De los peajes al IVA: todo lo que sube y todo lo que baja en 2023

La presión de Unidas Podemos ha alumbrado el gravamen sobre las grandes fortunas, que pasará factura a la Comunidad de Madrid y Andalucía. Los grandes patrimonios de estos territorios y de otras cuatro regiones que tienen tipos más bajos que el estatal -el Gobierno ha dejado la puerta abierta a que País Vasco y Navarra eviten el gravamen- tendrán que pagar un tipo del 1,7%, si su patrimonio está entre tres y cinco millones; del 2,1%, si llega hasta los diez millones; y del 3,5% si supera los diez millones de euros.

Los expertos vaticinan que la fórmula escogida para ponerlo en marcha traerá una conflictividad sin precedentes. El Gobierno espera recaudar 1.500 millones de unos 23.000 contribuyentes. Muchos expertos advierten, sin embargo, de que el saldo de aprobar este impuesto le saldrá a pagar al Estado.

La ofensiva del Gobierno contra los ricos tiene otro flanco. Las ganancias que obtengan de sus inversiones en mercados, activos e instrumentos de ahorro en 2023 y que superen los 200.000 euros van a pagar más impuestos. El tipo de IRPF para estas se irá hasta el 27% para ganancias entre 200.000 y 300.000 euros, y subirá al 28% por encima de ese umbral.

Por contra, el Gobierno ha bajado el IRPF a todos los contribuyentes con ingresos inferiores a 21.000 euros, que pagarán menos impuestos por sus rentas de 2023. También lo harán otros 250.000 contribuyentes con ingresos de hasta 35.200 euros que se verán beneficiados por el cambio en las tablas de retenciones y que verán aumentar hasta en 1.000 euros sus percepciones líquidas de este año, si bien después deberán ajustar cuentas en su Declaración de Renta.

Los detractores del nuevo gravamen de solidaridad a las grandes fortunas avisan de que será un obstáculo para la inversión en España, ya que reorientará a los grandes inversores particulares extranjeros hacia otros territorios con un clima similar pero mejores condiciones fiscales, como Italia y sobre todo Portugal.

Y también advierten sobre el lastre a la inversión que constituirán los nuevos gravámenes sobre la banca y las grandes energéticas, con los que el Gobierno aspira a recaudar 3.500 millones extra para sufragar la factura de las medidas de gasto dispuestas para proteger a empresas y particulares de la inflación y que gravará en un 1,2% los ingresos brutos de las energéticas y con un 4,8% los ingresos por comisiones e intereses de las grandes entidades financieras que operan en España. Lo que iban a ser unos gravámenes transitorios sobre los beneficios extraordinarios de esas entidades, apuntan ahora a impuestos permanentes sobre su facturación. Organizaciones sectoriales y oposicion ya han advertido de los riesgos que pueden acarrear sobre la inversión en renovables o sobre las condiciones financieras que los bancos fijan para financiar a empresas e individuos en plena escalada de los tipos de interés.

La decisión de limitar a la mitad las pérdidas acumuladas que las grandes empresas pueden desgravarse en la declaración del Impuesto de Sociedades elevarán la carga fiscal de los grandes grupos empresariales en un momento en que la incertidumbre ya actúa como freno a sus inversiones.

Vender la vivienda en 2023 puede resultar mucho más gravoso desde el punto de vista fiscal. El Gobierno deslizó con sordina en su proyecto de Presupuestos para 2023 una actualización (al alza en la mayoría de los casos) de los coeficientes que toman de referencia los ayuntamientos para aplicar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como la Plusvalía Urbana. No se trata de una subida fiscal en sentido estricto, ya que son los ayuntamientos los que deben decidir si usan o no esos márgenes dispuestos por el Gobierno, pero de hacerlo se traduciría en un incremento significativo del coste fiscal de transmitir una vivienda.

En el lado de las mejoras fiscales, el Gobierno ha prorrogado un año más la desgravación fiscal por realizar obras en la vivienda que se traduzcan en una reducción del gasto energético, que permite ahorrarse según el caso hasta un 60% de la inversión realizada.

