Los propietarios se blindan del tope del 2% al alquiler y los nuevos contratos se disparan al más del doble que la subida del IPC

La alerta la lanza Sociedad de Tasación, que señala que la medida ha ocasionado que los propietarios incrementen el precio inicial que piden a sus potenciales inquilinos. Un efecto que ya se refleja a la vez en los precios de los contratos formalizados en los meses que lleva en vigor la medida. Según los datos de Alquiler Seguro, en diciembre el importe medio de los nuevos alquileres aumentó un 14%, mientras los arrendamientos en vigor, protegidos en su mayoría por el Gobierno, solo lo hicieron un 5%.

«Lo que hacen los propietarios es defenderse. Los contratos los firman a mayor precio del que tenían previsto porque luego no pueden subirlos con el IPC», señala la directora de instituciones y grandes cuentas de Sociedad de Tasación, Consuelo Villanueva. «El problema es la incertidumbre que viven los caseros. No saben si habrá más prórrogas y por cuánto tiempo serán. Es lo que puede hacer tambalear el mercado del alquiler», añade la experta.

Esta conclusión se apoya en datos. Tras varios meses de subidas de precios en los nuevos alquileres después del tope al 2%, estos tendieron a moderarse. En octubre y noviembre comenzaron una desaceleración, pero la inseguridad jurídica que creó el anuncio de la prórroga de la medida, los disparó por encima de los 800 euros de media. Un aumento que ha podido ser mayor en las principales ciudades españolas.

En concreto, las capitales de provincia donde más creció el precio del alquiler en diciembre fueron Gerona (+23,61%), Zamora (+22,04%), Alicante (+22,03%), La Coruña (+16,49%), y Barcelona (+16,47%), según los datos del portal inmobiliario pisos.com.

Llama la atención el ascenso del precio en las urbes catalanas. Durante aproximadamente año y medio (entre septiembre de 2020 y marzo de 2022), los alquileres permanecieron topados en más de medio centenar de municipios de la región por la ley autonómica de contención de rentas aprobada por el Parlament, hasta que el Tribunal Constitucional declaró nulo el límite a los arrendamientos en marzo del año pasado.

Pero desde el destope, los precios no han cesado en su ascenso en las zonas de Cataluña que pidieron ser denominadas como tensionadas, y esto ocurre no solo por la eliminación de los límites, sino porque durante el tiempo que estuvo en vigor la ley, miles de caseros decidieron vender sus inmuebles o dedicarlos al mercado turístico, lo que estranguló el nivel de oferta. Según un estudio llevado a cabo entre de la Universidad Pompeu Fabra y la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), durante la vigencia de estos topes en Cataluña, los precios de los arrendamientos en la región apenas bajaron un 5%, mientras que la oferta disponible se redujo un 15%.

«Se ha demostrado en Cataluña que la limitación de los precios no ha mejorado el mercado, sino que ha provocado que haya menos disponibilidad y ello unido a la prórroga de la limitación al 2% está provocando estas subidas de precios», explica a este periódico, la abogada y socia de Círculo Legal Barcelona, Arantxa Goenaga. Para la experta, normas como la del tope establecido por el Ejecutivo, solo sirven para convulsionar el mercado porque «lo intervienen con medidas que solo favorecen los impagos y políticas que no incentivan la inversión en propiedad sino imposiciones a los propietarios».

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Y el daño lo acaban pagando los inquilinos. «Los precios dificultan el acceso al alquiler a los que más lo necesitan que por un lado son aquellos más jóvenes que quieren emanciparse y a aquellas familias que se encuentren en una situación más comprometida», apunta el director de estudios de pisos.com, Ferran Font.

Hay más perjuicios para ellos. Porque con el tope del 2% no solo se han disparado los precios, sino que otros caseros han aprovechado el final de los contratos en vigor «para deshacerse de ciertos inquilinos o volver a poner la vivienda en el mercado para conseguir una mejora en el alquiler», señala Villanueva de Sociedad de Tasación. Unas prácticas de las que ya se percataron en Unidas Podemos y por las que arrancaron la congelación de los contratos a sus socios del PSOE en el último paquete de medidas antiinflación aprobado en los últimos días de 2022. Hasta el 30 de junio, los propietarios estarán obligados a prorrogar durante seis meses los contratos de alquiler que caduquen.

Y todo esto ocurre cuando está a punto de concretarse una norma estatal con grandes pretensiones de intervención en los alquileres. Según, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, las subidas en los nuevos contratos también son fruto del miedo de los caseros a los efectos de la ley de vivienda que PSOE y Unidas Podemos ultiman en el Congreso.

El proyecto de ley actual ya contempla una congelación en los contratos como la que se aplica actualmente para los pequeños propietarios. Solo que en este caso no sería durante seis meses, sino por un mínimo de tres años. El tiempo en el que un barrio o municipo puede ser declarado como zona tensionada por ayuntamientos y comunidades.