Rajoy abarata el despido «para frenar la sangría del paro»

Otra novedad importante es la que hace referencia a las rescisiones por causas objetivas, supuestos en los que no se altera la indemnización (20 días y 12 mensualidades como máximo) pero en las que el empresario no precisará de autorización previa de la Administración en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en los que, en todo caso, será el juez quien determine si se trata o no de un despido objetivo.

Junto a esto, las empresas dispondrán de bastante más flexibilidad de la acordada recientemente entre sindicatos y patronal en el Acuerdo de Negociación Colectiva, puesto que podrán aducir causas empresariales en el despido procedente cuando su compañía arrastre una mala situación traducida "la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos". Una posibilidad que, dada la gravedad de la crisis, a la que podrían acogerse miles de empresas.

Será más fácil el descuelgue (el abandono de las condiciones pactadas en el convenio colectivo relativas, por ejemplo, a funciones del empleado, salario y jornada) y la ultraactividad de esos pactos laborales no excederá de 24 meses. Esto es, un convenio no podrá prorrogarse de forma indefinida, como hasta ahora, más allá de 24 meses.

Saénz de Santamaría y Báñez encardinaron la reforma laboral, que calificaron de "histórica", en el seno de los grandes cambios estructurales que necesita la economía española, y defendieron la acción del Gobierno al "gobernar y completar" aquello en lo que los agentes sociales no lograron un acuerdo. Ambas destacaron que los pilares fundamentales del cambio son la flexibilidad y la lucha contra la rigidez del sistema que, aseguraron, han hecho que la primera salida de los empleadores durante la crisis haya sido la del despido. A largo plazo, apuntaron, la reforma pretende "sentar las bases para crear empleo de calidad".

También habrá estímulos, sobre todo para emplear a los colectivos más castigados por el paro, los jóvenes y los desempleados de larga duración. En este sentido, el más destacado es el que hace referencia a la bonificación con 3.000 euros para las empresas de hasta 50 trabajadores que contraten a su primer parado menor de 30 años. Este trabajador, además, podrá compaginar parte de su prestación por desempleo (el 25%) con su nuevo sueldo. Y también se beneficiará el empleador, que se deducirá el equivalente al 50% de esa prestación por paro. Este modelo, denominado ‘contrato indefinido de apoyo a los emprendedores’ incluirá un año de prueba, que será el tiempo del que una y otra parte se beneficiarán de las ayudas.

En esa línea de apoyo a los más jóvenes, explicó Báñez, habrá también bonificaciones en la contratación indefinida de hasta 3.600 euros para la captación de menores de 30 años y de 4.500 euros en el caso de parados de larga duración. Otra novedad importante, desde el próximo 21 de diciembre no se podrán encadenar contratos temporales durante más allá de 24 meses. Al tiempo, el Gobierno promoverá las contratación a tiempo parcial para que conciliar vida laboral y familiar sea un poco más fácil. "Hoy los empresarios tienen mecanismos más potentes para atreverse a contratar", sentenció Báñez, que recordó que ese recurso constante al despido durante la crisis ha ahondado la pérdida de competitividad de la economía española.

En un gesto muy significativo, la vicepresidenta anunció novedades interesantes en el despido de los directivos de las entidades de crédito que sean cesados, que tendrán acotada su indemnización a dos años de salario fijo. Y más aún, si los ejecutivos han sido sancionados por su actuación al frente de la entidad no tendrán derecho a ninguna indemnización.

Las empresa públicas también se llevan lo suyo: en este caso, la indemnización máxima a la salida de siete días por año trabajado, con un máximo de seis meses. Si estas personas eran funcionarios y al abandonar la compañía regresan a su puesto anterior, tampoco tendrán derecho a ese pago.

La formación es otro eje de la reforma laboral que, por cierto, se tramitará como proyecto de ley y no como real decreto, aunque entrará en vigor en apenas 48 horas. Por eso el Ejecutivo ha anunciado la creación de una cuenta-formación que acompañará a los trabajadores durante toda su vida, similar a que se tiene en la Seguridad Social, y que facilitará itinerarios de formación personalizados y concederá el derecho a una formación (pagada por la empresa) de 20 horas al año. El teletrabajo, que se detalla por primera vez, o la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal actúen como agencias de colocación son también algunas de las novedades. Las mutuas conforman otro capítulo de la reforma, pues el Ejecutivo quiere contar con ellas de una forma mucho más decidida a la hora de luchar contra el absentismo injustificado. Este último aspecto será desarrollado en una ley específica en la que se contará con los agentes sociales y todas las partes implicadas.