Sin rastro de los avales para hipotecas que el Gobierno aprobó hace seis meses

Fuentes gubernamentales confirman que, medio año después, siguen trabajando en ello. Concretamente, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) está en conversaciones con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para definir las condiciones y criterios de la medida, que ha pasado dos veces por Consejo de Ministros pero que requiere que pase una tercera formalizando un convenio entre ambas instituciones.

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Desde que se llevó al cónclave ministerial a principios de mayo apenas se ha concretado nada. Ya en junio el Gobierno comentaba que estaban en conversaciones el ICO y Transportes para sacar adelante el convenio. Pero de momento eso no se ha producido y siguen en esa discusión. La razón que esgrime el Ejecutivo para llevar tantos meses de retraso está en la dificultad de establecer las condiciones y las diferencias por cada comunidad autónoma.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dijo al momento de la aprobación en mayo que se establecerán distintos criterios y condiciones en cada región ya que, señalaron, no es lo mismo comprar una casa «en Galicia o en Madrid». Fijar esas diferencias, en base en buena medida al precio de la vivienda, es una de las cosas que está retrasando la puesta en marcha.

Desde el Ejecutivo no saben cuándo podrán alumbrar de manera efectiva esta medida, ya que todavía queda mucho camino por recorrer. Sí que destacan que tarde o temprano acabará en funcionamiento, pero desconocen cuándo. De hecho, PSOE y Sumar añadieron la medida en su reciente pacto de gobierno, sin mencionar que en realidad lleva ya seis meses parada en los despachos. Asimismo, el convenio que deben firmar el ICO y Transportes no es el único paso. Este, con las condiciones y criterios, deberá ser aprobado en Consejo de Ministros y luego firmado por ambas partes. Después llegará el momento de negociar con los bancos.

La negociación con las entidades sería a través de las patronales bancarias AEB y CECA para establecer un marco de colaboración público-privada para poder desplegar los avales. Ya que aunque el Estado garantice parte de las hipotecas, el dinero y el control de los riesgos seguiría siendo responsabilidad de la banca. Tras este segundo marco, los bancos tienen que mostrar su voluntad de adherirse al mismo para ofrecer los avales en oficinas, algo que en todo caso sería voluntario.

Cuando se produjo el anuncio, el Gobierno señaló que la línea de avales sería de 2.500 millones de euros y que serviría para avalar los préstamos de unas 50.000 personas/familias. El funcionamiento de estos sería que el Estado garantizaría, en última instancia, la devolución de parte del préstamo hipotecario si el deudor no pagara el crédito. Irían dirigidos a jóvenes de hasta 35 años y familias con hijos menores a cargo.

El porcentaje del préstamo que avalaría el Estado alcanzaría hasta un 25% (al máximo se llegaría con una vivienda eficiente energéticamente) del crédito. Estas garantías públicas se diseñarían para que aquellos jóvenes y familias que ahora no pueden acceder a una hipoteca porque no tienen ahorros para dar la entrada del piso, sí que puedan disponer de un préstamo de hasta el 100% del valor de tasación o venta del inmueble. El crédito sería mayor de lo habitual, pero no sería necesario aportar ahorros de primeras. Los solicitantes no podrían superar el límite de ingresos individual de 37.800 euros brutos anuales, que se duplicaría si la vivienda es adquirida por dos personas. Este límite se incrementaría en 2.520 euros brutos anuales por cada menor a cargo y, en el caso de familia monoparental, se podrá aumentar en un 70% adicional.

En cuanto a su vigencia temporal, los avales podrían formalizarse hasta finales de 2025, con posibilidad de prórroga dos años más en función de la demanda y las circunstancias.