El plan del Gobierno para levantar 100.000 alquileres sociales se pierde en el papeleo

Han pasado más de cuatro años desde esa promesa y el panorama apenas ha cambiado. Los precios de compra y alquiler siguen subiendo, la Ley de Vivienda está atascada en el Congreso... y no se ha entregado ni una sola de las 20.000 viviendas sociales recobidas en el llamado 'plan Ábalos'.

Pese a ello, Raquel Sánchez, la actual ministra del ramo, ha decidido ir un paso más allá de su antecesor y ha comprometido la construcción de hasta 100.000 viviendas de alquiler social en los próximos años, un volumen que de cumplirse supondría incrementar un 33,3% el parque de vivienda social.

España contaba en 2020 con 290.000 viviendas sociales destinadas al alquiler, según los datos del Observatorio Housing Europe, un 1,1% del parque total existente en Europea. España tiene menos de una vivienda social por cada 100 habitantes, un dato que deja una «amplísima distancia» con la media europea que en 2020 era de cuatro viviendas sociales por cada 100 habitantes, según los datos oficiales que ofrece el Ministerio. Países Bajos y Austria, los países europeos que lideran este indicador, disponen de más de 10 viviendas por cada 100 habitantes; Reino Unido y Francia tienen más de siete; Alemania supera las dos viviendas por cada 100 habitantes. Por debajo de España solo hay seis países: Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia y Rumanía.

«El peso de la vivienda social en España mejora si se analiza respecto al total de viviendas, ya que aumenta a 2,5 viviendas por cada 100 inmuebles. Sin embargo, se debe hacer algo para mejorar la situación y aliviar los problemas relacionados con la vivienda, que presionan a los hogares de ingresos bajos y moderados», aseguran desde Housing Europe.

Para cerrar esa brecha el Gobierno ha presentado en los últimos años varios planes para levantar viviendas sociales. El primero fue el denominado 'plan Ábalos', que comprometió la construcción de 20.000 viviendas de alquiler a precios asequibles. El proyecto mutó poco después, y todavía con el valenciano en el cargo, el Ejecutivo se puso un nuevo listón: impulsar 100.000 viviendas de alquiler social.

Las cuentas que hace el Gobierno para llegar a este objetivo son algo confusas pero se resumirían más o menos así: 14.000 vendrían de actuaciones coordinadas con autonomías y ayuntamientos en el marco de los planes estatales de vivienda - en los que no solo hay actuaciones de promoción de vivienda sino bonos para facilitar el acceso a una vivienda de alquiler y otras ayudas de diferente naturaleza -, otras 10.000 saldrían de convenios suscritos con ayuntamientos, otras 10.000 vendrían del Fondo Social acordado con la banca en 2012, que en realidad ya tiene arrendadas 9.831 que no se sabe muy si se van a contabilizar en esas 100.000 o no; la Sareb aportaría otras 15.000 viviendas y suelos para desarrollar 10.000 más; 20.000 vendrían del 'plan Ábalos; y el resto de las 20.000 viviendas para alquiler social de alta eficiencia energética que el Gobierno se a comprometido con Bruselas a poner en el mercado antes del mes de junio de 2026, y para las que dispone de 1.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación.

El Gobierno se ha comprometido a poner en marcha, antes de final de año, una web que centralizará toda la información sobre sus planes para ensanchar en esas 100.000 unidades el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles. Mientras tanto el compromiso está más rodeado de sombras que de otra cosa.

Desde que en 2018 se formulara el compromiso inicial de hacer 20.000 viviendas de alquiler asequible poco se ha avanzado en ese camino más allá de firmar convenios colaboración, tramitar el farragoso papeleo previo a poder desarrollar un suelo y, eso sí, fortalecer las finanzas de Sepes, la sociedad estatal a la que se ha encomendado la misión de hacer viable el objetivo.

Ni un solo ladrillo se ha puesto en los suelos propiedad de Sepes llamados a albergar las 20.000 viviendas y a lo más que se ha llegado es a iniciar las obras de urbanización de alguno de los ámbitos. Un hito relativo si se tiene en cuenta que la mayoría de esos suelos están en la cartera del Estado, para promover viviendas sociales desde hace quince años.

Sepes, eso sí, ha recibido 258 millones de euros desde 2018 de los Presupuestos para desarrollar esos suelos, una parte de los cuales ha servido para taponar el agujero millonario, que la devaluación de hasta el 70% que habían experimentado desde su adquisición, había generado en las cuentas de la entidad. Ahora, su objetivo es acondicionar los terrenos y cederlos, aunque sea gratuitamente, a los ayuntamientos para que promuevan en ellos vivienda social.

El objetivo de Sepes es que las máquinas puedan entrar en los terrenos cuya situación administrativa está más avanzada el año que viene, pero eso aún no ha sucedido. En los últimos años, el ministerio ha ido concediendo subvenciones nominativas a diversos ayuntamientos para sufragar sus planes de promoción de alquileres asequibles, pero poco o nada se sabe de su desarrollo, y el Gobierno reconoce en su proyecto de Presupuestos de 2023 que el criterio para medir el cumplimiento de los objetivos de estas inversiones está por definir, por lo que no es posible saber si han servido para poner viviendas en el mercado.

Las inmobiliarias reconocen la falta de alquileres sociales en mercados como Madrid y Barcelona. Pero denuncian que la batalla competencial ha enturbiado los planes anunciados por el Gobierno. «En los últimos años no se ha hecho nada. El ministerio dice que las competencias son de las comunidades y las comunidades denuncian los problemas para desarrollar el suelo que les ponen los ayuntamientos», destacan.