La rebaja del IVA entrampa a miles de pequeños tenderos de barrio sin margen para bajar sus precios

No debería ser así. Sobre el papel, la rebaja del IVA del aceite y la pasta del 10 al 5% y la de los alimentos de la cesta catalogada como básica del 4 al 0%, tendría que tener un efecto fiscal completamente neutro para los establecimientos de venta al público de alimentos, ya que no son pagadores de IVA sino meros intermediarios entre los proveedores y el cliente final, auténtico contribuyente de este impuesto que grava el consumo.

Ese será el caso para las grandes firmas de distribución y para las cadenas de tiendas de proximidad, que tienen la oportunidad de desgravarse mensual o trimestralmente (según su facturación anual) en sus declaraciones ante Hacienda el IVA abonado a sus proveedores. Para estas, el hecho de no recuperar en los precios de venta al público el IVA pagado en los meses anteriores a sus proveedores no tiene ningún impacto real sobre sus cuentas y como mucho generará un deterioro transitorio de tesorería, que se resolverá bien en febrero o bien en abril cuando ajusten cuentas con la Agencia Tributaria al realizar la autoliquidación del IVA, según explica Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Asesores Fiscales (Reaf).

La situación es diferente para miles de pequeñas tiendas de barrio, regentadas por trabajadores autónomos y que cumplen con sus obligaciones fiscales según el denominado régimen especial del recargo de equivalencia.

Según explica la web de la Agencia Tributaria, en este régimen simplificado son los proveedores los que ingresan el IVA repercutido al consumidor final al Ministerio de Hacienda mientras que los vendedores no están obligados a realizar ingreso alguno, con el objetivo declarado de aligerar sus cargas administrativas.

¿Cuál es el problema? Que en el momento de comprar el género los tenderos abonan a sus proveedores el IVA correspondiente a cada producto más un recargo en compensación por los trámites administrativos que se le cargan al proveedor, pero al contrario de lo que sucede con las empresas de distribución ellos no pueden descontarse ese IVA ante Hacienda, lo cual cuando hay un cambio fiscal como el aprobado por el Gobierno se convierte en un problema.

Es un problema porque adquirieron en 2022 un género con el tipo de IVA vigente entonces y se encuentran ahora con una bajada generalizada de precios por parte de sus competidores que ellos no pueden efectuar sin asumir un coste adicional. «A los profesionales que están en el régimen especial de recargo de equivalencia les queda o mantener los precios hasta terminar el 'stock' adquirido el año pasado o asumir el coste si quieren bajar los precios porque no se pueden desgravar ese IVA ante Hacienda», explica Javier Martín, socio director de la firma Ideo Legal.

Según José María Mollinedo, secretario general de Gestha, la distorsión generada por la reforma del Gobierno no solo afectará a las pequeñas tiendas de alimentación regentadas por autónomos en este régimen especial sino también a un puñado de establecimientos, principalmente de venta de pan y leche, que tributan en el régimen simplificado de módulos y que al tener vinculada su tributación a factores objetivos y no a su facturación también tendrán que digerir ese efecto escalón en el IVA.

Los expertos consultados aclaran, no obstante, que se tratará de un fenómeno limitado a estas primeras semanas del año, en tanto los establecimientos tiren de los 'stocks' de 2022. Luego desaparecerá.