Comparativa | El precio del alquiler en las calles de España donde más sube vs. el máximo que quiere fijar el Gobierno

Sin embargo, según ha podido comprobar ABC, el índice dictado por el Gobierno dista mucho de la realidad del mercado. Para llegar a esta conclusión se ha comparado el precio de alquiler de diversos inmuebles publicados a día de hoy en idealista con los establecidos por el Ministerio de Vivienda. Los pisos tomados como ejemplo rondan los 80 metros, están amueblados y se encuentran en los barrios en los que más ha subido el alquiler en el último año.

Así, para el departamento de Isabel Rodríguez un piso de 75 metros cuadrados en la Calle Pintor el Greco, en el Albaicín (Granada), debería tener un precio de entre 308 y 528 euros. Sin embargo, el arrendatario pide 800, es decir un 52% más.

Tal y como se observa en la siguiente tabla, hay ejemplos en los que la distorsión entre mercado y Gobierno es todavía más acusada.

Un ejemplo claro es cómo para Vivienda, un piso de 50 metros en la Calle San Nicolás, en Málaga, debería exigir una renta máxima de 709 euros; está en alquiler por 2.000.

En Valencia, en el barrio de Aiora, en la Calle Santos Justo y Pastor, por un apartamento de 72 metros el arrendatario pide 1.340 euros; para el ministerio el precio máximo debería ser de 624.

Según ha podido comprobar este periódico, hay dos capitales en las que el índice y la realidad del mercado van de la mano. Son Soria y Huesca, donde los precios en los portales inmobiliarios se sitúan muy cerca del umbral máximo, pero no los superan.

Pese a la expectación generada por índice, lo cierto es que de momento sólo se aplicará en Cataluña, aunque comunidades como Asturias y Navarra ya han mostrado interés por usar los topes.

No obstante, los límites solo podrán funcionar en las zonas tensionadas, y deben ser las propias comunidades autónomas quienes pidan introducir un municipio o barrio bajo esta denominación.

Asímismo, los límites establecidos afectará a los grandes tenedores. Es decir, a aquellos propietarios de más de diez pisos, que las autonomías pueden reducir, si lo solicitan, a cinco. Igualmente, puede afectar a aquellos propietarios cuya vivienda se encuentre en una zona tensionada y no haya sido arrendada en los últimos cinco años.