«Pido cita en Gran Canaria y me la dan en Lanzarote»

«Pido cita en Gran Canaria y me la dan en Lanzarote», relataba así la diputada el caso de esta mujer y citaba el titular de un medio de comunicación canario. «Qué inmersión digital queremos hacer cuando ni siquiera comprendemos que Canarias y sus provincias son islas, y que no se puede dar cita a alguien de Tenerife en Hierro, ni al que vive en Gran Canaria en Lanzarote», denunció. Fernández puntualizó también que este no era un caso aislado y que la situación se repetía.

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Al hilo de esta situación, los funcionarios consultados por este diario explican que las oficinas de atención al público están bajo mínimos de personal y sitúan por encima del 30% las que están en riesgo de cierre o con problemas graves de funcionamiento. «Faltan 9.000 funcionarios», explica un sindicalista que recuerda, además, que el atasco en la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) está taponando la de otras prestaciones que también son vitales.

Como ya informó ABC, la Seguridad Social deniega ocho de cada diez solicitudes del IMV y más de 100.000 están atascadas y pendientes de resolver. En este caso, las actuaciones de la Seguridad Social fueron rápidas. Puso en marcha medidas urgentes bajo el paraguas del denominado «plan de intensificación», que consistió en ofertar horas extraordinarias a la plantilla para liberar el tapón, pero su éxito fue nulo, pese a que desde la Administración se premiaba con diez euros cada expedientes del IMV resuelto fuera del horario laboral. «Nadie quiere, teniendo en cuenta que resolver uno de estos expedientes implica una hora de trabajo», explican.

Algo más de dos años después de que el Gobierno aprobara por la vía de urgencia esta ayuda destinada a paliar la pobreza, y con una batería de cambios normativos a sus espaldas, el ingreso mínimo vital sigue atrapado en un enredo normativo que está bloqueando la llegada a los hogares más necesitados.