El PP propondrá posponer la prohibición europea a la venta de coches diésel y gasolina más allá de 2035

El PP hace de esta medida uno de sus principales baluartes. La preocupación es a nivel continental y compartida por sus homólogos europeos. Cuando falta apenas una década para la prohibición de los vehículos de combustión, el coche eléctrico no termina de despegar y está aún lejos de ser una opción asequible para las familias. En total, el año pasado se vendieron en España 113.784 turismos electrificados, pero más de la mitad de ellos (51,3%) fueron adquiridos por empresas.

Es una línea en la que coinciden las distintas formaciones del Partido Popular Europeo, cuya mayoría votó en contra del veto a los vehículos de diésel y gasolina en el Parlamento Europeo. La medida propuesta como parte del paquete legislativo para alcanzar los objetivos climáticos en 2055, salió adelante finalmente con 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones.

En todo caso, el acuerdo incluye una cláusula de revisión por el que la Comisión Europea tendrá que evaluar en 2027 si se están dando todas las condiciones adecuadas para que el veto pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2035. En ese punto, Bruselas podría recular y aplazar a otra fecha la entrada de la norma.

En ese examen, el Ejecutivo comunitario determinará si el coche eléctrico es accesible económicamente para las familias y si existe la infraestructura necesaria de puntos de carga necesaria. Sobre esa medida también orbita el programa de los populares, encabezados en los comicios por Dolors Montserrat, que exigirán a la Comisión Europea y los estados miembros hacer una apuesta seria para la extensión de los surtidores. Sin ir más lejos, en España, el objetivo era el de tener instalados el año pasado 45.000 puntos de recarga, pero a día de hoy esa cifra está muy por debajo, unos 29.000, según Anfac.

Dentro del mismo paquete, el PP también apoyará el desarrollo de combustibles neutros para motores de combustión, incluidos los de camiones y autobuses. Una reivindicación similar a la que hace el sector del transporte por carretera que pide a Europa una transición energética realista. Asociaciones como Astic han reclamado que, en la hoja de ruta de la transición verde europea, además de la electricidad, también se contemple el hidrógeno verde, el gas natural vehicular y los combustibles renovables para incentivar el uso de un mix energético y se respete el principio de neutralidad tecnológica.

El área económica del PP liderada por Juan Bravo y Paloma Martín propone en total hasta ocho medidas en materia de movilidad y de infraestructura para transportes.

El PP apoyará el desarrollo de combustibles neutros en emisiones de carbono para que sean usados en motores de combustión de camiones, autobuses, turismos y furgonetas, «garantizando su accesibilidad para todos los usuarios».

Los populares aseguran que exigirán a la Comisión Europea y a los estados miembros que den «pasos más decididos» para aumentar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos.

Como parte de su propuesta económica, el PP asegura que impulsará a nivel comunitario una directiva para garantizar el mantenimiento y buen estado de las vías de alta capacidad en la Unión Europea, «elementos vertebradores del transporte terrestre».

Según se desprende en la hoja de ruta europea del PP, se abogará por facilitar el despliegue de las redes que conectan a España con el resto de Europa, «especialmente el corredor Mediterráneo europeo, el corredor Atlántico europeo, la ruta Andalucía-Algarve, la ruta de la Plata y la travesía central del Pirineo».

La lista encabezada por Dolors Montserrat instará al Banco Europeo de Inversiones a ofrecer un paquete financiero específico para el desarrollo de «transportes urbanos prioritarios». En ese elenco, los populares introducen al metro de Sevilla, que actualmente tiene la línea 3 en construcción.

Los populares también proponen expandir el desarrollo de proyectos de innovación e infraestructuras de transporte en la España despoblada y en las regiones aisladas, insulares y ultraperiféricas.

Como último punto, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, defenderá en Europa «la mejora de los estándares europeos» de accesibilidad en el transporte público para personas con movilidad reducida.