La revolución de la sostenibilidad social se queda en lista de espera

El buen comportamiento de las corporaciones puede evaluarse desde diferentes ámbitos y lo cierto es que los temas vinculados con el medio ambiente son los primeros que se le vienen a la cabeza a cualquiera, en buena medida por la denominada taxonomía verde europea, un sistema que establece los criterios para determinar qué actividades son sostenibles en el marco del Pacto Verde Europeo, poniendo coto así al 'greenwashing' o blanqueo ecológico. Sin embargo, los desafíos de nuestro tiempo van más allá de los problemas en torno al cambio climático y comprenden también las preocupaciones sociales, que todavía están a la espera de contar con su propia taxonomía, la gran asignatura pendiente de Bruselas.

Entre las fuentes consultadas hay quienes califican de «stand-by» y de «parón» el estado en que se encuentra esta herramienta. La Plataforma sobre Sostenibilidad Financiera, organismo que asesora a la Comisión Europea, ha presentado hasta la fecha dos informes que sirven para sentar las bases de la futura regulación en esta materia, el primero en julio de 2021, y el segundo en febrero de 2022, un trabajo técnico en el que debería apoyarse la Comisión para el desarrollo de una propuesta de normativa… pero casi un año y medio después, no se ha producido movimiento alguno por parte de la institución comunitaria, a pesar de que la aprobación de una taxonomía social se presenta como la próxima gran revolución en la toma de decisiones empresariales en la nueva economía.

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La propuesta lanzada por el grupo de expertos incorpora tres grandes objetivos: trabajo decente, que comprende toda la cadena de valor; condiciones de vida adecuadas y bienestar para los usuarios finales; y comunidades y sociedades inclusivas y sostenibles. Cada uno de ellos, a su vez, con diferentes subobjetivos. La taxonomía se aplicaría a aquellas empresas obligadas a elaborar el estado de información no financiera.

A falta de que la Comisión se pronuncie de manera oficial sobre si dicha taxonomía será una realidad plausible en un horizonte próximo o se dejará para más adelante, los expertos deslizan los posibles motivos de la demora observada hasta el momento. Uno de ellos es que la pata medioambiental lo ha engullido todo y aún faltan flecos por resolver. «La taxonomía verde se plantea en base a seis objetivos, dos climáticos, que ya han sido aprobados, y cuatro no climáticos, sino ambientales, que están en proceso de desarrollo y van con retraso. Tenían que estar listos para diciembre de 2022 y se espera que salgan este año», explica Úrsula García Giménez, cofundadora y socia de finReg360, firma dedicada al asesoramiento regulatorio en el sector financiero. Esta circunstancia se añade a las dificultades que supone la fijación de reglas claras que clasifiquen aquellas actividades y empresas que contribuyen de forma sustancial a alcanzar ciertas metas en el plano social.

Entre los escollos que tendrá que afrontar la futura normativa destaca, asimismo, la medición. «La taxonomía ha de ser muy objetiva, basada en parámetros, para que no haya espacio a la interpretación. Se tienen que buscar métricas lo más cuantitativas posibles, pero también hay un componente cualitativo importante que a veces es difícil de definir. De hecho, nosotros cuando hablamos con personas que se dedican a la inversión de impacto nos dicen que la medición de la inversión social de impacto es la más complicada», asegura.

En esta línea se mueve Andrea González, subdirectora general de Spainsif, asociación sin ánimo de lucro que promueve la inversión sostenible. «Tipificar criterios de lo que es aceptable en términos sociales es un ejercicio complicadísimo. Implicaría definir lo que es un daño social y un beneficio social más allá de la actividad económica puramente y a lo mejor conllevaría tocar sectores o cuestiones que pertenecen incluso al relativismo cultural», comienza por señalar. «Si pensamos en el daño social, en España producimos y consumimos vino. Desde el punto de vista de la salud, a lo mejor la inversión en todo lo que tiene que ver con alcohol quedaría fuera. Hay numerosos puntos complicados de tipificar y que podrían hacer mucho ruido a nivel de la UE, mientras que los temas climáticos son más blanco sobre negro», compara.

