El PP se compromete a bajar la retención de IRPF al 80% de los asalariados y al 90% de los pensionistas este mismo año

De mantener el planteamiento que registró como enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año, que concentraba la deflactación de la tarifa en los tres primeros tramos del Impuesto sobre la Renta y por tanto en las rentas inferiores a los 40.000 euros, la rebaja fiscal alcanzaría al 80% de los asalariados y al 90% de los pensionistas.

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«Los españoles notarán nada más llegar las rebajas de impuestos de Feijóo«, ha recalcado Juan Bravo. La enmienda que los populares presentaron en el trámite parlamentario de los Presupuestos de 2023 planteaba actualizar los umbrales de renta de los tres primeros tramos de IRPF, los mínimos personales y las deducciones »aplicando con carácter general un incremento porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2022«, es decir, al 8,5%, lo que según sostenían entonces los populares permitiría »compensar la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y, al mismo tiempo, permitir que la subida de las pensiones sea neta y que los funcionarios no pierdan un tercio de la subida de sueldo que tienen aprobada«.

La información sobre recaudación que mes a mes proporciona la Agencia Tributaria revela que la no deflactación de la tarifa está provocando una subida generalizada de la presión fiscal sobre asalariados y pensionistas, que están soportando un tipo impositivo más elevado pese a que en la mayoría de los casos están perdiendo poder adquisitivo.

No es la única rebaja fiscal que el Partido Popular pretende afrontar en sus primeros días de gobierno si alcanza La Moncloa. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha revelado también este jueves que se rebajará el IVA del 10% al 4% a las carnes, el pescado y las conservas, lo que según sus cálculos supondría un ahorro de hasta 150 euros en la cesta de la compra y según una estimación de la consultora PwC para Aecoc tendría un coste extra semestral de 420 millones de euros para las arcas públicas.

Bravo también ha avanzado otras medidas que se tomarían en los primeros 100 días de gobierno, como la derogación de la Ley de Vivienda aprobada en la recta final de la legislatura por el Gobierno de coalición, «que restringe la oferta con los topes de precios y refuerza la okupación»; o la transformación del impuesto a la banca en un fondo para las familias en situación de especial vulnerabilidad por la subida de las hipotecas.