«No se podrá bajar el paro hasta que no haya una reducción drástica de las cotizaciones sociales»

Para el que fuera presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y miembro en la actualidad del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de CEOE, José Luis Feito, esta situación tiene causas claras: el coste del despido, que según sus datos es el mayor de todas las economías desarrolladas y no tanto por su coste regulatorio, que también, sino porque hay una inmensa mayoría de despidos improcedentes (90%), más caros, cuando en el resto de Europa ese porcentaje no llega ni a la mitad; también por la estructura de la cobertura al desempleo, que según el economista en Europa tiene un estructura mucho más condicional a la aceptación de los empleos o la formación que se les ofrece a los perceptores y que aquí tiene una condicionalidad mucho más suave; y por último a la estructura de la negociación colectiva, que privilegia lo pactado a nivel sectorial o territorial que en el nivel de empresa.

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Todo ello contribuye, a juicio de Feito, a que la tasa de paro en España sea sensiblemente más alta que en otros países, un problema que tiene tintes de lastre para el crecimiento. «En España no se podrá bajar el paro hasta que no haya una reducción drástica de las cotizaciones sociales», ha dicho el economista, que ha advertido que la escalada de subida de cuotas sociales aprobada por el Gobierno en los últimos años para sufragar la factura creciente del gasto en pensiones va a tener consecuencias a futuro tanto sobre la creación de empleo como sobre los salarios. «Es evidente que cuanto mayores sean los costes laborales que se imponen las empresas menor será la creación de empleo y la subida de los salarios».

"Tenemos una tasa de paro estructural del 13% y es la misma desde hace décadas", ha lamentado José María Serrano, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En su opinión parte de culpa en esto lo tiene que "las empresas privadas se muevan en un marco legislativo perturbador para el adecuado funcionamiento de la economía", como califica el hecho de que desde 1978 se hayan aprobado más de 400.000 normas en España y que solo en 2021 se hayan aprobado más de 12.000.

Serrano también apunta a la elevada vulnerabilidad de la economía española por la persistencia de su déficit público y su deuda pública "que la hacen especialmente dependiente de los mercados financieros internacionales y del BCE". "Es un riesgo que se debe evitar alcanzando el equilibrio presupuestario", remacha.

"Para atender los gastos necesarios para intentar frenar el cambio climático y para atender las crecientes necesidades asistenciales provocados por el envejecimiento de la población, necesitamos unas cuentas saneadas", ha incidido el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich.