El recorte de incentivos fiscales de la nueva ley de Vivienda augura una desbandada de caseros

Es justo lo contrario de lo que el Gobierno pretendía lograr con la medida. El nuevo esquema de ayudas fiscales aprobado por el Gobierno y sus socios eleva la reducción que se aplica sobre las rentas derivadas del alquiler en casos concretos, pero la recorta con carácter general a partir del 1 de enero de 2024 desde el 60% actual hasta el 50% en los nuevos contratos.

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Este recorte se aplicará sobre todos los inmuebles estén o no en áreas tensionadas. Fuera de esas zonas, la bonificación actual del 60% solo se mantendrá cuando la vivienda hubiera sido rehabilitada en los dos años anteriores a la firma del contrato, lo que la convertirá en un incentivo caduco y excepcional para los propietarios.

A las deducciones más generosas del nuevo sistema solo se podrá acceder si el inmueble cae en área tensionada. En ese caso, llegará hasta el 70% si los propietarios alquilan la vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años o si el arrendatario es una administración pública o una entidad sin ánimo de lucro que ha destinado el inmueble a algún programa de alquilre social.

Y se elevará hasta el 90% si el casero rebaja la mensualidad que le cobra a sus inquilinos un 5% o más respecto a la tarifa establecida con anterioridad, en el intento más evidente del Gobierno por tratar de propiciar una reducción de los precios de las viviendas de alquiler en las zonas calificadas como tensionadas.

El Gobierno justificó el nuevo esquema de desgravaciones por alquiler como mecanismo de impulso para que grandes y pequeños propietarios movilicen sus inmuebles al mercado del alquiler. Pero desde el sector inmobiliario advierten de que el efecto será el contrario. Desde la Federación de Asociaciones Inmobiliaras ya avisaron de que el nuevo esquema de deducciones instigará la decisión de muchos propietarios de sacar su vivienda del mercado del alquiler «al ver minorada su rentabilidad».

La realidad es que respecto al escenario actual los incentivos fiscales previstos solo son más atractivos si la vivienda está ubicada en una zona tensionada y resulta que la normativa doméstica hace descansar la declaración de una zona como especialmente tensionada en las autoridades autonómicas y locales, lo que condiciona el radio de acción del incentivo.

Fuera de eso lo que queda es que la reducción general sobre los rendimientos de alquiler de los caseros se rebaja del 60% al 50%. «Los nuevos porcentajes incrementados tendrán un efecto positivo sobre la oferta de alquiler, pero es difícil saber cuál será el efecto total porque la disminución de la reducción general operará en sentido contrario», advierte Jesús Rodríguez Márquez, socio director de Práctica Tributaria de Ideo Legal.

«Los inversores inmobiliarios son muy sensibles a los cambios en el marco fiscal», advierte Pablo G. Vázquez, responsable del Departamento Fiscal y Contable de GVA Asesores. «Igual que las mejores fiscales suelen animar el mercado, un deterioro de las condiciones retrae la inversión», asegura.

El fenómeno ha sido incluso acreditado por el Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que en la evaluación que realizó de un puñado de incentivos fiscales, entre los que estaba la reducción en el IRPF sobre los rendimientos de los alquileres, concluyó que la eliminación en 2015 de la reducción del 100% sobre las rentas de viviendas alquiladas a jóvenes -que dejó la reducción general del 60% como único incentivo fiscal- incrementó la probabilidad de que los caseros retiraran las viviendas que tenían en alquiler del mercado y provocó que el 12% de las viviendas que disfrutaban de esa ventaja fiscal desaparecieran de la oferta de pisos en alquiler en el transcurso de los tres años siguientes.

El informe de Airef también concluyó que los incentivos fiscales al alquiler eran regresivos puesto que beneficiaban más a las rentas más altas.