Ribera cede y se compromete ante Bruselas a elevar el límite de las inversiones en redes eléctricas

Una medida que ha sido obviada una y otra vez por la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero que ahora se ha comprometido a estudiar con el objetivo de facilitar unas inversiones imprescindibles para hacer posible el 'boom' de nuevas plantas renovables. Ahora bien, la vicepresidenta tercera quiere hacerlo con sus condiciones.

Expertos del sector coinciden en explicar a ABC que es una medida que Europa le ha venido reclamando a la vicepresidenta desde hace meses y meses, dadas las quejas reiteradas desde el sector de las eléctricas, renovables, tecnológicas y de los gobiernos de las comunidades autónomas, que ven inviable seguir con el proceso de descarbonización. «Si quieres electrificar la industria y descarbonizar la economía, no puedes tener limitadas las inversiones en redes. Es totalmente incompatible», apunta un experto del sector.

Las redes de transporte y de distribución eléctricas son un negocio regulado, en el que las compañías ejecutan las inversiones en sus infraestructuras con un tope fijado por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica. «Es pertinente plantear un incremento del límite de inversión siempre que eso permita más volumen de inversión, y no que se destine a alimentar más rentabilidad», confirmaron a Europa Press desde Transición Ecológica.

Actualmente, a Red Eléctrica se le aplica un límite máximo de inversión del 0,065% del PIB (sin contabilizar el coste de las interconexiones internacionales) y el tope para las distribuidoras es del 0,13% del PIB. En total, unos 1.000 millones de tope anual para redes de transporte y unos 2.000 millones para las de distribución. Las grandes eléctricas, que son las que controlan principalmente las redes de distribución, vienen reclamando elevar esos límites de inversión para acelerar el despliegue y modernización de sus redes y, al tiempo, elevar la retribución que perciben.

Esta misma semana, Marina Serrano, presidenta de la patronal Aelec (que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP) se posicionaba sobre este asunto: «La falta de desarrollo de las redes de distribución eléctrica en España impide que el consumidor industrial pueda beneficiarse de la reducción de los precios de la electricidad. (…) De no impulsar el desarrollo de la red, corremos el riesgo de que toda esta demanda se marche a otros países europeos atraídos por sus fuertes planes de inversión en redes».

Las grandes eléctricas llevan años reclamando a Ribera cambios legales para hacer posibles las inversiones milmillonarias necesarias en redes eléctricas, cuya modernización y expansión resultan imprescindibles para integrar el boom de nuevas energías renovables.

El Gobierno ahora, pues, se compromete a elevar ese límite pero busca hacerlo de tal manera que el aumento de inversiones en redes retribuidas en la factura no implique un encarecimiento excesivo de la luz para los clientes. «Desde la Secretaría de Estado de Energía se viene trabajando en distintos escenarios para adoptar las medidas más adecuadas», indican las mismas fuentes.

De hecho, las fuentes recuerdan que se han movilizado en los últimos años fondos europeos para financiar mejoras en las redes eléctricas sin que se contabilicen como parte de los límites legales de inversión y evitando que se trasladen al consumidor a través de la factura.

Apuntan además que el Ejecutivo ha reservado 931 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para pagar parte de las obras necesarias para una ampliación de las redes y una actualización de la planificación de las infraestructuras de alta tensión, y también ha destinado 525 millones a financiar la digitalización de las redes.