El 'plan Escrivá' recorta un 25% la pensión de las rentas altas respecto a sus salarios

Las últimas proyecciones sobre el impacto de las medidas sitúa a los trabajadores con los sueldos más altos en el centro de la diana de la reforma. Pagarán más y no por ello recibirán una pensión mayor por parte del Estado en el momento de la jubilación. Nada más lejos de la realidad. Pese a tener ante ellos un horizonte de incremento de las cotizaciones por una triple vía, el mecanismo de equidad intergeneracional, el despote de bases máximas anual (incluido el IPC) y la nueva cuota de solidaridad, su tasa de sustitución, es decir, el porcentaje de pensión sobre el último salario irá mermando considerablemente. Concretamente, pasarán de jubilarse con una prestación equivalente al 80% de su última nómina a hacerlo con un 60% tras el despliegue total del paquete de medidas, lo que supone una variación a la baja del 25% (20 puntos porcentuales).

Esta rebaja de la generosidad del sistema, no obstante, no es homogénea. Si bien existen dudas sobre cuál será el impacto de las medidas sobre la totalidad de los trabajadores en términos de sustitución de salario por pensión debido a la aplicación, principalmente, al aumento del periodo de cómputo de la pensión de 25 a 29 años pudiendo descartar los dos peores, lo que ya se vislumbra con, más claridad es el rejonazo que se asestará a la contributividad de los sueldos altos. En este caso, centralizado en la doble senda de aumento de bases máximas, que será diez veces mayor que la de la pensión máxima de jubilación.

«Supone una reducción muy considerable del grado de contributividad del sistema», explica el autor del informe, Ángel de la Fuente, director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Sin embargo, lo más preocupante de esta parte del análisis sobre el efecto del destope de las bases máximas de cotización está en el corto alcance de la medida. Cabe recordar que las bases máximas crecerán un 1,2% por encima de la inflación entre 2024 y 2050. Producto de esta senda de subida de las bases, los ingresos por cotizaciones mejorarían en 0,4 puntos del PIB para mitad de siglo, es decir, unos 5.600 millones de euros, apenas una sexta parte del alza de gasto por la indexación de la revalorización con el IPC. Mientras que la cuota de solidaridad llevaría a pagar al casi millón de cotizantes por encima de la base máxima otro 0,1% adicional, otros 1.400 millones de euros.

Impacto estimado del RDL 2/2023 sobre las sendas de ingresos y gastos del sistema público de pensiones

En % del PIB

Variación ingresos

Ahorro neto

Variación ingresos sobre Ageing 21

Ahorro neto sobre Ageing 21

Variación gasto

-1,00%

-0,80%

-0,60%

-0,40%

-0,20%

0,00%

-0,20%

2050

2023

25

2030

2035

2040

2045

24

Fuente: Fedea

ABC

Impacto estimado del RDL 2/2023 sobre las sendas de ingresos y gastos del sistema público de pensiones

En % del PIB

Variación ingresos

Variación ingresos sobre Ageing 21

Ahorro neto

Ahorro neto sobre Ageing 21

Variación gasto

-1,00%

-0,80%

-0,60%

-0,40%

-0,20%

0,00%

-0,20%

2023

25

30

35

40

45

50

24

Fuente: Fedea

ABC

Como se ha mencionado, el alcance es escaso y está lejos de resolver la brecha entre ingresos y gastos que se agravará a partir del despliegue de las medidas de la reforma capitaneada por el ministro José Luis Escrivá. Tanto, que estas subidas de cotización recaen sobre una masa salarial de unos 30.000 millones de euros, que son los excesos exentos de aportar a la Seguridad Social, el total de las rentas salariales situadas por encima de la base máxima. Sin embargo, esto tan solo supone un 2,64% del PIB, un 5,30% de las rentas del trabajo y un 4,46% de las rentas brutas de los hogares.

«El potencial recaudatorio de gravar estas rentas, incluso a tipos muy elevados, es por tanto muy limitado en comparación con el de gravámenes sobre bases más amplias», advierte De la Fuente en el análisis.

Pero al margen del golpe a la contributividad que asesta este segundo paquete de medidas, Fedea advierte de que la última reforma de pensiones aprobada por el Gobierno reducirá el desequilibrio esperado del sistema durante los próximos años, «pero sólo de forma modesta».

Concretamente, proyecta un ahorro neto del 0,39% del PIB que generaría la reforma en 2050 «se reduciría sustancialmente, hasta desaparecer». Los cálculos elaborados por el director adjunto de Fedea apuntan a que, en 2050, las medidas contenidas en la última reforma de pensiones implicarán un gasto del 0,51% del PIB y un ahorro del 0,9%, lo que llevaría a que el ahorro neto por el conjunto de las medidas fuera sólo del 0,39% del PIB, equivalente a unos 5.500 millones de euros.