Javier Ruiz-Mateos atribuye a su padre la operación de una estafa de 12 millones

En la que es su tercera causa en Mallorca por este supuesto delito, Ruiz-Mateos ha optado de esta forma por guardar silencio ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, quien le había citado por segunda vez bajo el apercibimiento de que podría ser detenido en caso de que no acudiese a su cita judicial. La primera vez que fue llamado a declarar en este caso fue el 22 de febrero, si bien finalmente no acudió alegando problemas de salud.

Junto a ambos imputados también ha sido emplazada a declarar la supuesta testaferro de Ruiz-Mateos, María Susana Alvarez Ampuero, quien ha manifestado que firmaba como apoderada y administradora de dos de las empresas avalistas en esta operación, Complejo Bodeguero Bellavista y Free Size. La encausada, que permaneció en los Juzgados con gafas de sol y la cabeza cubierta por un pañuelo, está al frente de unas 60 sociedades de Nueva Rumasa.

En concreto, la querella de esta causa afirma que la familia Hoz es titular legítima de unos créditos que ascienden a 12,4 millones de euros, de los cuales se encuentran vencidos 641.078 euros, como consecuencia de la venta de las acciones de la sociedad a la entidad Free Size Slu, que según el escrito está en manos de una empresa domiciliada en el paraíso fiscal de Belice. Al frente de la mercantil se encuentra la imputada Alvarez Ampuero.

La totalidad de las acciones fueron vendidas por un total de 21 millones de euros, de los cuales 19,5 millones quedaron aplazados, tal y como consta en la escritura de compraventa. El escrito asevera que el hecho de que la familia Ruiz-Mateos declare que tiene todas las empresas en paraísos fiscales "ante la desconfianza del Gobierno" y que no se presentaran cuentas consolidadas como grupo de empresas "ha facilitado que todos ellos en conjunto, y como colaboradores necesarios, hayan perpetrado la presente estafa".

Cabe recordar que el empresario y sus seis hijos varones tienen retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional después de que así lo decretase el pasado mes de enero el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien además acordó para ellos la obligación de comparecer periódicamente 'apud acta' en dependencias judiciales, en el marco de otra causa por una presunta estafa de 7,3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó.

Las mismas medidas cautelares que días después adoptó la jueza de adscripción territorial María Pascual, en funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en el caso que indaga una supuesta estafa de 13,9 millones a Inversiones Grupo Miralles. La magistrada decretó asimismo una fianza civil de 18,5 millones de euros para el conocido empresario.