Puente recoloca en su ministerio al exjefe de gabinete de Sánchez

Serrano relevará en el cargo a Cristina Moreno, una alta funcionaria cercana al socialismo valenciano que fue la primera mujer al frente del gestor de las autopistas del Estado, y estará bajo el paraguas del ministro de Transportes, Óscar Puente, con el que mantiene una buena relación personal, y de la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano.

Varias fuentes de la empresa postal y del entorno gubernamental consultadas por ABC coinciden en que Óscar Puente tuvo un papel activo en defensa de Juan Manuel Serrano en la crisis institucional interna que desencadenó el cese del presidente de Correos. Según este relato, confirmado por tres fuentes diferentes, el actual titular del Ministerio de Transportes, al que corresponde la regulación del mercado postal, habría intercedido a favor de Serrano dentro del debate interno que se abrió en el seno del Gobierno sobre la continuidad o no de un gestor bajo cuya dirección la empresa postal del Estado sumó cerca de 1.000 millones de euros en pérdidas y se aproximó al abismo de la quiebra.

La mediación de Óscar Puente a favor de Serrano no fue suficiente contrapeso a la voluntad del Ministerio de Hacienda y de la SEPI de resolver lo que se había convertido en un foco de turbulencias constantes, por el choque frontal de Serrano con los sindicatos mayoritarios en la empresa, nada menos que CC.OO. y UGT -con ecos que llegaron a la cúpula de ambos sindicatos- y por los constantes desencuentros con la directora del hólding de empresas del Estado, Belén Gualda, una persona de la máxima confianza de María Jesús Montero.

El expresidente de Correos se hará cargo del día a día de una empresa que ,a priori, le generará una menor responsabilidad que la postal por cifra de negocio y número de empleados. Aunque por delante tendrá igualmente el objetivo de recuperar la inversión de una compañía para la que el Gobierno estimó en 2021 un coste provisional para el erario público de alrededor de 1.000 millones de euros por Responsabilidad Patrimonial de la Administración, debido a una cláusula de salvaguarda incluida en los contratos con las concesionarias (ACS, Ferrovial, OHL, Isolux Corsán, etc), que fijaba una compensación por incumplimiento de expectativas de tráfico.

La cifra podría acabar siendo muy superior, pues los fondos que compraron los 3.700 millones de deuda de las infraestructuras, estiman que la factura total asciende a varios centenares de millones por encima.

El dinero corresponde a los más de 700 kilómetros de autopistas quebradas que el Estado empezó a expropiar en 2017 y que Seitt tendrá que seguir gestionando hasta el año 2032. Son en total nueve vías de pago por uso: las cuatro radiales de Madrid (R2, R3, R5 y R4); la M-12 Eje Aeropuerto, que une la capital con Barajas; la AP-41 Madrid-Toledo; la AP-36 Ocaña-La Roda; y la AP- 7 en dos tramos, circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera.

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La empresa facturó en 2022 alrededor de 113 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de cuatro millones. Unos números que se duplicarán en las cuentas de 2023, hasta los 265 millones de cifra de negocio y los 8,7 millones de ganancias, según estimó el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado del año pasado.

Serrano asumirá la administración de la empresa, tras su cuestionado ciclo en Correos, en el que ha dejado a la compañía pública con mayor número de empleados (alrededor de 50.000), en una situación financiera muy delicada. Durante su mandato, iniciado en 2018 y concluido a finales de 2023, la empresa acumuló pérdidas cercanas a los 1.000 millones y necesitó recurrir a préstamos bancarios incluso para pagar las nóminas durante el Covid, acumulando un endeudamiento financiero de 600 millones de euros.

Tampoco tuvieron encaje sus planes para diversificar la compañía, y proyectos como el de Correos Cargo dejaron un pufo de 25 millones de euros en el balance de la empresa, como ya contó en exclusiva este periódico.