Ricardo Pedraz, consultor de Analistas Financieros Internacionales (AFI), coincide en que, en ese terreno, es frecuente contar con indicadores que midan el desempeño de una actividad económica en favor o en contra de un objetivo medioambiental, a diferencia del área social, donde la ausencia de una ciencia detrás ocasiona problemas. «No hay una métrica ni unanimidad para definir qué es calidad de empleo, por ejemplo, es más una posición política», comenta.

Ninguno de los expertos prevén que la taxonomía social europea vea la luz a corto plazo y, en concreto, Andrea González piensa que las elecciones al Parlamento, que se celebran en junio de 2024, guiarán el devenir de la taxonomía, «en función del apetito que tenga de afrontar este desarrollo legislativo».

Desde la Fundación Seres exponen que la aprobación de la taxonomía social supondría cerrar el círculo, pero aclaran que en materia ASG se han producido numerosos avances que están impulsando la parte social. En concreto, en lo que se refiere a modelos de 'reporting', uno de los cambios sustanciales es la Directiva de información corporativa sobre sostenibilidad (CSRD), que modifica a la Directiva sobre información no financiera (NFRD) de 2014 y que establece requisitos más rigurosos para la elaboración de informes de sostenibilidad, aumentando la transparencia y comparabilidad de la información sobre el desempeño ambiental, social y de gobernanza de las compañías. Además, para cumplir con las exigencias de la CSRD, los informes deben ser certificados por un auditor o certificador independiente acreditado. La norma entró en vigor el 5 de enero de este año y las primeras declaraciones se publicarán en 2024.

Ana Sainz, directora general de la Fundación Seres, remarca la importancia de que las empresas, dentro de su estrategia, incluyan el eje de lo social, y entiende que este tipo de movimientos legislativos ayudarán a que así sea. También contribuirán a que se piense en rentabilidad e impacto como un binomio necesario. «Progreso económico y social tienen que ir de la mano, para que sea sostenible debe haber esa relación de mejora-mejora», incide. Aunque sean muchos y valiosos los beneficios de la norma, Sainz advierte de que ahora mismo hay desconocimiento: «Todavía queda mucho por simplificar y por trasladar de una manera sencilla. Esto puede hacer que las empresas que tenían integrada en su estrategia la parte social como modelo de negocio y como característica de diferenciación estén solo pensando en cumplir una serie de indicadores que piden vía regulación. Es un riesgo que habrá que controlar».

El consenso es que el Viejo Continente quiere abanderar el compromiso en materia ASG frente a otros bloques donde existe una mayor polarización. «Mientras que Europa en conjunto ha asumido el reto de liderar este tema, en otros países hay más diferencias, pero en lo que todos coincidimos es en que se trata de un movimiento que se implementará a nivel mundial porque es una necesidad imperiosa, acelerada, además, por el Covid», afirma Ana Sainz, que cree que sin esa visión global las empresas europeas se enfrentan a la amenaza de perder competitividad.

De salir adelante, la taxonomía social apuntalará el fenómeno de la inversión con propósito, que en los últimos años ya ha registrado un importante crecimiento en los mercados de capitales avanzados. «El Covid fue un revulsivo y, desde entonces, se ha notado mayor ímpetu», asegura Andrea González, de Spainsif, que agrega que el interés se ha mantenido estable. «Y ahora que cada vez más hablamos de inversión de impacto, esta tiende a estar ligada a cuestiones sociales, así que es un tema que esperamos que vaya a más». Matiza, eso sí, que los efectos de las taxonomías son a largo plazo. «Se trata de una herramienta que señaliza lo que ya está transicionado y es compatible con el objetivo final, es decir, ayuda al inversor a identificar cuánta de su inversión ya está consiguiendo el objetivo que se persigue y también es un gran termómetro para ver, a nivel de la economía global, qué tal vamos», resume la experta.

Ahora bien, esto no significa que, en un hipotético escenario en el que la taxonomía social vea la luz, las estrategias de los fondos que consideran tanto la cuenta de resultados como el valor social se rijan únicamente por esta norma. «Es una herramienta para señalizar, pero si inviertes en compañías que lo hacen fatal e influyes para que lo hagan mejor, puedes estar teniendo un impacto maravilloso y no estar alineado con la taxonomía. Estamos en una gama de grises y es todo más complejo de lo que puede parecer», dice.

