El PP llama a comparecer a las ministras Sánchez y Montero y a la presidenta de la Sepi para explicar el acuerdo Correos-Ávoris

La solicitud de comparencia lleva el sello de su portavoz, Cuca Gamarra, y son los diputados Víctor V. Píriz y Celso Delgado los que han preparado una veintena de preguntas al Ejecutivo sobre la 'joint venture' que sellaron el operador postal y Ávoris para activar Correos Cargo, uno de los proyectos más ambiciosos de su presidente, Juan Manuel Serrano, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.

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Susana Alcelay

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¿Qué órgano o qué responsable adoptó la decisión? ¿En qué momento Correos es conocedor de las pérdidas económicas del proyecto? ¿Estableció Correos un sistema de control de costes que permitiera conocer la rentabilidad de cada vuelo? ¿Realizó Correos algún análisis de viabilidad de la operación? ¿Quiénes tomaron la decisión en Correos de aceptar que un avión con su capacidad de carga limitada al 50% comenzara a operar? Son algunas de las preguntas sobre las que busca respuesta el principal partido de la oposición, que ya el pasado mes de febrero alertó de «la casi bancarrota de la entidad» y exigió al Gobierno que adoptara medidas para evitar que la entidad pública «entre en una situación irreversible». Entonces los populares lanzaron 44 iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones por el hundimiento del negocio postal y el fiasco de los nuevos negocios desde la compañía. Y avisaron también de los números rojos de la empresa propiedad del Estado desde que está al frente Serrano. Recordaron que para este ejercicio ha presupuestado pérdidas de 240 millones de euros y que, de confirmarse estas previsiones, bajo su presidencia la empresa pública estatal acumularía unas pérdidas en el entorno de los 1.000 millones de euros.

Sobre Correos Cargo los populares consideran que el proyecto se ha llevado a cabo con una base legal que debería ser analizada por el Tribunal de Cuentas y aseguran que ha tenido un resultado económico muy lesivo para la empresa pública. Advierten de que la modalidad de contratación elegida por Correos, sin un pliego de contratación y mediante un concurso que tuviera en cuenta, por ejemplo, penalizaciones por retrasos o incidencias de las aeronaves, ha supuesto que la empresa pública «desarrollara la actividad con las manos atadas y sin margen de maniobra».

Ciudadanos también reaccionó a la información de ABC sobre el contrato para poner en vuelo el avión de carga y aseguró que «se trata de otro de los desplantes del Gobierno de Pedro Sánchez, quien impuso al actual presidente de Correos premiándole por su trayectoria en el PSOE, y de la enésima muestra de desprecio por los cauces establecidos para asegurar el buen uso del dinero público».

Las fuentes de la formación naranja explicaron a ABC que «la combinación entre el desprecio a la transparencia y la colonización de las instituciones por parte del PSOE es una combinación letal, no sólo para el buen nombre de Correos, que acumula numerosas polémicas bajo este Gobierno (como el sello del Partido Comunista), también para el buen uso del dinero público». Añadieron que esta operación «de más que dudosa regularidad se ha saldado además con una chapuza que ha costado millones a las arcas públicas».

Las mismas fuentes explicaron también que España «no está para despilfarrar dinero público y menos aún cuantías tan altas como la que en este caso detalla ABC, que supondría una cuarta parte del presupuesto necesario para aprobar de una vez la ley de la ELA que el Gobierno lleva un año bloqueando, por no hablar de las enormes dificultades económicas para el día a día de millones de familias españolas que tienen que soportar ver cómo, mientras ellas no reciben una sola ayuda del Estado, se juega con sus impuestos con esta opacidad e irresponsabilidad».