El PNV y ERC, preocupados por la invasión de competencias del pacto entre PSOE y Sumar

«El acuerdo deja muchas dudas y preguntas en el aire, y el documento requiere una lectura sosegada y un análisis más profundo. Nos preocupa, por ejemplo, que algunos asuntos puedan suponer invasión de las competencias en sanidad, educación, becas, cuidados o vivienda», explicaban fuentes del PNV. En el mismo sentido se expresaba Patrícia Plaja, portavoz del Govern, para la que «toca mirar con lupa y detalle la letra pequeña del acuerdo para que no haya intentos de invasión de competencias». Recelos fundados, pues ya la ley de Vivienda, aprobada en la pasada legislatura, está recurrida en el País Vasco y Cataluña por ese posible conflicto de intereses.

Los nacionalistas fueron más allá, criticando no solo el fondo, sino también las formas del anuncio. «Nos preocupa parte del lenguaje empleado, que no parece caminar sobre la senda del respeto al autogobierno de las comunidades autónomas y el desarrollo de sus estatutos», apuntan fuentes del PNV, que dejaron en el aire el posible acuerdo con el PSOE. «Queda todavía, mucha tela que cortar. Este acuerdo con Sumar no es sino el primer (y más sencillo) paso para la investidura de Sánchez, que depende de los partidos vascos y catalanes, entre ellos el PNV», reivindicaron estas fuentes.

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Por su parte, en ERCy Junts, más centrados en la negociación sobre la amnistía y el referéndum, optaron por un perfil más bajo, pero marcando territorio respecto a esa invasión de competencias. «Las medidas que supongan más gasto a la Generalitat deben ser compensadas como toca, es decir, deberán ir acompañadas de la financiación necesaria», apuntó Plaja, poniendo el foco de nuevo en la transferencia de fondos, que será uno de los asuntos clave durante las conversaciones con el PSOE.

Cataluña y el País Vasco no fueron las únicas comunidades que mostraron ayer preocupación por las medidas incluidas en el acuerdo de coalición. Desde el Partido Popular, que gobierna en 14 de las 19 autonomías, creen que hay «materias que si no están sustentadas en amplios acuerdos institucionales no tienen ningún recorrido». Así lo expresó Borja Sémper, que ejerció de portavoz tras el Comité de Dirección, y que denunció el conflicto que supone hablar de medidas en parcelas transferidas a las comunidades. «Si tenemos un problema en España que tenga que ver con la mejora del sistema sanitario parece razonable que las medidas que se implementen sean fruto del acuerdo entre las Comunidades Autónomas y Gobierno» y no de un simple pacto de coalición.

Varias comunidades gobernadas por el PPse reafirman en esta idea. «Nos preocupa que en el pacto de PSOE y Sumar se pretendan imponer medidas que deben ser consensuadas con los agentes sociales y con las administraciones autonómicas, pero a nadie escapa que todo esto queda supeditado al independentismo, porque Sánchez sabe que está en sus manos», explican a ABC fuentes del Gobierno de Aragón.

En la Región de Murcia, el presidente Fernando López Miras, se refirió a otro de los temas de conflicto del pacto con las autonomías que, ademas, es clave en su comunidad. «En un tema vital para nosotros como el agua es el peor programa que se ha presentado. Hablan de reducir regadíos y ponen como alternativa sólo la desalación sin mencionar el travase Tajo-Segura ni un Plan Hidrológico Nacional. Es el programa más dañino en materia de agua que haya propuesto cualquier Gobierno de la democracia», señaló el popular a ABC.