El refuerzo del gas para evitar apagones sube los precios y pone en riesgo a decenas de empresas

A falta de conocer las causas que provocaron el apagón, Red Eléctrica ha decidido en las últimas semanas utilizar de manera notoria las denominadas restricciones del mercado. Se trata de los ajustes que ejecuta la compañía presidida por Beatriz Corredor si denota que el mix necesita cambios para que no haya ningún problema. Por norma general consiste en que el operador, después de la casación del mix, aplica un nuevo 'pool' con, generalmente, mayor presencia de tecnologías robustas. Eso tiene un coste; y es elevado.

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Al margen de la contradicción de esta situación, por qué hay que cambiar la forma de operar el sistema —y meter más gas— si, tal y como dicen desde el Gobierno todo se estaba haciendo bien; la certeza, según explican fuentes del sector energético a ABC, es que ante las dudas sobre qué ha pasado, el camino de en medio ha sido la solución.

Sobre el apagón, expertos energéticos aclaran que puede haber sido un evento no previsto y que, a partir de ahora, se deba tener en cuenta, algo que añade más incertidumbre a las empresas, porque se espera que en tres meses haya un informe, pero quizá no sea el definitivo. Es decir, se pueden empezar a saber las causas reales del apagón, pero no si la red y todo la infraestructura eléctrica necesitará cambios o reacondicionamientos por la entrada de renovables, o que no tenga nada que ver. Y todo esto ha hecho saltar las alarmas a las compañías eléctricas, y en particular a las empresas comercializadoras.

En España, según los registros de la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados (CNMC), existen más de 300 empresas eléctricas que operan de modo independiente —aunque no más de una docena tienen un volumen de usuarios significativo—.

Su negocio consiste en comprar electricidad en el mercado mayorista, y después venderla a sus clientes. Pero ahora tienen un problema. Según explican fuentes del mercado a este diario, hay comercializadoras que tienen el 100% de clientes en precio fijo. Estas compañías ofrecen contratos por un año, y ellos compran la electricidad a futuro, suponiendo que tiene un coste, incluyendo esas restricciones técnicas que refuerzan el sistema. El problema es que ahora es demasiado elevado.

Ese precio ha pasado de unos 15-20 euros el megavatio a estar por encima de los 35 €/MWh. Es un coste adicional a lo que se paga por la energía. Esto tiene dos soluciones: que las empresas —las que puedan— asuman el coste; o que se lo trasladen a sus clientes —algo que no es sencillo— y terminan pagando más.

Los consumidores que tienen contratos regulados (PVPC), tendrán una subida inmediata. En España hay 8,5 millones de usuarios con esta tarifa. Sin embargo, los del mercado libre, que suponen 21,8 millones de abonados, muchos tienen contratos a un año. Por lo tanto, no se les puede tocar el recibo. Y si esta situación dura mucho, y las comercializadoras deben asumir los márgenes, puede ser la ruina para muchas empresas.

Según las consultas realizadas por ABC a algunas comercializadoras, la situación se puede interiorizar en las cuentas durante un mes o dos. Pero el Gobierno no ha dado ningún margen temporal concreto para saber cuándo se recuperará la normalidad. Y, precisamente, debe ser el Ministerio para la Transición Ecológica, o la CNMC, quienes estimen que se trata de una situación excepcional, y esto abre una vía de escape a las eléctricas: podrían refacturar a sus clientes y subirles los precios.

De lo contrario, si las comercializadoras empiezan a subir los recibos sin que legalmente estén cubiertas, luego pueden enfrentarse a reclamaciones por parte de los consumidores.

Este problema afecta a decenas de empresas, algunas con un peso importante en el mercado como Plenitude, Factorenergía, Feníe Energía, Masorange (y todas sus marcas), Holaluz, Octopus Energy, Audax, Som Energía, Gesternova, Bon Preu, Grupo Eleia… que cuentan con más de 50.000 usuarios. Y, en total, hay cerca de 3,5 millones de consumidores en comercializadoras independientes repartidas por toda España. Además, esta situación afecta mucho a Repsol, con 1,4 millones de clientes en el mercado libre, y TotalEnergies, que suma más de 800.000.

De momento no hay ningún horizonte temporal que haga adivinar cuándo se dejarán atrás estos ajustes del sistema. La única certeza en este sentido, según manifestó esta semana en el Senado la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, es que esperan tener un informe en tres meses. Un rango temporal que empezaría ya a ser un problema; y más si se decide que se prolonga hasta pasado el verano.