¿Por qué los sindicatos mayoritarios no han convocado una huelga general?

Entre tanto, acudirán este lunes a la cita con la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, con la que apenas han cruzado una escueta conversación telefónica el pasado viernes. Confían en que de este encuentro salga un proceso de diálogo paralelo a la tramitación parlamentaria de la reforma en el Congreso de los Diputados. Y pondrán el máximo esfuerzo para que las enmiendas de las fuerzas políticas suavicen algunos de los aspectos más duros del real decreto, como las condiciones del despido procedente (en España, todos los negocios, incluso los de las multinacionales más boyantes, presentan tres trimestres consecutivos de caída de ventas, lo que les permitiría indemnizar con 20 días por año) o la flexibilización extrema del sueldo y condiciones de trabajo que las empresas pueden aplicar, aunque eso sí, a cuentagotas.

También mantienen la esperanza de conseguir el apoyo de otros interlocutores sociales, como las organizaciones empresariales, para reconducir al ámbito de las dos partes implicadas en las cuestiones relativas a la negociación colectiva que han puesto en el alero convenios sectoriales de gran calado que acaban de ser firmados, como los del metal, la construcción o las cajas de ahorros. Con algunos empresarios lo tendrán más fácil que con otros.

Pero los sindicatos no han convocado una huelga general, además, porque conocen el clima social de un país que se encamina hacia los 5,7 millones de parados este año. Saben que los ciudadanos todavía no tienen claro si el empleo se crea sólo a base de flexibilidad –aunque eso signifique rebajar el sueldo y despedir más barato a los que aún conservan el puesto de trabajo... para contratar en su lugar a los parados, en peores condiciones económicas-, o si se pueden buscar políticas alternativas de estímulo al crecimiento. El miedo ya paraliza algo más que las decisiones de consumo. Y sin el aliento de la sociedad una huelga general no saldría adelante.

Mientras se abre –o no- una fase de negociación, y las centrales emprenden la etapa de información y calentamiento, el calendario avanza hacia dos fechas muy destacadas. El 23 de febrero dará a conocer la Comisión Europea sus previsiones de crecimiento para este año en los países de la zona euro, y el Gobierno de Mariano Rajoy da por seguro que ese dato estará, en el caso de España, muy por debajo de la estimación anterior. El desfase entre el crecimiento y la recesión, junto a las tres reformas servidas en bandeja a Bruselas –estabilidad presupuestaria, sistema financiero y mercado de trabajo- debieran posibilitar que el Ejecutivo y los socios comunitarios se ablanden y permitan extender el plazo comprometido para reducir el déficit.

A vender la contundencia de las reformas, y en especial de la que afecta el mercado de trabajo, se habrían dedicado los mensajes del ministro de Economía y del presidente del Gobierno en sus declaraciones a micrófono y cámara abierta, por más que se hicieran pasar por “reservadas”. Los sindicatos también han tomado la medida a estas manifestaciones. “Es una reforma agresiva”, anticipó De Guindos, y Rajoy se apresuró a vaticinar que le iban a “hacer una huelga”.

Si las centrales sindicales declaran no estar dispuestas a permitir que el presidente del Gobierno les marque la fecha de una huelga general no es solo por no darle la razón a Rajoy sino por controlar otro elemento del calendario. La campaña por las elecciones andaluzas y asturianas, convocadas para el 25 de marzo, se va a cruzar con la tramitación parlamentaria de la reforma laboral. Las dos centrales son las primeras interesadas en aprovechar el juego que pueda dar este factor político de primer orden.