Por su parte, Úrsula García Giménez, de finReg360, ahonda en que la inversión sostenible social ya se está realizando y se están utilizando criterios de mercado. «Cuando la taxonomía social entre en vigor, servirá para afianzar y hacer más robusta la metodología que ahora mismo es de mercado, no regulatoria, para definir qué se entiende por una inversión sostenible desde un punto de vista social. Ayudará a separar aquellas metodologías sólidas que están seleccionando inversión sostenible de aquellas más voluntaristas y que están considerando sostenibles cosas que en un examen más detallado puede que no lo sean», señala como la principal aportación que la taxonomía social europea aportaría al mundo de la inversión.

Estamos lejos de que la taxonomía social sea una realidad, puesto que Europa aún tiene que completar el desarrollo legislativo de su hermana mayor, la verde, y además la definición de qué es positivo y negativo en el plano social es de suma complejidad. Más allá de los informes del grupo de expertos, esta norma es todavía un lienzo en blanco cuyo devenir es incierto. En lo que sí están de acuerdo los expertos es en que la inversión de impacto, lejos de ser una moda pasajera, ha llegado para quedarse e impregnará, cada vez más, las estrategias empresariales y las decisiones inversoras.

La sostenibilidad, también en el plano social, se ha impuesto como una de las fórmulas para impulsar la competitividad de las compañías, pero su medición continúa como uno de los grandes interrogantes por resolver porque el efecto (positivo o negativo) de una actividad sobre los empleados, consumidores y comunidades está influido por el contexto y existen múltiples factores que dificultan la comparabilidad.

Conforme aumenta el porcentaje de inversores que configuran su cartera en base a criterios que trascienden lo estrictamente financiero, van surgiendo iniciativas que tratan de cuantificar el impacto neto en las personas de las líneas económicas de actividad de una empresa. Es el caso del Mapa Seres de Huella Social®, una metodología puesta en marcha hace ya dos años por esta organización nacional no gubernamental.

«Queremos conseguir un mínimo común múltiplo, integrado por una treintena de indicadores, que tiene en cuenta, para no ir en contra de lo que a las empresas ya se les está exigiendo, toda la regulación europea y los estándares que vienen de las casas de finanzas y de inversión del mundo anglosajón», señala Ana Sainz, directora general de Fundación Seres. Los primeros pilotos se realizaron el año pasado, en dos sectores: infraestructuras y turismo. «Queríamos escoger no solo proyectos en España, sino a nivel global, pero que tuviesen gran impacto y que fuesen importantes para nuestra economía», justifica.

Tras esa aproximación inicial, ahora están trabajando en el sector farmacéutico, financiero, telecomunicaciones e industria con un objetivo claro: abordar las especificidades de cada uno de ellos, ya que en el plano social es más complicado que en el medioambiental alcanzar una homogeneidad total.

Son muchas las variables que entran en juego. «Hablamos de diversidad de empleados, 'reskilling' y 'upskilling', impacto en clientes vulnerables, atención a la discapacidad, progreso generado en las comunidades... son parámetros que las empresas tienen a nivel corporativo, sobre todo cuando hacen actividades sociales, pero no estamos tan acostumbrados a medirlo con nuestra actividad económica cotidiana y ese es un cambio de mentalidad importante. Hay que pensar, por ejemplo, cuál es el impacto en los empleados, clientes, comunidades y proveedores cuando se construye una carretera, no cuando se lleva a cabo una colaboración con una ONG», precisa Ana Sainz, que pone en valor la voluntad práctica con la que se ha creado esta metodología. «Intentamos no teorizar», recalca en este sentido.

Desde la Fundación Seres destacan, asimismo, el espíritu de anticipación de la iniciativa, así como la implicación de diferentes compañías e instituciones como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Parlamento Europeo. «Tenemos que prepararnos para algo que sí o sí va a llegar y hacerlo desde el punto de vista de la gestión, intentar dar con una metodología que sea implantable», comenta. Con iniciativas como esta, la medición de la pata social de los denominados criterios ASG está más cerca de ser una realidad.