La reforma legislativa para evitar el fraude en los carburantes entra en vigor con varios años de retraso

El origen de ese fraude está en otra modificación de la mencionada ley realizada en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy, a partir de la cual, los distribuidores al por menor de carburantes empezaron a vender sus productos a otros distribuidores al por menor y, algunos de ellos, sin devengar el IVA correspondiente. Fuentes del sector culpan a la Administración de que se produzca este fraude por su falta de control.

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Javier González Navarro

De hecho, el texto del real decreto ley apunta que «se considera de urgente y extraordinaria necesidad modificar tres artículos de la ley de 1998 para, por un lado, limitar la actuación fraudulenta por parte de empresas distribuidoras que actúan en el mercado sin ser tales y, por otro, para actuar de manera temprana antes casos de incumplimiento grave de obligaciones sectoriales que afectan a la competitividad dentro del sector, dando lugar a una competencia desleal entre las empresas».

Aunque en el artículo 43 se redefine a los distribuidores al por menor de productos petrolíferos y se subraya que «en ningún caso se permite el suministro entre distribuidores al por menor ni el suministro de estos a operadores al por mayor», la modificación aprobada «no va a terminar con el fraude que se dice en la justificación para hacerla porque solo está mirando 'aguas abajo' y muchos de los incumplimientos de la normativa que son el origen de los fraudes de precios en el mercado tienen la causa en las obligaciones 'aguas arriba'», afirma la Natalia Hidalgo, directora del despacho NH Asesores, expertos en impuestos especiales e hidrocarburos. Hidalgo subraya que «es imprescindible una reforma integral» de la ley de Hidrocarburos y que las modificaciones actuales «pueden quedarse en un mero maquillaje».

Además, la lucha contra el fraude del IVA «necesita de la colaboración efectiva de la Agencia Tributaria. Sin una labor de control y persecución del fraude por ese organismo los cambios en la ley de Hidrocarburos se quedarán en papel mojado». Y recuerda que el fraude no está solo en los que no pagan el IVA utilizando facturas falsas, sino también en los que pagan menos de lo debido.

Las principales patronales y asociaciones del sector también insisten en que «hacen falta medidas adicionales para frenar las prácticas fraudulentas». La Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes (Aevecar), la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA biocarburantes), los operadores Independientes (UPI), la Asociación de Terminales Líquidos (ATliq) y la Asociación Española de Bioetanol (Bio-E) recuerdan que ya han denunciado en reiteradas ocasiones «la proliferación de prácticas fraudulentas por incumplimiento de obligaciones sectoriales, como la de incorporación de biocarburantes o de obligaciones fiscales, principalmente el IVA, ocasionando problemas de competencia desleal en el sector, así como para las arcas públicas, los consumidores finales y la apuesta por la descarbonización de la economía».

No obstante, estos productores y distribuidores «valoran positivamente la prohibición de suministro entre distribuidores al por menor y de distribuidores al por menor a operadores al por mayor, dado que esta práctica facilitaba la creación de entramados societarios fraudulentos, tal y como reconoce la propia exposición de motivos de la norma, que actúan con total impunidad».

En los próximos meses se debatirán las 329 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarias al real decreto. En este sentido, Aevecar, AOP, UPI y la Ceees (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio) celebran el debate abierto en la lucha contra las prácticas fraudulentas en la distribución de carburantes en el marco de la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley 8/2023. «Suministradores al por mayor y estaciones de servicio apoyan la iniciativa propuesta por algunos grupos parlamentarios, que consiste en garantizar a la Administración el pago del IVA correspondiente antes de que se puedan extraer los carburantes del depósito».

Subrayan que tal y como reconoce el Gobierno en la exposición de motivos del citado real decreto-ley, el fraude ha alcanzado cotas gravísimas y se está incrementando exponencialmente. Las asociaciones acogen positivamente que la norma haya incorporado medidas que contribuyan a combatir algunas prácticas fraudulentas, pero recalcan que resultan insuficientes, ya que no abordan, por ejemplo, el fraude fiscal en el IVA«.

En este sentido, consideran imprescindible que, antes de antes de que salga de los depósitos fiscales donde se almacena el carburante, se garantice el pago del IVA correspondiente a la venta posterior del producto. La garantía puede consistir o bien en presentar algún tipo de aval o bien en demostrar que se trata de un operador confiable.

«Así se limitan las opciones que actualmente permiten a los operadores fraudulentos no ingresar el IVA que corresponda a las arcas públicas y se dota de seguridad jurídica a todos los eslabones de la cadena, que siempre tendrán la certeza de que sus proveedores cumplen con sus obligaciones fiscales«.

Por este motivo, las asociaciones respaldan la propuesta de modificar la ley del IVA para atajar el fraude que se produce cuando los carburantes se compran dentro de un depósito fiscal, con exención del impuesto, por un operador fraudulento que luego los vende con repercusión de un IVA que no ingresará en la Hacienda Pública.

Señalan el caso de éxito de Italia, que también afrontaba una situación similar, y está aplicando una medida en este sentido desde 2019. «Desde la Administración italiana han subrayado su efectividad y su facilidad de implantación».

Suministradores al por mayor y estaciones de servicio recalcan que el fraude en la distribución de carburante «es un grave riesgo en las distintas fases de la cadena y su erradicación requiere de un conjunto de medidas en distintos ámbitos, por lo que celebran la incorporación de medidas como garantizar el pago del IVA, propuesta por algunos de los grupos parlamentarios, como un paso decidido en la buena dirección para resolver un problema que atañe al conjunto de la ciudadanía, a la Hacienda Pública y a la competencia sana en el sector».