Sánchez activa el plan para colar en el diálogo social a las patronales amigas

El movimiento del jefe del Ejecutivo se produce en un escenario que parece elegido estratégicamente por los 'gurú' de La Moncloa. Las relaciones con las organizaciones empresariales están en su peor momento, tras años de desplantes y de políticas duras; no hay apenas interlocución. La patronal, por su parte, libra su particular batalla interna. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, busca desalojar a Gerardo Cuerva de la presidencia de Cepyme tras haber perdido su confianza, lo que está provocando una 'guerra' cruzada que podría aprovechar el Ejecutivo.

El desarrollo de la «Ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas» fue un compromiso electoral del PSOE y Sumar y se incluyó en el Plan anual normativo 2024, pero quedó ahí, paralizado. El objetivo de ese desarrollo, según aquel plan, es «desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional». La referencia a las pymes no es fortuita, teniendo en cuenta que además de Cepyme, la marca de la CEOE, en este ámbito opera Conpymes, la patronal ligada al independentismo, aunque hoy esté muy lejos del peso que tiene la primera entre las pequeñas empresas.

Sin embargo, en su puesta de largo, en 2021, esta patronal fue arropada por la vicepresidenta segunda y por la mujer de Pedro Sánchez, que intervino en aquel acto en calidad de directora de la polémica Cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la UCM. El apoyo del Gobierno quedó claro.

Aquel movimiento fue interpretado como una afrenta a los empresarios y una baza para debilitar a la patronal, teniendo en cuenta que se producía en un momento de fuertes tensiones con el Ejecutivo. De aquella foto en el acto inaugural se pasó a un goteo de respaldos públicos a una organización que tiene a sus dos principales patas, Pimec y Uatae, investigadas por la Justicia por fraude en las subvenciones y delito de falsedad documental.

La reforma de la representatividad empresarial se ha ido aplazando, pero siempre ha estado ahí, como una Espada de Damocles para las organizaciones empresariales. Actualmente, las reglas de esa representatividad están recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, una norma en la que se fija un umbral muy concreto: «Se entenderá que gozan de esta capacidad representativa las asociaciones empresariales que cuenten con el 10% o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal». Nunca se ha emprendido el desarrollo normativo para establecer cómo se realiza esta baremación, pero Conpymes considera que ya cumple los requisitos, y reclama la reforma.

La petición de organización que dirige José María Torres cobra ahora mayor relevancia, en un momento en el apoyo de partidos independentistas como Junts o ERC son más necesarios que nunca para que Sánchez se mantenga en La Moncloa y prosperen en el Congreso normas claves como la rebaja de la jornada a 37,5 horas.

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La alternativa a la reforma ha sido ir dando paso a estas patronales en los órganos del Estado y en foros del diálogo social. Como una lluvia fina, y a golpe de decreto, la patronal que busca rivalizar con CEOE ha ido entrado en organismos públicos, algunos sin casi actividad, como el Consejo Nacional de la Pyme, otros como el Consejo Económico y Social (CES), muy activos con sus dictámenes, y un órgano consultivo del Gobierno.

En febrero de 2024 el Ministerio de Trabajo abría las puertas a Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, en la que hasta la fecha las empresas sólo estaban representadas por CEOE y Cepyme. Después, la titular de Trabajo hacía hueco a esta organización en el CES y, posteriormente, y por decreto, se modificaba la regulación del Consejo Estatal de la Pyme rompiendo con ello el monopolio de CEOE y Cepyme, en una operación con la que también se colaba en el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada a la patronal con base independentista.

El CES fue el único organismo que se rebeló. A instancia de su presidente, Antón Costas, votó un veto a la entrada de la patronal amiga del Gobierno en sus órganos y fue aprobado por amplia mayoría, asestando así un duro varapalo a Yolanda Díaz. Sus miembros consideraron que se vulneraba la normativa interna del organismo.

La reforma de la representatividad empresarial apunta maneras para convertirse en el próximo choque con el mundo empresarial, y probablemente una nueva afrenta, y no parece que los segundos se vayan a quedar de brazos cruzados. Los más de 30 cambios laborales sin negociación acometidos por la titular de Trabajo y su estrategia para encumbrar a la patronal amiga han tenido respuesta.

Los empresarios denunciaron primero a Yolanda Díaz ante la OIT, que puso en vigilancia al Gobierno por saltarse sus convenios y no garantizar el diálogo tripartido y las «consultas efectivas». Y después, la estrategia empresarial llegó a la vía judicial, donde CEOE busca desactivar las maniobras del Ejecutivo con Conpymes y su entrada en las instituciones por la puerta de atrás. Como ya informó ABC, los abogados de la patronal están argumentando ante la Justicia defectos de forma en los decretos usados por el Gobierno para dar entrada a Conpymes, que, en opinión de los juristas, llegan a contradecir el Estatuto y las reglas de la participación institucional.