Planas replica a Bruselas que España sí envió información científica antes del veto a la pesca de fondo

El ministro también ha precisado que el estudio económico social, obligatorio en este tipo de decisiones, «no se lleva a cabo por ICES, que hace los científicos, sino por el Comité Técnico, Económico y Científico (STECF) que es activado por la Comisión». En este sentido, ha añadido que este organismo «nunca» le solicitó informe alguno sobre la materia. «Actuamos de una forma muy rigurosa y, por tanto, no creo que la Comisión esté acertando con este tipo de manifestaciones», ha apuntado.

El ministro ha reconocido también su preocupación por el impacto del reglamento de aplicación que veta a las artes de pesca de fondo en 87 zonas pesqueras de España, Portugal, Francia e Irlanda, y que está en vigor desde el pasado 9 de octubre. En este sentido, sin entrar en cifras concretas, ha lamentado «el menor número de capturas" y la »precipitación« de Bruselas confirmando que presentarán el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, en paralelo, seguirán negociando las condiciones de la prohibición. Lo que afecta, estima el titular de Pesca, solo en España a unos 300 barcos. Una cifra que elevan hasta 500 en el sector (unos 2.500 pescadores) de las flotas de Gran Sol y de arrastre del Golfo de Cádiz. Planas también ha destacado que también el incremento de la cuota de la merluza del sur, conocida esta semana, aumentada en 4.122 toneladas 9.201 toneladas es »una excelente noticia para el sector y los 1.200 barcos en el Cantábrico y el Golfo de Cádiz«.

Por otra parte, la flota europea se reunió ayer con el comisario de Pesca Virginijus Sinkevičius en la que la Comisión descartó rotundamente suspender el veto y remitió a la revisión de la misma, que tendrá lugar en diciembre tras el informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). El comisario sí abrió la puerta a mejorar la relación con el sector. La pesca europea estuvo representada por el director general de la patronal Europêche, Daniel Voces, el de la española Cespesca, Javier Garat, junto al máximo responsable de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés) Iván López y el presidente de la Asociación Europea de Organizaciones Productores Pesqueras (EAPO, en inglés) Esben Sverdrup Jensen. Además de representantes de patronales de países como Dinamarca, Francia, Holanda, Irlanda y Polonia.

De esta forma, el sector pesquero ha mostrado al comisario su desacuerdo con aspectos técnicos y de procedimiento alrededor de la medida como el uso de informes científicos, con información no actualizada, la falta de consulta al sector y la inclusión inesperada de artes de pesca menos lesivas para los ecosistemas marinos como el palangre de fondo. Todo lo anterior, ha llevado este lunes a la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP Burela) junto a 16 barcos palangreros de fondo a anunciar la presentación de su propio recurso ante los tribunales europeos.

En este sentido, las organizaciones que agrupan a las principales flotas comunitarias ante el comisario del ramo, han coincidido con los argumentos que España esgrimirá en el recurso contra la decisión de la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) . Para ello, tendrá de plazo hasta el próximo 16 de noviembre.

La siguiente fecha marcada en rojo en el calendario es diciembre, cuando se publique el informe científico actualizado dando lugar a la revisión de esta medida que no sería efectiva hasta 2023. De cualquier modo, fuentes del Ministerio de Luis Planas, descartan que se apruebe algún tipo de régimen de ayudas a los afectados.

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estimaron la semana pasada que el mayor daño por el cierre se centra en 59 buques palangreros junto a algún barco que faena en la Bahía de Cádiz y, desde la Xunta de Galicia, hicieron hace unos días un primer cálculo de daños para la economía gallega: 812 millones de euros. Desde Cofradías alertaron de «mermas» en capturas durante los primeros días de la prohibición, especialmente en la flota gallega.