Pisos a 1.050 euros al mes en Mallorca: Prohens lanza su programa de 'Alquiler Seguro'

El nuevo plan anunciado este lunes por la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, se pondrá en marcha a partir del próximo mes de noviembre. El objetivo es que los precios del alquiler sean asumibles para los residentes de las Islas, tanto jóvenes como familias con rentas medias que deberán acreditar 5 años de residencia en Baleares.

El ejecutivo regional actuará como 'intermediario' entre arrendador y arrendatario «sin margen para la especulación». Estas viviendas se alquilarán a precio de mercado tras una tasación oficial que no podrá superar los 1.500 euros en Mallorca y Menorca, y los 2.100 en Ibiza y Formentera. Después se rebajará el precio a los inquilinos hasta un 30% del precio inicial, un importe que será asumido por el gobierno de Prohens. De este modo, el precio máximo por un alquiler en Mallorca o Menorca será de 1.050 euros, y de 1.470 en Ibiza y Formentera.

Esta medida se toma en pleno debate social sobre la masificación turística y los efectos negativos que afectan también al acceso a la vivienda de los residentes. En los últimos meses, un movimiento social ha salido a la calle para clamar 'Turismo sí, pero no así'. Según el último estudio de Fotocasa, sólo hay un 0,2% de las viviendas en alquiler en Baleares por debajo de los 900 euros mensuales.

La presidenta ha explicado este lunes que un piso tasado por 1.200 euros al mes, el inquilino deberá pagar al Gobierno autonómico 890 euros; si se tasa en 1.000, pagará 700 euros y si se tasa en 850 euros, abonará 595 euros. La diferencia será asumida por el gobierno regional. El plan de Alquiler Seguro tendrá un coste anual de 12 millones de euros anuales durante su vigencia.

El Gobierno balear ofrecerá a los propietarios que se adhieran al plan tres modalidades de cobro: mensual, anual o un pago anticipado de siete años de golpe, que es la duración del contrato. De esta forma, el gobierno quiere darles la seguridad jurídica de que cobrarán el alquiler.

«Queremos romper la barrera para muchos propietarios de pisos vacíos que prefieren tenerlos vacíos que alquilar, por miedo a impagos, desperfectos o por malas experiencias», ha recalcado Prohens sobre el objetivo de este programa que empezará en noviembre con la captación de viviendas vacías de pequeños propietarios. Quedan excluidos los grandes tenedores.

El consejero de Vivienda, José Luis Mateo, cree que este programa «rescatará» para el mercado del alquiler residencial viviendas que ahora se destinan al vacacional. Entre otras ventajas, el propietario tendrá la «garantía absoluta de cobro del alquiler», podrá desgravarse el 70% en la declaración el IRPF (al ser vivienda para uso social y a precio tasado) y, tras el alquiler, la recuperará en las mismas buenas condiciones.

Para adherirse a este plan, los pequeños propietarios deben tener la vivienda desde hace al menos 3 años. Además, deberán asumir el pago del IBI y las cuotas de la comunidad.

Los inquilinos deberán acreditar un mínimo de 5 años de residencia y tener ingresos máximos de 6,5 veces el IPREM, que son 60.667 euros anuales en caso de un inquilino o de 68.250 euros para dos arrendadores. Deberán usarla como vivienda permanente y al finalizar el contrato se devolverá en iguales condiciones salvo por el desgaste de uso. Para el inquilino, la principal ventaja es que pagará un precio por debajo del precio de mercado de la vivienda, que los pisos están en buen estado y en disposición inmediata.

Como norma general, los arrendatarios no podrán ser propietarios de una vivienda en la isla donde desea alquilar la vivienda ni podrá tener parentesco hasta tercer grado con el propietario.

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Para ser incluidas en el programa, las viviendas no pueden ser de obra nueva, tener una antigüedad mínima de 3 años; que lleven 6 meses vacías o sin nadie empadronado desde hace 1 año, en buen estado de limpieza y mantenimiento, y con suministro de agua y electricidad.

El Colegio de Agentes de la Propiedad (Coapi) y el de Administradores de Fincas (Cafbal) se encargarán de elaborar un informe de tasación previa del precio que deberán pagar a los propietarios.

El presidente del Cafbal, Antoni Jaume, ha explicado que las viviendas se comercializarán por los canales ordinarios (colegios y portales en internet) y teniendo en cuenta por ejemplo para determinar la solvencia del inquilino no debe destinar más de un 40 % de sus ingresos a pagar el alquiler. Jaume ha dicho que si el programa funciona «hará de dique de contención del precio del alquiler».