Ribera utiliza datos «no comparables» para decir que el consumo de electricidad cae un 3,7%

Lo curioso es que en las explicaciones dadas por el ministerio se dice que «la demanda total nacional de energía eléctrica entre semanas no es estrictamente comparable dado que existen factores que alteran las condiciones de contorno como, por ejemplo, la temperatura y la laboralidad».

El hecho de que haya caído la demanda de electricidad en los últimos días es conocido por la mayoría de los ciudadanos, ya que antes de que entrara en vigor el real decreto ley había una ola de calor que disparó el consumo eléctrico por el uso masivo de los sistemas de aire acondicionado y en los últimos días han bajado las temperaturas.

Además, el fin de semana largo del 12 al 15 de agosto es el más festivo en la geografía española, por lo que la laboralidad sufrió un fuerte descenso.

Los expertos apuntan a que «son estas dos situaciones las que han ocasionado el descenso de la demanda de electricidad y no las medidas aprobadas por el Gobierno, las cuales, habrá que esperar varios meses para comprobar su efectividad».

Para llegar a la conclusión de que el consumo eléctrico ha bajado un 3,7% en los últimos siete días, los técnicos del ministerio explican que «se han comparado la demanda de la primera y la segunda semana de 2021 -se entiende que de agosto- para estimar cuál hubiera sido con la misma temperatura y laboralidad». Pero «estas correcciones de la demanda en 2021 están sujetas a un error de estimación», que conduce a que «los resultados diarios y semanales entre 2021 y 2022, deben de considerarse orientativos».

Las principales medidas recogidas en el real decreto ley, que han creado una enorme confusión y malestar en distintos sectores y administraciones, son la de limitar la temperatura de calefacción/refrigeración en recintos cerrados (no superior a los 19 ºC en el primer caso y no inferior a los 27 ºC en el segundo) y el apagado del alumbrado de escaparates y edificios públicos que se encuentren desocupados a las 22 horas.

Teresa Ribera aprovechó la ocasión para presumir también de los efectos del mecanismo ibérico que fija un tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Así, desde que entró en vigor el 15 de junio y hasta el 15 de agosto, «el ahorro acumulado para los consumidores de electricidad se estima en 1.383 millones de euros». Este ahorro es de unos 22 millones de euros diarios en los dos meses mencionados, añadió.

Para calcular esas cifras, en el ministerio han multiplicado dos variables: la diferencia entre el precio de la electricidad 'sin mecanismo ibérico' (media de 143 euros el MWh) y 'con mecanismo ibérico (mercado mayorista + coste del ajuste)'; y la demanda diaria de energía eléctrica que tiene que asumir el coste del ajuste y que, por tanto, se beneficia directamente del mecanismo ibérico.

Esa demanda diaria que asume los costes del ajuste es la de los consumidores acogidos a la tarifa regulada o pvpc y «la de los que tienen contratos anuales con un precio fijo que han renovado sus contratos durante los últimos dos meses».

Transición Ecológica afirma que el diferencial del precio de la electricidad 'con mecanismo ibérico' y 'sin mecanismo' ha sido de 49,85 euros el MWh de media en estos dos meses, cifra que no coincide con los datos facilitados por el propio Ministerio en su cuenta de Twitter. Esa diferencia ha estado sobre los 100 euros el MWh en la mayoría de los días.

Ribera añadió que «se demuestra que la excepción ibérica ha funcionado como un reaseguro en este periodo, lo que se traslada también a los precios a futuros de la electricidad, que cotizan para el último trimestre del año a 158 euros el MWh para España por los 975 euros de Alemania y los 518 euros de Alemania».

La escasa credibilidad de algunos de los datos que elabora habitualmente Transición Ecológica tiene su mejor ejemplo en la revisión trimestral de la tarifa regulada de gas natural (TUR). Para disimular la fuerte subida de los precios del gas en los últimos meses, el departamento de Teresa Ribera se refiere al incremento de las «facturas medias anuales», en vez de decir las verdaderas tarifas.

Así, con los precios que entraron en vigor el pasado 1 de julio dijo que «las facturas anuales subirán entre un 6,41% y un 8,44%». Sin embargo, las tarifas (TUR) publicadas en el mismo Boletín Oficial del Estado (BOE), desvelaban subidas de entre el 9,7% y el 11%.

Algo parecido sucedió en la revisión del 1 de abril, cuando las tarifas del gas subieron de media un 10%, el doble de lo anunciado por el Gobierno con el argumento de las facturas anuales.

Incluso, la ministra intentó que la subida de las tarifas reguladas desde el 1 de enero pasado pasara de 'puntillas' ante la opinión pública, ya que la resolución fue publicada en el BOE el mismo día de Navidad.

Este periódico desveló esta maniobra y recordó que la revisión de las tarifas para enero de 2021 se publicó en el BOE del 29 de diciembre de 2020. Lo mismo sucedió en los años anteriores. El BOE del 28 de diciembre de 2018 publicó la nuevas tarifas del gas a partir de enero de 2019, y el BOE del 30 de diciembre de ese año publicó las de enero de 2020.

Esta estrategia va en línea con la opinión del marido de la ministra, Mariano Bacigalupo, consejero de la CNMC, que consideraba «inaudito» que los telediarios «abran las noticias con la subida de los precios de la luz».