La réplica de las CC.AA. al aval al impuesto a los ricos amenaza con borrarlo del mapa

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Bruno Pérez

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Según la información difundida el pasado mes de septiembre por el Ministerio de Hacienda, las cuotas ingresadas con cargo al ejercicio de 2022 en el Impuesto sobre las Grandes Fortunas por los contribuyentes residentes en Madrid y Andalucía explicaron cerca del 95% de la recaudación total de 623 millones de euros que el Estado ingresó por esta figura fiscal.

En otras palabras, sin los contribuyentes madrileños y andaluces el impuesto ideado por el Gobierno para armonizar la fiscalidad patrimonial en España pasaría de tener más de 12.000 contribuyentes y generar una recaudación de más de 600 millones de euros a tener 843 contribuyentes y aportar menos de 40 millones a la cuenta de ingresos del Estado.

El riesgo de que la maniobra de Ayuso de reinstaurar Patrimonio para evitar que esos recursos acaben en la caja que gestiona el Gobierno del Estado genera una reacción en cadena. Desde Andalucía emplazan cualquier decisión al respecto al momento en que el Constitucional se pronuncie sobre su recurso, pero admiten que están valorando diversas alternativas para encajar la decisión del TC, que en su opinión erosiona su espacio fiscal.

La Xunta de Galicia, otra de las comunidades a las que afectó el impuesto a los ricos si bien de forma más tenue (91 contribuyente y 9,8 millones de cuota) guarda silencio por el momento. Fuentes del PP admiten que el planteamiento estratégico de respuesta al dictamen del Constitucional que se bajara en las autonomías afectadas se debate entre el 'método Ayuso', de reinstaurar el impuesto para capturar esa recaudación y emplearla en reducir otros impuestos menos expuestos a la acción gubernamental, o entre mantener la línea ya trazada y seguida por Extremadura, Comunidad Valenciana o la Región de Murcia y persistir en la derogación de Patrimonio, subrayando eso sí la responsabilidad del Gobierno Central en que los contribuyentes continúen abonándolo.

Que el debate está abierto lo demuestra el caso de Cantabria, donde los socios del PRC han convencido al PP para retrasar la derogación del Impuesto de Patrimonio en tanto el impuesto estatal sobre grandes fortunas esté vigente para no ceder al Estado esa recaudación.

Mientras tanto, los gobiernos regionales gobernados por el PP continúan aprobando rebajas fiscales. Baleares ha anunciado este miércoles que rebajará medio punto el tramo autonómico de IRPF para rentas inferiores a 30.000 euros. La medida, que beneficiará a tres de cada cuatro contribuyentes, está contemplada en los Presupuestos de 2024 que se aprobarán mañana en un consejo de gobierno extraordinario, informa Mayte Amorós.

La presidenta autonómica, Marga Prohens, explicó que la rebaja será del 0,25% para quienes estén por encima de este umbral. Calcula que la medida beneficiará a unos 400.000 contribuyentes. «Ahora que todo sube es momento de bajar impuestos», ha dicho la presidenta, que ha explicado que la rebaja afectará «especialmente a las rentas medias y bajas», ya que tres de cada cuatro declarantes se encuentran por debajo de los 30.000 euros anuales.

El gobierno autonómico dejará de ingresar unos 45 millones por esta medida. La rebaja en el IRPF se suma a otras reformas fiscales puestas en marcha como la eliminación y reducción del Impuesto de Sucesiones (ISD) entre padres e hijos, y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).