Repsol exige 8.000 millones de euros por YPF

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha vinculado la nacionalización al "goloso" descubrimiento de hidrocarburos de "Vaca Muerta" y a la profunda crisis social y económica por la que atraviesa Argentina, cuya presidenta, Cristina Fernández, se ha negado a reunirse con él para negociar una salida al conflicto en YPF.

El directivo ha asegurado que la ley obliga al Ejecutivo argentino a lanzar una opa por el cien por cien de YPF, de la que Repsol controla el 57,4 %, a un precio de 46,55 dólares por acción (unos 35 euros), lo que supone valorar el total de la compañía en 18.300 millones de dólares (14.000 millones de euros). En este contexto, ha acusado al Gobierno de Argentina de haber llevado a cabo una campaña de "hostigamiento, coacciones y filtraciones interesadas y calculadamente planificadas" para provocar el derrumbe del precio de YPF y facilitar así su expropiación "a precio de saldo".

Ha puesto en duda que la Casa Rosada vaya a pagar a Repsol lo que le corresponde y augurado una larga y dura batalla legal, al tiempo que ha asegurado que la expropiación no afectará ni al aprovisionamiento ni al precio de los carburantes en España.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha reunido con el embajador argentino, Carlos Bettini, para trasladarle personalmente el malestar del Gobierno con la decisión que afecta a Repsol, cuyas acciones caían a media sesión de la Bolsa un 6 %.

Se trata de un ataque directo a la firma presidida por Antonio Brufau, pues el texto legislativo –compuesto de 19 artículos y «cincuenta páginas de argumentos jurídicos», dijo Kirchner– se refiere en exclusiva a las acciones que de YPF maneja Repsol (cuya participación total es del 57,4%). Nada señala, sin embargo, sobre el 25% en manos del grupo argentino Peterson. Eso sí, los fondos de inversión norteamericanos que controlan desde la Bolsa un 17% de YPF sí pueden estar tranquilos, pues la presidenta aseguró que nada sucederá a esas acciones.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha afirmado en una entrevista a RNE que "España no se puede quedar de brazos cruzados ante una decisión tan hostil" y se ha preguntado "qué seguridad jurídica ofrecen estos anuncion de nacionalización", ha añadido que "a pesar de que Argentina es un país amigo ya es poco seguro invertir allí". Soria ha hecho hincapié en que no se trata de una decisión contra los intereses de una empresa sino contra España y los españoles". El titular de Industria ha recalcado que la decisión del Gobierno argentino "no se ajusta a derecho, ni al derecho argentino ni internacional", si bien ha advertido de que eso "no quiere decir" que no se tomen medidas como ésta con otras empresas españolas que operan en el país latinoamericano. "Una vez abierta esa puerta, es una puerta difícil de cerrar", ha admitido. Soria ha anunciado que ha solicitado una comparecencia urgente en el Congreso para explicar "la posición del Gobierno" ante la expropiación.