtra, un afín próximo al PSC, en 2021.

Las urgencias de Murtra por activar los planes de La Moncloa para Indra, apoyados por Amber Capital, a su vez accionista mayoritario del Grupo Prisa, dinamitaron el Consejo de Administración de la que salieron en aluvión siete consejeros. En la posterior reconstrucción del Consejo entró el exdiputado socialista Juan Moscoso del Prado y antes ya habría entrado en el principal órgano de gobierno de la compañía el exministro de Industria, Miguel Sebastián, al que en su día le tocó lidiar con la venta de Endesa a la italiana Enel en la era Zapatero.

Sánchez también tiró de 'cantera' cuando de lo que se trató fue de controlar el rescate de una de las grandes empresas industriales del país, la asturiana Duro Felguera. En el proceso aterrizaron en el consejo el exministro de Trabajo de Zapatero, Valeriano Gómez, y otro exministro, Jordi Sevilla, que meses antes había salido de la antigua Red Eléctrica. La Moncloa ha maniobrado lo que ha podido en banca. Calviño situó a la exdiputada socialista y exalto cargo de Industria, Teresa Santero, en Caixabank; y Sareb tiró de un excargo municipal del PSC, Pau Pérez de Acha, para sus planes de vivienda social.

El sector energético ha sido una de las prioridades estratégicas del Gobierno y también el lugar donde aterrizan numerosos políticos. El caso más significativo es el de Enagás, el gestor del sistema gasista. En mayo de 2020 entraron en su consejo los exministros socialistas José Blanco y José Montilla. El año pasado cobraron 160.000 y 166.000 euros, respectivamente. También accedió al mismo Cristóbal Gallego en representación de Unidas Podemos. Además, en el consejo se sienta actualmente la exministra del PP Ana Palacio, la expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) - el órgano que ahora quiere resucitar el Gobierno- en la era Zapatero, Teresa Costa, y Natalia Fabra, una de las personas de confianza de la ministra Teresa Ribera e hija del expresidente de Red Eléctrica con Zapatero, Jorge Fabra. Aunque la SEPI tiene solo un 5% de Enagás, el máximo permitido, los gobiernos de turno han tomado como costumbre colocar a sus afines en su consejo de administración. La excepción fue el anterior presidente, Antonio Llardén, nombrado en 2007 por Zapatero, que permaneció durante el Gobierno Rajoy y continúa en la compañía. Lo que hizo Sánchez fue nombrar un CEO ejecutivo, Arturo Gonzalo Aizpiri, que estuvo en el Ministerio de Medio Ambiente con Cristina Narbona, presidenta del PSOE.

Sánchez también ha movido sus peones en Redeia (antigua Red Eléctrica), el gestor del sistema eléctrico. Su actual presidenta, Beatriz Corredor, fue ministra de Vivienda con Zapatero y hasta un mes antes era diputada. Relevó al exministro Jordi Sevilla.

Cores, la empresa pública que gestiona la reserva estratégica nacional de productos petrolíferos, está presidida por Juana Lázaro, una alta funcionaria cercana al PSOE que ha ocupado altas responsabilidades como la dirección general de la Agencia Tributaria o la subsecretaría de Hacienda en gobierno socialistas. Sánchez situó al frente de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radioactivos a José Luis Navarro, ex consejero en los gobiernos de Fernández Vara.

El caso de las empresas públias es también reseñable. Sánchez situó a su exjefe de gabinete en el PSOE, Juan Manuel Serrano, al frente de Correos; a Raül Blanco, exalto cargo de Industria y una de las figuras más relevantes del PSC en Renfe; situó a Óscar López, ahora jefe de su gabinete en La Moncloa, en Paradores y tiró de un alto cargo de Fomento y exdiputado socialista, Pedro Saura, cuando tuvo que relevarlo, y el gestor aeroportuario lo gestiona Maurici Lucena, otro economista vinculado al PSC.