Las políticas económicas dirigidas a los jóvenes sufren recortes en Europa por el envejecimiento

Esta tendencia, similar entre las principales potencias de la Unión Europea no es nueva. En los últimos diez años, el aumento del peso de la población mayor ha obligado a los gobiernos europeos a reconfigurar sus estrategias de gasto público con un incremento de los desembolsos dirigidos a la sanidad, los cuidados y las prestaciones sociales, principalmente en favor de las personas de la tercera edad, en detrimento de otras partidas presupuestarias, las dirigida a mejorar la vida y las expectativas de los más jóvenes como pueden ser las medidas en materia de vivienda o educación.

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Según las cifras del desembolso por países en sus diferentes rúbricas, son precisamente las dirigidas a mejorar las condiciones de los más jóvenes las que se han visto más perjudicadas pese al aumento en términos generales del gasto del Estado, que se ha incrementado sin excepción en los últimos veinte años. Así, según las cifras recogidas por Eurostat, el gasto público general ha crecido entre 1995 y 2019 en 0,9 puntos porcentuales de PIB en el caso de España, 0,8 puntos en el caso de Alemania, 2,1 puntos en Francia y 0,7 puntos en Italia. De modo quelas principales potencias de la Unión Europea destinaban justo antes del estallido de la pandemia entre un 42 y un 55% del PIB.

Pero esta tendencia, como se ha mencionado, tiene beneficiados y damnificados. Tomando como referencia la subdivisión del gasto se observa como en el caso de España la política de vivienda ha perdido recursos en los últimos años pasado de suponer un punto del PIB en 1995 a situarse en el 0,4% del PIB en 2019 -un recorte del 60%-. Y misma suerte corre la partida de educación, a la que se destinaba un 4,3% del PIB hace dos décadas para situarse en el 4% en la actualidad.

Por contra, otras partidas presupuestarias con impacto en la población mayor sí han crecido en este periodo. Al tiempo que el gasto sanitario ha pasado del 5,8 al 6,1% del PIB, el dinero desembolsado en protección social -rúbrica en la que el peso principal está en la pensiones de jubilación y demás prestaciones- se ha incrementado desde el 14,3 hasta el 17,4% del PIB.

Drenaje de recursos presupuestarios hacia la tercera edad

Gasto público destinado a cada partida (% de PIB)

1995

2008

2019

España

Alemania

4,1

4,3

3,9

4,2

Educación

4,0

4,4

1,0

0,8

1,1

0,7

Vivienda

0,4

0,4

20,7

14,3

Protección

social

13,8

18,8

17,4

19,6

5,2

6,1

6,1

6,5

Sanidad

6,1

7,3

Francia

Italia

4,4

5,8

4,3

5,4

Educación

3,9

5,2

0,7

0,9

1,2

0,6

Vivienda

1,1

0,5

21,3

17,5

Protección

social

21,8

18,0

23,8

21,1

5,1

7,1

7,0

7,4

Sanidad

6,8

8,0

Fuente: Fedea / ABC

Drenaje de recursos presupuestarios hacia la tercera edad

Gasto público destinado a cada partida (% de PIB)

1995

2008

2019

España

4,3

4,2

Educación

4,0

1,0

1,1

Vivienda

0,4

14,3

Protección

social

13,8

17,4

5,2

6,1

Sanidad

6,1

Alemania

4,1

3,9

Educación

4,4

0,8

0,7

Vivienda

0,4

20,7

Protección

social

18,8

19,6

6,1

6,5

Sanidad

7,3

Francia

5,8

5,4

Educación

5,2

0,9

1,2

Vivienda

1,1

21,3

Protección

social

21,8

23,8

7,1

7,4

Sanidad

8,0

Italia

4,4

4,3

Educación

3,9

0,7

0,6

Vivienda

0,5

17,5

Protección

social

18,0

21,1

5,1

7,0

Sanidad

6,8

Fuente: Fedea / ABC

Y la misma dinámica registrada en España se reproduce en el resto de potencias. Si nos fijamos sólo en la última década los datos son paradigmáticos. Alemania ha reducido en 0,3 puntos de PIB la inversión en política de vivienda, si bien es la única de las grandes potencias que ha elevado el gasto en educación, en 0,5 puntos de PIB. Por contra aumenta en mayor medida el desembolso en protección social, en 0,8 puntos del PIB, misma medida en la que ha aumentado el gasto sanitario.

También Francia se experimenta un ligero retroceso del presupuesto para vivienda, de 0,1 puntos porcentuales y de 0,2 puntos en educación. Mientras que, como en el resto de países, aumenta el gasto sanitario en 0,6 puntos porcentuales y en 2 puntos en protección social. Italia, en la misma línea, eleva 3,1 puntos el desembolso ligado a las pensiones de jubilación si bien en este caso se reduce ligeramente el gasto sanitario, en 0,2 puntos. También retrocede en 0,1 puntos la política de vivienda y un 0,4% menos de gasto en educación.

Con todo, la senda iniciada hace ya más de veinte años parece que sólo podría acentuarse en base a los incentivos políticos, inexistentes, para revertir la tendencia y tampoco los factores financieros que determinan la acción de gobierno allanan el cambio de modelo. «La existencia de un déficit estructural permanente, estaría amplificando el problema de justicia intergeneracional mencionado anteriormente. Es decir, no solo la mayor parte del gasto va hacia los mayores, sino que como no se está recaudando lo suficiente para financiar este gasto (hay un elevado déficit estructural), se tiene que financiar con deuda pública, que no es otra cosa que facturas impagadas que se trasladan a las futuras generaciones», explican el profesor de economía en la Universidad Bocconi, Vincenzo Galasso, y el subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz en el artículo analítico 'Efectos Económicos de la Demografía Política'.

Explican los expertos que aquí está el origen también del desincentivo electoral causante de la situación. «El hecho de que cada vez se tenga menos en cuenta las preferencias de los jóvenes en los procesos electorales es un grave problema. Por un lado, les genera menos incentivos a ir a votar y la caída de la participación de los jóvenes debilitará la legitimidad de los gobiernos elegidos», señalan.

Para aumentar la participación de los jóvenes en la dinámica social se plantea como una solución contar con una regla fiscal intergeneracional, que regule automáticamente la asignación del gasto público. De este modo se estipularía que por cada euro adicional asignado a programas de gasto público dirigidos a las personas mayores se debería asignar un euro adicional a programas de gasto dirigidos a los jóvenes.

También se plantea establecer que estos recursos no pueden ser financiados por deuda. Por lo que esta regla fiscal intergeneracional no tendría capacidad de reducir o reasignar el gasto público existente, ya que solo afectaría a las futuras medidas de política fiscal. Ayudaría a reorientar el gasto fiscal a favor de los jóvenes a lo largo del tiempo, actuando sobre los flujos de gasto futuros siendo un contrapeso a las dinámicas demográficas que, al aumentar el número de personas mayores, tienden automáticamente a aumentar el gasto total de programas como pensiones, salud, o dependencia, y aumentaría el coste de oportunidad de transferir recursos a los mayores para ganar elecciones.