El portavoz del Gobierno Regional, Alfonso Domínguez, ha presentado esta medida en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo, que anula un tributo «muy anacrónico y confiscatorio» (sólo se mantiene el 1% a efectos de control administrativo) y que «será la primera de una intensa agenda de reformas que aliviarán la presión fiscal a los contribuyentes riojanos a lo largo de esta legislatura».
La Rioja recupera plenamente esta exención, que ya estuvo vigente entre 2004 y 2015, y se suma así al grupo de ocho autonomías de régimen común (Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia) en las que resulta más barato legar a los parientes más cercanos (primer y segundo grupo del impuesto).
Desde el Gobierno riojano aclaran que la reforma fiscal no tendrá carácter retroactivo y que inicia su tramitación como anteproyecto de Ley en el Parlamento de La Rioja y el Ejecutivo regional espera que esté aprobada «en unos meses», ha avanzado Domínguez.
Además, aseguran que la eliminación del impuesto no supondrá una merma en la prestación de los servicios públicos, ya que «se verá compensado con mayores ingresos derivados de la mejora de la economía y por el estricto control que la Comunidad está realizando en las políticas de gasto público».
El Gobierno de La Rioja sostiene que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es un impuesto «muy anacrónico y confiscatorio» porque grava bienes y derechos adquiridos por herencia, «legado o donación que previamente han tributado por otros impuestos».
En esta misma línea, el Gobierno de la Comunidad Valenciana tomó los primeros pasos para adoptar una medida similar el pasado martes, cuando se aprobó el anteproyecto de ley que permitirá aplicar la bonificación del 99% sobre el impuesto.
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