Las reformas de Sánchez endosan una factura de miles de millones de euros a los gobiernos autonómicos

Se trata de una medida en fase de anteproyecto y su aplicación no es inminente, pero ilustra un 'modus operandi', una especie de 'yo invito y tú pagas', que ha terminado por colmar la paciencia de los gobiernos autonómicos, que han empezado a denunciar esta práctica y la falta de lealtad institucional que implica.

Un informe interno elaborado por la Junta de Andalucía, al que ha tenido acceso ABC, identifica una docena de normas aprobadas por el Gobierno en los últimos años que han acabado traduciéndose en un incremento de costes para las arcas autonómicas y estima en más de 1.000 millones de euros anuales el impacto presupuestario que le han significado. La Comunidad de Madrid va más allá y eleva a 10.500 millones (ver información en la sección de Madrid) la deuda extra que se le ha generado desde 2019 por medidas aprobadas por el Estado.

Otras regiones como Murcia, Castilla y León o Extremadura han venido denunciando también en los últimos meses esta práctica, que sitúan al límite de los principios de autonomía fiscal y lealtad institucional que sostienen el sistema de financiación autonómica, ya que implican un pago forzoso por medidas y reformas que les suponen un incremento de coste y que nunca llevan financiación asociada.

La lista es larga y tiene hitos significativos. A menos de una semana de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 y con el Gobierno ya en funciones, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 decidió que era un buen momento para acometer por decreto una mejora sin precedentes de las prestaciones del sistema de protección a la dependencia, que en algún caso se mejoraron en un 75%. La ministra del ramo, Ione Belarra, se apuntó el tanto a solo cinco días de que los ciudadanos acudieras a las urnas pero la millonaria factura asociada al mismo acabó en su mayor parte en las arcas de las comunidades autónomas. Tanto los cálculos realizados por la Junta de Andalucía como los de la Comunidad de Madrid estiman en más de 200 millones de euros al año el coste extra de esta medida, aprobada de espaldas a las administraciones que sufragan al menos el 50% del sistema.

«Son medidas que implican un notable incremento del gasto que debemos asumir o que afectan a los ingresos del sistema de financiación, y que en la mayoría de los casos no llevan aparejada una financiación acorde al gasto que suponen», denuncian fuentes del Gobierno andaluz. «Sin perjuicio de que algunas de estas medidas sean positivas en su planteamiento y en su fondo, cualquier incremento de coste no acompañado de financiación provocará una quiebra paulatina de la sostenibilidad del sistema», advierten.

Máxime cuando no se trata de medidas puntuales. Las arcas autonómicas han tenido que encajar como las del resto de administraciones o empresas del país el coste extra por la subida de las cotizaciones sociales, también el de las reclasificaciones profesionales del cuerpo funcionarial que Función Pública ha negociado con los sindicatos del sector público pero cuyo mayor coste afecta a las administraciones autonómicas (las que más empleados públicos tienen en nómina) o el de la reducción de horas lectivas que se aprobó en la última Ley de Universidades. Todas medidas aprobadas sin participación autonómica.

Luego está el gasto extra asociado a determinadas ayudas, que el Gobierno ha regulado como cofinanciaciones para compartir el gasto con las administraciones autonómicas. Así ocurrió por ejemplo con la subvención del 50% al transporte de viajeros por carretera, para la que el Estado se comprometía a asumir el 30% de la subvención pero exigía la aportación de al menos un 20% adicional a las comunidades autónomas. Una forma de actuar que ahora quiere trasladar también a la Ley de Vivienda, endosando a las comunidades autónomas una parte del coste de unas ayudas en cuya definición no han participado.

«Sánchez se ha abonado a la política del 'yo invito y tú pagas' y esa política está poniendo en aprietos a las comunidades autónomas, especialmente a las que estamos peor financiadas», se quejan fuentes de la Consejería de Hacienda de Murcia. «En estos últimos años estamos sufriendo una falta de lealtad y respeto institucional nunca antes visto. Sánchez toma decisiones sin contar con nosotros, luego nos las impone y además tenemos que soportar el coste de esas medidas«.

Así ha ocurrido también, según denuncian fuentes de la media docena de gobiernos autonómicos consultados, en el ámbito de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hablan de proyectos para los que se exige una cofinanciación si se quiere acceder a los fondos, de la obligación de hacerse cargo del IVA asociado a los bienes adquiridos o los servicios prestados con fondos propios en algunas convocatorias y de la asunción de los costes de personal y formación con cargo a los presupuestos, por la imposibilidad de imputarlos a los fondos europeos.

Los cálculos realizados por los gobiernos autonómicos consultados apuntan a que las arcas autonómicas han terminado asumiendo con sus propios recursos alrededor de un 5% de los fondos recibidos en concepto de costes indirectos de gestión. Asumiendo esta estimación, los gobiernos autonómicos habrían pagado ya en torno a 725 millones de euros por tener la oportunidad de gestionar los cerca de 15.000 millones de euros en fondos europeos que ya han recibido.

Otro foco de conflicto viene del flanco fiscal. La Junta de Extremadura ha requerido al Ministerio de Hacienda para que le abone cerca de un millón de euros por los gastos financieros que le ocasionó la demora del Gobierno en pagarle los anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómica, que debería haber ingresado desde enero y que no empezaron a entrar en las arcas autonómicas hasta julio.

Las autonomías del PP también tienen en el foco la pérdida de recursos presupuestarios que les ocasionó las rebajas unilaterales del IVA y los impuestos especiales a la energía que acometió el Gobierno en la crisis inflacionista y que desde entonces se niega a compensarles.