«Muchas pymes nos vemos abocadas al cierre por los retrasos en los cobros de nuestras facturas»

Según este informe, la causa principal de las demoras no ha cambiado, sigue siendo la misma que hace un año: si en 2023 el 39% apuntaban a los problemas financieros como el principal causante, este año lo hacen el 34%. Además, algo más de un 30% opinan que los retrasos llegan por problemas administrativos y más de un 22% cree que los impagos son demoras intencionadas, porcentaje que sube desde el 15% de 2023.

En el 89% de los casos, el importe de estos pagos sin cobrar no alcanza el 5% de la facturación de las empresas. Sin embargo, en el caso de las pymes, el retraso en los pagos puede significar la diferencia entre abrir su negocio al día siguiente o no. «A las pymes, el retraso de los pagos nos ahoga cada día más. Muchas nos vemos abocadas al cierre», relata el presidente de Aceim (la Asociación de Empresas del Metal de Madrid) y empresario, Luis Collado.

El último observatorio de Cepyme sobre la morosidad coincide. Según la patronal de las pequeñas y medianas empresas, «el problema de la morosidad se agrava». En el primer trimestre del año el periodo medio de pago (PMP) subió hasta los 84,3 días. El incremento interanual en el plazo de pago en el primer trimestre fue de 0,9 días, el mayor en cuatro años. «Esta evolución supone un grave lastre para las empresas españolas», valoraban entonces desde Cepyme. Además, según los últimos datos publicados, un 57% de las empresas presentaba al cierre de 2023 un riesgo alto o medio alto de pagar a más de 90 días.

La morosidad, sin embargo, no afecta de igual forma a todos las empresas. Según Collado, «hay sectores que pagan mucho antes que el PMP y otros a un plazo muy superior». El empresario advierte de que, uno de los mayores afectados es la construcción y todos los sectores relacionados con esta. «En construcción el PMP aumenta hasta los 100 días de retraso –dato que coincide con el indicado en el informe de Cepyme–», asegura, y lamenta que, con recursos propios, las pymes «no pueden hacer frente a los retrasos».

Otro de los problemas de la morosidad es que, en muchas ocasiones, la pequeña empresa no tiene capacidad para negociar, por lo que tiene que aceptar que se les paguen las facturas con retraso: «Al ser la parte más débil de la negociación, el cliente final (la gran promotora o constructora) es la que tiene el poder. Si no aceptamos este plazo de pago no nos adjudican la obra y si rechazamos nos quedamos sin trabajo», explica Collado. Otro sector que tiene un PMP mayor a la media es la industria, con un periodo medio de pago de 115 días en el primer trimestre de 2024.

El presidente de la Apiem (Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid), Ángel Bonet, cuenta a ABC que el retraso en los pagos afecta a su sector en especial. «Las pymes instaladoras son las últimas de una cadena y soportan todos los retrasos derivados del pago de sus clientes», cuenta el presidente de la asociación y empresario, que agrega que la Administración «no está realizando ni un seguimiento ni un cumplimiento estricto de la ley en vigor y tampoco hay un régimen sancionador disuasorio».

«Nuestro sector paga las consecuencias de los excesivos plazos de pago. Ante esta situación, las pymes deben autofinanciarse –actuar como minibancos con sus clientes–, lo cual es absurdo porque los bancos deben financiar a las personas o empresas que quieren acometer un proyecto, no a aquellas que lo ejecutan», cree Bonet.

Agrega además que uno de los desafíos más perjudiciales y peligrosos para los pequeños y medianos empresarios es el problema de los impagos: «Según datos de Cepyme, una de cada cuatro empresas en la UE quiebra por los efectos de la morosidad. Este fenómeno no solo pone en peligro la salud financiera de las empresas afectadas, sino que también tiene un impacto profundo en la economía en su conjunto».

Ambos empresarios creen que el responsable del problema es la Administración pública. «Debe velar por el cumplimiento de la Ley además de constituir un organismo de seguimiento y control que favorezca una mayor competitividad empresarial y una mejor salud financiera», sentencia Bonet.

La Administración, según el análisis de Informa D&B, es también el sector con mayor retraso medio en los pagos. Es decir, el que paga con más demora (con 26,5 días de retraso). Le sigue la hostelería (con 20,86 días de retraso), construcción y actividades inmobiliarias (con 14,38 días), comunicaciones (14,16 días), el comercio (13,44 días), industrias extractivas (con 12,71 días) y la industria (11,53 días) .

Actualmente, la norma en España limita el periodo medio de pago máximo a 60 días. Sin embargo, según los últimos datos publicados por Cepyme, la media en España alcanza los 83 días, 23 más de lo permitido. Esta norma sanciona el retraso, pero el reglamento europeo de morosidad sí lo hará y también reducirá el PMP máximo a 30 días, aunque, de momento, no hay una fecha establecida para su aprobación.

El reglamento fue bloqueado a finales de mayo por la falta de consenso entre países, el Consejo de Competitividad tuvo que posponer la aprobación. En opinión de Cepyme la única forma de garantizar un cambio es a través de la aprobación de un reglamento europeo y pide al Gobierno de España y del resto de estados europeos que lleguen a un acuerdo en el próximo Consejo de Competitividad.

«Hay que prohibir los retrasos en los plazos, muchos sectores necesitan financiación. Ahora mismo, las pymes están haciendo de acreedoras. Si el PMP aumenta no ganamos dinero, eso hace que no podamos pagar a proveedores ni a la plantilla, eso merma la producción y acaba derivando en cierre, generando desempleo por un problema de falta de legislación», concluye Collado.