En 2023 entrará en vigor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el instrumento ideado por el Gobierno para equilibrar las cuentas del sistema público de pensiones y que básicamente se concreta en una subida de las cotizaciones sociales que se pagan por los contratos de trabajo.

Los contratos pagarán a partir de este año una cotización extra del 0,6%, que las empresas asumirán en un 83% y los trabajadores en un 17%. Para un salario mensual bruto de 2.000 euros el sobrecoste será de 12 euros al mes de los cuales 10 serán pagados por la empresa y dos por el trabajador. En el caso de los autónomos asumirán todo el sobrecoste.

El año que viene entrará también en vigor el nuevo régimen de cotización de autónomos por sus ingresos reales que escalonará las cuotas a pagar en 15 tramos para los próximos tres años con una cuota mínima de 230 euros mensuales y una máxima de 500 euros al mes, y que se traducirá en una subida de cuotas para miles de autónomos.

El encarecimiento del 15% que ha experimentado la cesta de la compra en lo que va de año según el INE ha empujado al Gobierno a rebajar el IVA de una docena de alimentos básicos para en algunos casos bajar su carga fiscal del 10% al 5% y en otros dejarla directamente en el 0%. Según las empresas del sector, la medida afectará a 7.000 referencias de precios, supone un coste de 611 millones al año -aunque el Gobierno ha avanzado que se retirará en cuanto la inflación subyacente ahora en el 6,9% baje del 5,5%-, aunque el ahorro será limitado, de unos cinco euros al mes por familia en una cesta de la compra estándar.

El sector ha advertido de que parte de ese ahorro podría verse diluido por la aplicación del nuevo impuesto sobre los plásticos no reutilizables, que establece un gravamen del 0,45% sobre cada kilo de plástico y cuyo impacto se estima en unos 300 millones de euros, a pagar en parte por el sector de la distribución.

Entra en vigor la subida de lo que hay que pagar en las autopistas de peaje en España. Sin embargo, el incremento no seguirá la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). El alza que correspondería sería del 8,4% conforme a la inflación pero el Gobierno ha decidido limitar la subida al 4% en 2023.

Esta limitación del incremento de los peajes se incluyó en el último decreto de ayudas para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania, aprobado el pasado martes. De esta manera, se contiene el alza de las tarifas en las autopistas AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46. Un total de 11 vías, a lo que hay que añadir que también se ha decidido congelar los peajes de las autopistas gestionadas por el Estado. El coste de subvencionar todo esto será de 23,3 millones de euros para la Administración del Estado.

La tarifa regulada del gas (TUR), a la que están acogidos dos millones de clientes, experimentó el 1 de enero un incremento del 11%, según la resolución aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica.

El término variable de la TUR 1, a la que están acogidos fundamentalmente los clientes que utilizan el gas para el suministro de agua caliente, sube un 10,75%. El de la TUR 2, a la que están acogidos los clientes domésticos que además tienen calefacción de gas, lo hace un 11,26%, mientras que el de la TUR 3 (consumos anuales entre 15.000 kWh y 50.000 kWh) aumentará un 11,68%.

Estos incrementos son superiores a los anunciados por el Ministerio para la Transición Ecológica, que apunta subidas de entre el 7,54% y el 9,21%, pero refiriéndose al coste de la factura final, baremo que solo utiliza el departamento que dirige Teresa Ribera.

En un año, el euríbor, el índice al que se referencian el 70% de las hipotecas, ha pasado de territorio negativo (-0,5%) a dispararse por encima del 3% en una evolución nunca vista que tendrá impacto sobre las economías domésticas.

Para una hipoteca tipo de 150.000 euros, a 25 años y con un diferencial de euríbor más un 1%, el sobrecoste mensual de esta escalada se contará en términos mensuales en unos 260 euros.

La retirada de la bonificación de 20 céntimos sobre el precio del litro de gasolina, vigente desde el pasado 1 de abril, hará que llenar el depósito sea en este inicio de año un poco más caro que hace unos días.

El Gobierno ha decidido mantener la medida para transportistas, agricultores y sector pesquero.