La reducción de jornada se retrasará al menos hasta abril y Yolanda Díaz retirará las ayudas a las empresas

De entrada, Trabajo tiene que acelerar ahora la negociación bilateral con UGT y CC.OO. para acordar los términos de la reforma y armar un texto definitivo, tras el rechazo final de la CEOE. Un proceso en el que tanto fuentes empresariales como de los sindicatos consultadas por ABC dan por hecho que decaerá el paquete de ayudas a las empresas ofrecido por Díaz para mitigar el impacto económico de la reducción de jornada entre las compañías de menos de diez trabajadores -con dos puntos fundamentales: la bonificación para los nuevos contratos que tuvieran que realizarse por la incorporación de trabajadores, que sería de un año y exigiría mantener al empleado un mínimo de tres, y las ayudas directas de hasta 6.000 euros paras las empresas de hasta cinco trabajadores para digitalización-.

A partir del momento en que Gobierno y sindicatos cuadren la propuesta, el texto deberá ser enviado como anteproyecto para la revisión del Consejo de Estado y los órganos preceptivos, en este caso el Consejo Económico y Social (CES), que deberán de realizar sus consideraciones. Una vez devuelto el texto y entre al Congreso ya como proyecto de ley comenzaría el trámite de enmiendas de totalidad y el posterior debate, para pasar a la fase de enmiendas parciales. Es aquí donde fuentes del diálogo social señalan que podrían volver a ponerse sobre la mesa algunas de las ayudas a empresas que previsiblemente retirará el Gobierno en primera instancia, como moneda de cambio para recabar el apoyo de las formaciones más críticas. «PNV y Junts podrían intentar rescatar ayudas a cambio de sus votos», puntualizan fuentes del diálogo social.

Tras este periodo de enmiendas aún quedaría el paso por la Comisión de Trabajo, la votación en el pleno del Congreso una vez se consensuen las enmiendas parciales y el envío de la ley al Senado -que podría devolverla a la Cámara Baja si se realizan nuevas enmiendas-. «En el mejor de los casos se podría aprobar en abril», señalan las fuentes del diálogo social consultadas por ABC conscientes de que el trámite parlamentario imperativo llevaría la eventual entrada en vigor a la primavera de 2025 en el mejor de los casos.

En este punto, Díaz aseguraba ayer que «con carácter inmediato» convocará la mesa de diálogo -en la que CEOE y Cepyme transmitirán su rechazo final, dando paso a la negociación bilateral con los sindicatos-. «Ya les digo que, ahora sí, el debate de la jornada laboral coge velocidad de crucero y, sin lugar a dudas, se va a reducir la jornada laboral en nuestro país», subrayaba la vicepresidenta segunda.

Según explican las fuentes sindicales consultadas por ABC la hoja de ruta pasa por concretar el texto legal de la implantación de las 37,5 horas y dos puntos de acompañamiento: el refuerzo del derecho a la desconexión digital y la implantación del registro horario digital e interoperable por parte de la Inspección de Trabajo, asociado un endurecimiento de las sanciones para las empresas que lo incumplan.

Son precisamente estas fuentes las que dan por descartado que se mantenga el paquete de ayudas, al menos tal y como lo ha previsto Trabajo a modo de cebo para atraer a las organizaciones empresariales al acuerdo tripartito al que no habrá lugar. «Negociar las medidas para empresas no le compete a los sindicatos», señalan asegurando que «no parece lógico» que UGT y CC.OO. deban suplir la labor negociadora de CEOE y Cepyme, ya que no les corresponde proteger el paquete de ayudas.

Por su parte, las patronales dan igualmente por descontado que las medidas de apoyo decaerán. Si bien, señalan que además de tener un impacto irrisorio sobre la economía de los pequeños negocios, el nivel de solicitudes sería limitado por el alto nivel de condicionantes que incluye la propuesta de Trabajo. «El impacto sería residual, si eliminan las ayudas es porque iban a ser un fracaso», explican las fuentes empresariales consultadas por ABC.

Justifican este argumento sobre dos bases. Por un lado, el nivel de incompatibilidad de las ayudas directas. Se plantean hasta 3.000 euros para digitalización de empresas de 1 a 2 trabajadores y hasta 6.000 euros de 3 a 5 trabajadores. Pero recuerdan que este plan, paralelo al del 'kit digital' que ya despliega el Ministerio de Economía -que prevé cuantías de hasta 3.000 euros para las empresas de hasta dos trabajadores y de hasta 6.000 euros hasta diez empleados- con fondos europeos, y no acumulable, tendría escaso alcance. Explican las fuentes consultadas que se trata de un baremo excluyente ya que si la empresas es de tres o más trabajadores ya ha accedido al 'kit' no optaría directamente por haber recibido ya 6.000 euros por esa vía. Y si es de 1 a 2 trabajadores sólo podría acceder a 3.000 euros de la ayuda por la reducción de jornada si ya ha recibido los 3.000 euros del 'kit' original.

Además, cabe recordar que la oferta de Yolanda Díaz está sujeta al mantenimiento del nivel y calidad del empleo en la compañía durante un plazo de tres años. Y estas ayudas para digitalización son las que dan sentido a la petición del 'kit consulting' de Trabajo, que es un servicio de acompañamiento formativo sobre la digitalización del negocio, siendo además incompatible con el nuevo 'kit digital'. Precisamente esta misma premisa del mantenimiento del empleo es el que resta potencial a ojos de la patronal de la otra parte fundamental de ayudas a la empresas por la reducción de jornada: la bonificación de los contratos de trabajo que se deban suscribir para cubrir el hueco generado por la reducción a 37,5 horas.

Estas bonificaciones sobre la cuota de contingencias comunes que prevé la propuesta no estaban aún cuantificadas pero si estaban sujetas a mantener el contrato en vigor del trabajador durante un mínimo de tres años, siendo la reducción solo para el primer año. Señalan las fuentes empresariales que la medida, por tanto, «no compensa el coste para el empleador».

Señalan así desde la patronal que precisamente esta marcha atrás en el paquete de ayudas conviene al Gobierno, consciente del irrisorio impacto que tendría entre los negocios. «A efectos prácticos, no están dando nada», señalan las fuentes consultadas que cifran el desembolso en estas ayudas en 600 millones de euros en su despliegue máximo, mientras que en un cálculo de mínimos el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos atisba un coste para el tejido productivo de cerca de 15.000 millones anuales.

Al margen de los plazos de implantación de las 37,5 horas y del nivel de las ayudas que se mantuvieran en la propuesta, y del hecho de que los sindicatos centrarán la negociación con Trabajo en las medidas de acompañamiento sobre refuerzo del derecho de desconexión digital y del registro horario, otro de los aspectos en liza es el ritmo de adaptación del nuevo límite de jornada en los convenios colectivos. En este punto, UGT y CC.OO. pedirán al Gobierno que se de un año, durante 2025, a las empresas para adaptar los convenios colectivos. CEOE y Cepyme vienen reclamando que se respetara la vigencia de los mismos, pero desde los sindicatos ven viable adaptarlos en el plazo de un año. «Ya se hace con el salario mínimo», aseguran.