VÍCTOR LERENA

Los retos para el próximo otoño

Salgado enarbola la bandera de la austeridad como objetivo irrenunciable Esperará al informe del Congreso para aprobar la reforma de las pensiones

Y. GÓMEZ
MADRID Actualizado:

Las partidas de gasto para los ministerios en 2011 se recortarán entre un 15 y un 16%, alcanzando los niveles de 2006. Los recursos para I+DF se recortarán, pero menos.

El Ejecutivo enviará a las Cortes un proyecto de ley del procedimiento laboral para reconducir a todos los temas que afecten a este ámbito.

La Comisión Delegada para asuntos económicos, que habitualmente se reúne los jueves, está presidida por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, e integrada por todos los ministros con competencias en áreas económicas (Fomento, Trabajo, Industria y Medio Ambiente). Su labor consiste en preparar los temas que al día siguiente estudiará o aprobará el Consejo de Ministros. En esta ocasión, Blanco no asistió a la Comisión Delegada, estaba en el Congreso, pero fueron otros miembros del Gobierno que no son habituales, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves; la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia; el director de Gabinete del Presidente del Gobierno, José Enrique Serrano; del secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido; el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el de Economía, José Manuel Campa. Y estuvo presidida por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy no habrá Consejo de Ministros.

Los resultados de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, presidida por el presidente del Gobierno, no respondió a la expectación generada. La presencia de seis ministros, al final José Blanco no fue, hacía presagiar el anuncio de alguna medida importante, pero no fue así.

La reunión comenzó a la seis de la tarde y casi tres horas después, cerca de las nueve de la noche, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, informaba a los medios de comunicación de que en el encuentro se había pasado revista al a situación actual de la economía y se habían abordado las prioridades inmediatas del Ejecutivo para el próximo otoño: austeridad, reformas y cohesión social.

La reunión defraudó a quienes esperaban nuevas medidas o anuncios de fondo y de hecho fue José Blanco quien dio la noticia económica del día y no en La Moncloa, sino en el Congreso, al asegurar que habrá 200 millones más para Fomento. Una cifra que, por cierto, Salgado apuntó que quizás el 30 de septiembre no esté incluida en los Presupuestos, y que es la cifra máxima con la que se cuenta para toda el proceso de tramitación parlamentaria.

Presupuestos de 2006

Los escasos frutos de esta reunión muestra que al final acertaron los que aseguraban que el fin de la misma era dar la imagen de que el equipo económico del Ejecutivo trabaja ya a pleno rendimiento ante lo que serán los retos del próximo otoño, en los que Rodríguez Zapatero se la juega dentro y fuera de España.

El mayor de los retos es el de los Presupuestos para 2011. De la austeridad de los mismos depende la solvencia y la credibilidad de la economía española en los mercados internacionales.

En 2011 España tiene que reducir el déficit del conjunto de las Administraciones en más de 30.000 millones de euros, ya que debe pasar del 9,3% del PIB con el que se prevé cerrar 2010 al 6% el próximo año. Para lograrlo, el ajuste que prevé el Estado es de unos 10.200 millones de euros. Salgado explicó que

el recorte del gasto presupuestario superará el 7% pero que la cifra disponible para los Ministerios, una vez descontado el pago de la deuda, la partida de las clases pasivas y las aportaciones a la UE se situará entre el 15 y el 17%. Tras estos recortes, el presupuesto de 2011 será similar al de 2006, explicó la ministra.

El Gobierno está dividido sobre las fórmulas a emplear para reducir el déficit. Así, mientras el titular de Fomento ha dejado claro su apuesta por subir impuestos para mejorar las infraestructuras, desde el Ministerio de Economía se insiste en que tras la subida impositiva generalizada —IVA, IRPF, Impuestos Especiales— que se ha llevado a cabo en el último año, ahora toca esperar el efecto del alza impositiva sobre los ingresos y centrar el ajuste en el recorte del gasto. Elena Salgado quiso dejar claro la pasada semana, en presencia de Blanco, que no habrá subida de impuestos el próximo año, «salvo un pequeño ajuste para mejorar la equidad», y tras la reunión de ayer insistió en que se mantiene estas tesis y que las medidas que se aprueben serán mínimas y no afectarán prácticamente a los ingresos.

En cuanto a las reformas, Salgado apuntó que ya se han aprobado la mayor parte de las anunciadas con la estrategia de economía sostenible.

Y entre las tareas pendientes, enumeró impulsar la tramitación de la Ley de Economía Sostenible, para que esté aprobada a finales de 2010. Señaló también la intención del Ejecutivo de enviar a las Cortes un proyecto de ley de procedimiento laboral para reconducir hacia la jurisdicción laboral todos los temas que afecten a este ámbito.

También señaló que es prioritario todo lo referido a la política energética. Aseguró que el Gobierno trabaja en la titulización del déficit tarifario, que podría estar listo ya en septiembre, pero a la vez pretende definir el nuevo mix energético para reducir la dependencia del país.

La vicepresidenta no se refirió en su

primera intervención a la otra gran reforma pendiente y que todos los organismos dentro y fuera de España le reclaman, la de las pensiones. Al ser preguntada al respecto aseguró, sin embargo, que es una prioridad del Ejecutivo y que su intención es que esté aprobado el proyecto de ley y remitirlo al Congreso antes de que concluya el año. «Estamos esperando el informe que tiene que emitir la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo», explicó.

No obstante, señaló que el Gobierno pretende lograr el máximo consenso posible por lo que reconoció que si el Parlamento no emite un informe antes de que acabe el año, el Ejecutivo no aprobará la reforma.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, reabrió el debate el pasado martes al apostar por que se aumente de 15 a 20 el número de años que se deben tener en cuenta para calcular la cuantía de la prestación. A este respecto, Elena Salgado aseguró que esta medida va en línea con las propuestas que el Ejecutivo ha remitido a la citada comisión parlamentaria. Tampoco se aparta de las recomendaciones que el Pacto de Toledo realizó en la década de los noventa y que la mayoría de los grupos parlamentarios apoyaría sin dificultad, aunque en la mayoría de los casos, eso signifique un descenso de la cuantía de las prestaciones futuras.

La huelga general de fondo

Medidas más polémicas, como retrasar a los 67 años la edad legal de jubilación o aumentar el número de años cotizados necesarios para recibir la pensión mínima están también sobre la mesa.

Y el Ejecutivo tiene que afrontar estas impopulares medidas —los Presupuestos incluirán también la congelación de las pensiones y de los salarios de los funcionarios— con la sombra de la huelga general (convocada para el próximo 29 de septiembre)como trasfondo. Una convocatoria de la que, según Salgado, no se habló en la reunión.

El Gobierno emitirá títulos de deuda a partir de septiembre para financiar el déficit de la tarifa eléctrica para poder fijar el «mix» energético.

El Ejecutivo confía en llevar al Congreso un proyecto de ley para reformar las pensiones antes de fin de año. Esperará el informe del Pacto de Toledo.